Loza y Serra Ramoneda también eluden su responsabilidad en Catalunya Banc

Durante el mes de julio han comparecido cuatro presidentes (Antoni Serra Ramoneda, Narcís Serra, Fernando Casado y Adolf Todó) y un director general (Josep Maria Loza) pero ninguno de ellos ha asumido responsabilidades en la quiebra de Catalunya Banc, la antigua Caixa Catalunya, que ha recibido la inyección de 12.000 millones de euros de ayudas públicas: ni en la ruinosa compra de la aseguradora MNA, ni en la emisión de preferentes desde una filial ubicada en las Islas Caimán, ni en la excesiva exposición al ladrillo, ni en los elevados sueldos de sus directivos.

La comisión parlamentaria que investiga el fiasco de las cajas catalanas y si sus gestores son responsables del daño sufrido por miles de afectados por preferentes o desahucios se despidió ayer hasta septiembre con ocho horas ininterrumpidas de comparecencias de ex gestores que, como los anteriores, volvieron a eludir cualquier responsabilidad personal.

Especialmente esperada era la intervención de Josep Maria Loza, director general entre 1998 y 2008. Fue a Loza a quien Todó y Serra echaron las culpas en sesiones anteriores. Todó afirmó que fue responsable del fiasco en un 95%. Con un discurso bien aprendido, Loza repitió durante tres horas que actuó “de acuerdo a la normativa” de las autoridades y que todas las decisiones pasaban por el consejo de administración: “En ningún caso una sola persona podía aprobar una operación”.

Casado ha defendido la cifra de 600.000 euros como un salario de mercado 

El directivo achacó los problemas de la entidad al perfil de su cartera de clientes, de “rentas medias y bajas”, que nunca permitieron obtener grandes beneficios ni capitalizarse y que han sido golpeados por el paro, con consecuencias sobre la morosidad. Sobre la exposición al sector inmobiliario respondió que la entidad “no hizo nada que no hiciera todo el mundo”. Nadie previó lo que acabó ocurriendo, recordó. Un consenso que, aseguró, también arropó su indemnización al abandonar la entidad, de 10,7 millones. La sorpresa llegó cuando apuntó “la posibilidad” de devolver parte del finiquito. ¿Lo hará? “Ya veremos”, respondió.

Sí reconoció errores de gestión Antoni Serra Ramoneda, que presidió la entidad durante dos décadas (de 1984 a 2004), pero tampoco admitió ser el responsable. “La culpa de lo que ha pasado la tenemos todos, incluso ustedes, aquí todo el mundo ganaba dinero”, respondió a una diputada socialista. Serra Ramoneda cargó duramente contra “la plaga de las consultoras de nombre extranjero” —en alusión a Boston Consulting, a quien durante años la entidad pagó seis millones anuales— y la “pifia que supuso hacerles caso” en la compra de la aseguradora MNA (cuyo lastre Loza valoró en entre 210 y 300 millones de euros). También arremetió contra la inercia “del sistema legislativo español que lleva a las entidades financieras a dar hipotecas y no préstamos a las pymes”, aunque admitió que podría haber sido más “vehemente” en frenar las inversiones inmobiliarias. El ex presidente no se mordió la lengua contra los “que tienen las santas narices de pedir 600.000 euros de sueldo a una empresa en dificultades”; o contra la emisión de preferentes. “Me repugnaba lo de las preferentes en las islas Caimán, pero o pasabas por allí con la bendición del Banco de España o no te comías un rosco”, espetó.

Con solo tres meses de presidencia entre 2010 y 2011, Fernando Casado lamentó que no le dejaran enderezar la antigua caja como quería y defendió el sueldo que no llegó a cobrar, de 600.000 euros anuales, pese a que la entidad ya tenía problemas.