Juicio al exdelegado de Zona Franca Rodríguez de Castro por un delito fiscal

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, condenado a ocho años de cárcel por malversación, fraude y prevaricación por el caso Rilco, volverá al banquillo el próximo 13 de junio. El juzgado de lo penal 4 de Sevilla acogerá la vista en la que se analizará si cometió delito contra la Hacienda Pública por el dinero que ganó con la empresa Iberian Reits poco después de haber abandonado su cargo público en Cádiz. Estas partidas ya fueron investigadas en el caso Rilco como las supuestas prebendas que pudo recibir personalmente de la inversión millonaria que la Zona Franca hizo para montar un portal informático con una empresa de Miami.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, Manuel Rodríguez de Castro, durante el ejercicio de 2003, recibió por trabajos realizados en el extranjero remesas de divisas en dólares estadounidenses en concepto de remuneración. “Estas remesas fueron percibidas por el acusado no sólo como persona física sino también a través de la sociedad Iberian Reits España. Sociedad Limitada Unipersonal”. Según el ministerio público, esta compañía le sirvió de pantalla “con la intención de ocultar al erario público la identidad del destinatario de las divisas”. Rodríguez de Castro era administrador único y también era administrador y representante de su única socia, la mercantil domiciliada en Estado Unidos, Iberian Reits LLC.

Los datos con los que cuenta la Agencia Tributaria establecen que recibió en una cuenta del BBVA diferentes partidas entre enero de 2003 y julio de ese año hasta sumar 219.056,01 euros. También su empresa recibió otras remesas de 236.123,56 euros y 210.500 euros, en el mismo período de tiempo. “El acusado estaba obligado a reflejar estas cantidades en su declaración de IRPF al residir en España en aquel ejercicio, pese a lo cual no presentó la declaración de ese impuesto y dejó de abonar 292.722,71 euros”.

La fiscalía cree que el ex delegado del PP en la Zona Franca es autor de un delito contra la Hacienda Pública y cree que debe ser condenado a tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del comercio, durante el tiempo de condena y una multa de 1.200.000 euros. También se le pide que no pueda obtener subvenciones o ayudas públicas o del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años. También, además de la responsabilidad penal, le exige como responsabilidad civil que devuelva a la Agencia Tributaria 292.722,71 euros. El juicio ha sido convocado el próximo 13 de junio en el juzgado de lo penal número cuatro de Sevilla, ya que es en esta provincia donde Rodríguez de Castro ha fijado su residencia.

El exdelegado tiene recurrida la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que le condenó a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por el caso Rilco, el que investigaba la puesta en marcha de un portal informático que él adjudicó a una empresa de Miami. Durante ese juicio la Abogacía del Estado resaltó que Iberian Reits, la empresa que creó Rodríguez de Castro, recibió dinero de una sociedad de Panamá, Duater Corporation, una de las subcontratas de la compañía de Miami. La Abogacía del Estado cree que ese pudo ser el destino de parte de la millonaria inversión que la Zona Franca hizo con Rilco, un dinero que llegó a Iberian Reits y que, según la Agencia Tributaria, Rodríguez de Castro nunca llegó a declarar.