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'caso rilco'

Rodríguez de Castro alega que es víctima de un “crimen digital”

Los acusados del ‘caso Rilco’ piden ser absueltos en el último día del juicio

A la izquierda, el exdelegado Manuel Rodríguez de Castro.
A la izquierda, el exdelegado Manuel Rodríguez de Castro.román ríos

Internet ha sido su sueño y su condena. El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, acusado de malversar dinero público con la creación del portal de comercio electrónico Rilco, ha usado el alegato final del juicio para presentarse como una víctima del ciberespacio. “Yo tuve una idea visionaria, que era un proyecto bueno para Cádiz, que es el lugar donde nacieron mi abuelo y mi padre. Nunca tuve mala intención”, ha sostenido emocionado. “No me arrepiento de mi esfuerzo aunque haya sido mi condena. Yo he sufrido un crimen digital. Que mi nombre durante los últimos 13 años haya aparecido en Internet siempre vinculado a este caso”.

Fiscalía, Abogacía del Estado y PSOE, que ejercen la acusación del caso Rilco —que ha estado juzgándose en la Audiencia Provincial de Cádiz desde el 24 de mayo—, dejaron claro el jueves que Rodríguez de Castro, en colaboración con su sucesor, Miguel Osuna; un matrimonio de Miami y un amigo suyo que llegó a ser director de Rilco, utilizó este proyecto para desviar dinero público.

El exdelegado de la Zona Franca arremete contra los abogados del Estado

El abogado del Estado José Aurelio Ruiz cifra en 833.000 euros las cantidades que el exdelegado del PP llegó a ingresar en cuentas personales o de empresas vinculadas a él tras su marcha de la Zona Franca. Dinero que, según sus sospechas, procedía de las subvenciones recibidas por Rilco y conseguidas por él.

Este viernes era el turno de Rodríguez de Castro. Al igual que el resto de acusados ha tenido derecho a tomar la palabra. Solo él lo ha hecho. “Me he sentido absolutamente torturado en estos 13 años. Mi prestigio, mi nombre, mi fama y mi familia han sido arrasados en Internet. En nanosegundos cualquier búsqueda en Google con mis apellidos me relacionará con 4.8000.000 páginas que me vinculan a delitos. No hay ley en Internet. Ni forma de pararlo”. Ha sido su hilo conductor durante un discurso en el que apenas hubo defensa de su inocencia. “Da igual que sea absuelto o no porque ya estoy condenado. Es la condena digital. Pesará sea cual sea la sentencia”.

Rodríguez de Castro no se ha olvidado en su alegato del abogado del Estado José Aurelio Ruiz ni de su compañero Manuel Ponce. Ellos fueron su asesores durante su mandato en la Zona Franca entre 1996 y 2001 y ahora ejercen la acusación contra él. Todo el juicio, de hecho, está basado en su querella contra él. “Confié ciegamente en ellos. Con Manuel Ponce mantuve una amistad extrema. Pensé que estaba en las manos de los mejores abogados. A José Aurelio le conocí con 16 años y le llevaba en moto cuando se emborrachaba. Y me lo ha pagado con una querella. Gracias, chaval”, ha dicho mirando al abogado, lo que le ha valido el reproche del presidente de la sala, Manuel Grosso.

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Las defensas creen que no se ha probado la malversación

El resto de acusados han dejado a sus abogados la defensa de su inocencia. Confían en una sentencia absolutoria porque, según su versión, no se ha demostrado el afán de lucro de la malversación ni el perjuicio causado. "No hay datos objetivos", ha sostenido el abogado de Osuna, Felipe Meléndez. El tribunal tendrá que decantarse por esta visión o por la de la triple acusación que mantiene que los exdelegados participaron de un interés criminal por menoscabar el patrimonio de la Zona Franca. El juicio ha quedado visto para sentencia y en su desarrollo la acusación ha tenido que cambiar de argumentos. Si al principio mantuvo que Rilco nunca llegó a funcionar ni valía lo que se pagó por él, el testimonio del perito judicial, que cifró en seis millones de euros el precio del portal y garantizó su funcionamiento, obligó a variar esta argumentación. En medio del juicio las acusaciones han retirado también los cargos contra uno de los acusados, el exdirector de Rilco, José David Sánchez. Ambos hechos son, según las defensas, prueba de la inconsistencia del relato de Fiscalía, Abogacía del Estado y PSOE.

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