El TSJA abre juicio oral contra Gordillo y Cañamero por una ocupación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto juicio oral contra el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, por la ocupación el verano pasado de la finca militar Las Turquillas, en la localidad sevillana de Osuna. Según el auto del magistrado Jerónimo Garvín, se aprecia “indicios racionales de la comisión por los imputados de un delito de usurpación”. Para ambos acusados, la Fiscalía Superior de Andalucía pidió el lunes una pena de siete meses de prisión, frente a los dos años solicitados por la Abogacía del Estado.

El juez considera que los imputados cometieron un delito de usurpación

Acusados de delitos de usurpación, desobediencia y daños, en la causa también están imputados 52 miembros del sindicato. Para todos, el magistrado impone una fianza de 1.370 euros —también para el SAT “como responsable civil subsidiario”—, para garantizar las responsabilidades civiles, y de 6.061 euros, para garantizar las responsabilidades pecuniarias. En el auto se les advierte a los acusados que “se les embargarán bienes suficientes para cubrir esas cuantías en el caso de que no presten dicha fianza en diez días”. Para ello, solicita información sobre la situación económica de estos sindicalistas.

De igual modo, el juez emplaza a todos los acusados —salvo a Juan Manuel Sánchez Gordillo, el único que sí se ha personado— a que en el plazo de tres días comparezcan en la causa con abogado y procurador. “De no hacerlo, se les nombrarán de oficio”, se les advierte en el auto. Además, tendrán diez días para presentar su escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas por la Abogacía y la fiscalía.

El abogado del sindicato, Antonio Folgoso, ha asegurado a este periódico que, además de la pena de cárcel, la Abogacía del Estado pide para Sánchez Gordillo su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. De ser condenado, el alcalde no podría volver a presentarse a las elecciones. Preguntado sobre cómo actuará el SAT y algunos de sus miembros —Cañamero, quien se declara insumiso judicial, aseguró tras acudir a la sede del TSJA el pasado 10 de julio que no iba a acudir “ni a esta ni a ninguna llamada de ningún juez”— ante este auto, el letrado ha afirmado que la decisión será debatida por el sindicato.

Los acusados disponen de diez días para alegar contra la decisión

Además de hacer extensible la pena de prisión de seis meses para otros dos de los 54 imputados, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó para cada uno de los acusados dos multas: una de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble sin violencia o intimidación y otra de 100 euros por una falta de daños. Asimismo, pidió la indemnización de 1.075 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 para el Consistorio de Osuna por los daños que fueron ocasionados, “sin una intención directa”, a consecuencia de la ocupación —daños cifrados en casi 800 euros y en 281 euros el valor de los objetos sustraídos—.

El ministerio público ya propuso para el juicio oral, como señaló el pasado lunes, “diversa” prueba testifical y documental sobre la ocupación de la yeguada, que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.