El fiscal pide desimputar a Calatrava en el caso de su obra para Castellón

El fiscal encargado de la causa que investiga posibles irregularidades en el encargo del proyecto Centro de Convenciones de Castellón a Santiago Calatrava ha pedido su desimputación después de que éste declarara ante el juez el pasado martes. En un escrito fechado justo el día de después, el fiscal Juan Salom solicita que se levante la imputación al no ver indicios de delito. El ministerio público habla de “discordancia” entre la Sociedad de Proyectos Temáticos (la empresa pública de la Generalitat que contrató la obra) y Calatrava a la hora de abordar si se cumplió o no con el contrato. También dice que los pagos del Consell por importe de 2,7 millones en concepto de honorarios por el diseño “se considera que no eran procedentes” y que con ello “se beneficia a Calatrava”, pero que de todo ello “no puede deducirse la existencia de una conspiración para beneficiar a Santiago Calatrava, a terceras personas ni una voluntad tendente a infringir la ley”.

No es la primera vez que el fiscal solicita el archivo de la causa para los imputados en esta causa. Ya lo hizo para Fernando Benzo, exresponsable de la oficina del proyectista, Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda; y Javier de Diego, exdirector técnico de la SPTCV. Entonces el juez rechazó la petición y decidió seguir con la investigación ordenando nuevas declaraciones e imputando a más cargos.

En esta ocasión, el ministerio público hace una valoración de lo instruido hasta la fecha. Habla de discordancia entre la Generalitat y el arquitecto a la hora de decidir si se cumplió o no con el contrato. Calatrava declaró que él realizó los trabajos por los que se le acabó pagando. La sociedad pública estima, por su parte, que dichos trabajos no se ajustaban a lo contratado, aunque acabó pagando. El titular de Instrucción 5 de Castellón investiga si la Generalitat actuó debidamente al pagar los 2,7 millones por la redacción del plan maestro, anteproyecto y proyecto básico. En la causa constan varios documentos y misivas por las que los responsables de la sociedad se niegan al último pago (de 1,35 millones) al considerar que el diseño no cumplía lo pactado y en los que instan a Calatrava a ceñirse a un proyecto de 60 millones. El arquitecto presentó una obra en tres fases donde solo la primera costaba cien millones y 180 las tres.

“De la instrucción se desprende que Santiago Calatrava realizó los trabajos encomendados y a lo largo de los mismos se realizaron diversas modificaciones que le obligaron a trabajar sobre las nuevas necesidades que suponían un notable incremento de la superficie a edificar”, recoge el fiscal. Así, y pese a estimar que el pago era improcedente, detrae toda responsabilidad al arquitecto: “El hecho de que se le pagasen al mismo sus honorarios, por cierto, calculados con arreglo al presupuesto inicial de las obras, sin el sobrecoste, no es indicio suficiente por sí solo, a nuestro criterio para mantener la imputación de las personas citadas”. Por todo ello, pide su desimputación.

La acción popular que ejerce Esquerra Unida ya ha anunciado que se opondrá a esta petición. “No compartimos las apreciaciones exculpatorias de Calatrava cuando el proceso de instrucción todavía no ha concluido y cuando quedan todavía declaraciones de imputados para tomar, pruebas documentales por hacer y, sobre todo, cuando las palabras del propio arquitecto no dejaron claro quién decidió contratarlo o por qué se le pagaron 2,7 millones”, ha declarado el diputado autonómico Ignacio Blanco. Su grupo ya denunció el sobrecoste ante la Fiscalía de Castellón en 2011, que lo acabó archivando. La misma denuncia recayó, tras una carambola judicial, en el juzgado de Instrucción 5 que sí decidió abrir una investigación.