Mas pone a 7.000 funcionarios al borde de la ilegalidad con la consulta

La Generalitat otorgará a los funcionarios públicos que se han inscrito como voluntarios en la consulta del 9 de noviembre tareas de responsabilidad en las mesas y los colegios electorales. Los juristas consultados por EL PAÍS consideran que eso los sitúa en el límite de la legalidad.

Ayer, una semana después de que la Generalitat abriera el registro de voluntarios, había 34.916 inscritos, de los que aproximadamente 7.000 son funcionarios. Los voluntarios se emplearán para constituir las 6.430 mesas electorales distribuidas por 942 municipios de Cataluña. Cada mesa tendrá un presidente y dos vocales, por lo que harán falta 19.293 voluntarios, elegidos entre los inscritos.

El Departamento de Gobernación de la Generalitat, que organiza el operativo de la consulta, reconoce que a los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios se les atribuirán tareas específicas, de manera que habrá un coordinador en cada mesa y un gestor en cada uno de los 1.255 locales electorales. Eso significa que harán falta otros 7.685 voluntarios y que no habrá bastante con los 7.000 funcionarios.

El coordinador de la mesa electoral resolverá las incidencias que se planteen durante la jornada de la votación y, dado el caso, deberá suplir a alguno de los miembros de la mesa. El gestor estará por encima de él en el reparto de funciones y será la persona de confianza de la Generalitat en el local electoral.

Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue ayer muy contundente: “Es un pucherazo de principio a fin. Es como si para juzgar a un negro se elige un jurado formado solo por miembros del Ku Klux Klan”, aseguró este jurista en referencia a que en las mesas electorales solo habrá voluntarios defensores de la independencia. Ballbé entiende que “el funcionario no pinta nada en la consulta del 9-N, porque ese día no se puede pretender un alargamiento de sus funciones habituales”. Además, la simple condición de funcionario no asegura con pulcritud el cumplimiento de las funciones que le atribuirá la Generalitat, “porque puede ser un médico o un veterinario”.

En términos parecidos se expresa Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. “Si la Generalitat les asigna tareas concretas el día de la votación sin que los funcionarios se ofrezcan para realizarlas, entramos en una zona gris y se podría considerar un acto administrativo aunque no haya un documento escrito”, sostiene. Llegados a ese punto, Arbós considera que podría recurrirse la decisión de la Generalitat ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Gobierno catalán, por su parte, justifica que los funcionarios realicen esas tareas de responsabilidad el día de la votación, “porque manejan mejor las tecnologías, tienen más habilidades, saben interpretar mejor las normas y algunos han estudiado Derecho”. La Generaltat siempre había dicho que pretendía dejar a los funcionarios al margen de la consulta, aunque si finalmente les atribuye esas funciones no será así. El propio Artur Mas reclamó 20.000 voluntarios y 3.000 funcionarios el día que convocó el nuevo 9-N, unas cifras cubiertas con creces.