Los asesores alertan a Mas de que puede acabar en prisión por la consulta

Existen medios legales para que los catalanes decidan sobre su futuro colectivo, pero si son bloqueados por el Estado, entonces hay otras vías “legítimas” para poderse pronunciar sobre la independencia de Cataluña, entre ellas la declaración unilateral de independencia tras unas elecciones plebiscitarias. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los 13 asesores de Artur Mas en el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional.

Sin embargo, los expertos también alertan de los riesgos de tensar hasta el extremo las relaciones con el Gobierno central para declarar la independencia. No descartan que Cataluña pueda acabar con la autonomía suspendida y con su presidente, Artur Mas, inhabilitado o condenado a penas de prisión en caso de que fuera hallado culpable de un delito contra la Constitución o de prevaricación.

El Consejo de Transición Nacional hizo entrega ayer de su informe titulado La consulta sobre el futuro político de Cataluña. En él se detallan los medios legales para celebrar la consulta. El comité de expertos, presidido por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, recomienda encarecidamente la negociación entre Generalitat y el Gobierno para hallar la vía que permita celebrar un referéndum o consulta sobre el futuro de Cataluña.

Pero los expertos tampoco ahorran detalles a la hora de alertar en 16 folios los múltiples riesgos jurídicos que conllevaría llevar adelante el proceso soberanista sin acuerdo con el Gobierno. Por ejemplo, apuntan a que, si Artur Mas convoca unas elecciones plebiscitarias para comprobar el apoyo del independentismo, el Estado podría intentar abortar la operación con medidas contundentes si llega a la conclusión de que las elecciones “atentan potencialmente contra la unidad de España”. Aunque los expertos consideran “débiles” estos argumentos, no descartan que también se pueda echar mano del artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía. Reconocen que la “indefinición” de este artículo “no permite excluir su aplicación” ya sea para suprimir la autonomía o para vaciarla de contenido con medidas como “la disolución del parlamento autónomo”.

Pero hay más. Siempre situados en el marco de la confrontación extrema, los expertos alertan de que se podrían llegar a atribuir a Artur Mas hasta tres delitos si convoca una consulta prohibida por el Gobierno: usurpación de atribuciones, prevaricación y desobediencia. El primer delito podría ser castigado con penas de prisión de entre uno y tres años, una multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para la ocupación de un cargo público por entre seis y doce años. El segundo delito podría implicar otra inhabilitación de entre siete y diez años. El tercer delito acarrea penas de multa de tres a doce mees e inhabilitación por un periodo de hasta dos años.

Los expertos apuestan por una pregunta “clara” sobre la secesión de Cataluña

En caso de declarar la independencia de forma unilateral, el Estado podría recurrir también a la suspensión de la autonomía e incluso a la declaración del estado de excepción o de sitio. Los expertos lanzan una última advertencia juridica. “No se puede descartar que, tanto ante las vías legales como frente a otras actuaciones, el Estado pudiese utilizar de forma sesgada otros instrumentos coercitivos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance, especialmente en el ámbito del control de la estabilidad económica-presupuestaria”. En este caso cita específicamente la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, paradójicamente, CiU votó favorablemente en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, se da la circunstancia de que una ley votada por los nacionalistas catalanes podría acabar por tener consecuencias funestas para la autonomía de Cataluña.

 Pese a la contundencia de las consecuencias descritas en el informe, el presidente del comité de expertos, Carles Viver Pi-Sunyer, intentó restar gravedad a las advertencias durante la conferencia de prensa que ofreció en el Palau de la Generalitat tras reunirse con Mas y en presencia del consejero de Presidencia, Francesc Homs. Pi-Sunyer aseguró que “es muy dificil que prosperen las acciones penales”. Lo dijo “partiendo de la base de que los tribunales de justicia actuarán de forma correcta” y no politizada. En cambio, admitió que “no se puede descartar” que el Estado intente la suspensión de la autonomía. Pi-Sunyer afirmó que es obligación de los asesores “advertir de todas las posibilidades”.

Hasta ahora, Mas siempre ha rechazado cualquier medida no negociada como una declaración unilateral de independencia. Pero los expertos apuntan a esta vía como tan legítima como cualquier otra, eso sí, con condicionantes. Homs dijo ayer que esta vía no es descartable, pero insistió en que antes se debe consultar a los catalanes, ya sea con un referéndum, una consulta o unas elecciones.

Los expertos ven la declaración unilateral de independencia solo como último recurso si el Estado impide por todas las vías legales la celebración de una consulta de autodeterminación.

Pero antes de llegar a este extremo, el consejo suscribe las cinco vías legales que en su día ya señaló el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat: el referendo regulado y autorizado por el Estado en virtud del artículo 92.1 de la Constitución; la transferencia de funciones del Estado a la Generalitat para convocar referendos, según el artículo 150.2 de la Carta Magna; la actual ley catalana 4/2010 de consultas populares por vía referéndum; la nueva normativa de consultas no refrendatarias que actualmente se tramita en el Parlament, y la reforma de la Constitución.

Rajoy podría buscar la suspensión de la autonomía con una ley votada por CiU

En la misma línea, los expertos del Consejo de Transición recomiendan que la fecha de la consulta no se sitúe en días señalados con una “fuerte carga ideológica” para evitar que esto influya en el resultado, como serían la Diada de Cataluña del 11 de Septiembre, hacer la consulta cerca del referéndum previsto en Escocia para 2014, ni tampoco tres meses antes o después de unas elecciones de cualquier tipo. Estos condicionantes llevan a pensar en la segunda semana de septiembre de 2014, especialmente el domingo día 14, como uno de los más propicios para intentar la consulta.

Sobre la pregunta concreta que se debería hacer, los expertos no dan una respuesta única. Viver Pi-Sunyer apuesta porque la pregunta sea única y “clara”, con un sí” o no como respuesta sobre una posible independencia de Cataluña respecto de España, obviando cualquier otra fórmula, como la federal.

Los asesores también estudian la posibilidad que haya varias preguntas en la consulta, pero Viver Pi-Sunyer advirtió de que esta vía podría dar como resultado que “no hubiese ninguna opción ganadora”.