La falta de medios ensombrece el mayor juicio por dopaje en España
La propia juez de la Operación Puerto transcribe las declaraciones al carecer de estenotipista. La Comunidad desoye la petición de reforzar la plantilla
Los más de 10.000 folios del sumario de la Operación Puerto, la mayor trama de dopaje en la historia del deporte y el juicio sobre el que están puestas todas las miradas de la prensa internacional, no han servido para que la Comunidad de Madrid envíe refuerzos al Juzgado número 21 de Madrid.
Los intentos de la juez, Julia Patricia Santamaría, por conseguir más funcionarios para atender la sobrecarga de trabajo han sido en balde y la Consejería de Justicia ha contestado con el silencio administrativo. Tampoco hay nadie que se encargue en el juicio de la estenotipia, el sistema de escritura rápida para transcribir todas las declaraciones. Es la propia juez la que toma nota a mano de lo que dicen los testigos y acusados.
Además, ha habido algunos incidentes con las traducciones de las declaraciones. Por ejemplo, la jueza tuvo que aplazar la declaración de un perito alemán de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) porque la intérprete, contratada el día antes, no entendía el vocabulario técnico del hematólogo. “Esto es fatal para la imagen mundial de la justicia española”, dijo entonces uno de los observadores internacionales que asisten al juicio.
La vista ha tenido que pararse varias
La titular del juzgado trató de evitar algunos de esos problemas desde mucho antes de que empezara el juicio. La vista oral de la Operación Puerto iba a servir para lavar la cara al deporte español y limpiar de una vez por todas las acusaciones de que este país no combate el dopaje. A los cinco procesados se les imputan delitos contra la salud pública, por los que se les piden dos años de cárcel. Como telón de fondo a todo esto, la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Todo tenía que salir a la perfección.
Santamaría solicitó refuerzos: dos funcionarios más que se sumaran a los cuatro que ya tiene el juzgado y que trabajaran en exclusiva en el caso. La Comunidad de Madrid, el organismo que tiene las competencias en la gestión de la justicia, no los envió. Entonces se destinó a funcionarias del mismo juzgado. El Consejo General del Poder Judicial informó a la Consejería de Justicia de la necesidad de prolongarles la jornada, un trabajo que corresponde pagar a la Comunidad. Pero el organismo autonómico no contestó. El resultado es que los funcionarios se quedan hasta bien entrada la tarde para atender este caso y los demás asuntos que cada día llegan al juzgado.
“Este sobreesfuerzo se está llevando a cabo sin remuneración”, señalan fuentes jurídicas, que critican que la administración de justicia en un caso así tenga que descansar sobre el sacrificio voluntario de sus trabajadores. “Es inaceptable y debe ser corregido”, comentan esas mismas fuentes.
La Consejería de Justicia asegura que el tema de la prolongación de la jornada se está estudiando. “Que no se haya contestado no quiere decir que se haya negado la prolongación de la jornada”, explican desde la Consejería.
Sobre la falta de estenotipista, la Comunidad de Madrid desmiente que no lo haya. “Por ley debe haberlo”, comentan en la Consejería. Fuentes jurídicas señalan que el problema está en que dos juzgados, el 21 y el 22, comparten estenotipista. “La importancia de este juicio exigía estenotipista propio. No puede ser que la jueza esté tomando nota ella misma durante el proceso”, explican las mismas fuentes.
La Comunidad sí ha proporcionado medios técnicos para la vista oral. La macrosala de la planta baja de los Juzgados de lo Penal, en la calle de Julián Camarillo, ha sido dotada con pantallas para las videoconferencias y un técnico para resolver los posibles problemas. Aunque el juicio se ha desarrollado dentro de lo normal, algunos periodistas que han seguido las comparecencias han señalado en sus crónicas que los problemas técnicos han obligado en más de una ocasión a parar el juicio.
La falta de medios fue uno los temas más denunciados la semana pasada en la huelga de los jueces. Corresponde a la Comunidad de Madrid dotar a los juzgados de muchos de esos medios.
El Gobierno de la Comunidad ha señalado en varias ocasiones que desea deshacerse de las competencias de justicia. Miembros del Gobierno han asegurado en privado en varias ocasiones que mejorar la Justicia es un trabajo ímprobo que apenas da rédito político por la escasa visibilidad entre los ciudadanos.
Traducciones que abocan al ridículo
Los problemas con la traducción de las declaraciones en el juicio de la Operación Puerto han llamado la atención de los periodistas internacionales acreditados.
La primera complicación surgió en la declaración del ciclista italiano Ivan Basso. Según algunos de los presentes, la intérprete tradujo lo que quiso y en más de una ocasión respondió ella misma a las preguntas.
Lo peor vino días después. El médico alemán Yorck Olaf Schumacher, un experto independiente contratado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), había escogido declarar en inglés. No había pasado media hora de su declaración cuando los abogados empezaron a protestar. Un murmullo se fue apoderando de la sala. La traductora no podía traducir lo que decía. Nadie se enteraba de nada. La jueza anunció un receso. La intérprete se defendió asegurando que la habían contratado el día antes y que no había podido estudiar el informe científico en inglés.
Schumacher declaró dos días después con una intérprete nativa, pero para entonces, los medios se habían hecho eco de la historia señalando el ridículo internacional de una Justicia española sin intérpretes competentes.
La jueza no habría tenido que hacer un receso si se hubieran seguido las Prevenciones para mejorar la Traducción e Interpretación en procedimientos judiciales aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así lo señaló en un comunicado la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes días después de la declaración fallida de Schumacher. En esa guía se establece que los intérpretes deben estar previamente informados del contenido de los actos procesales y han de ser evaluados previamente por el juez, el encargado de velar que se cumplen todas las garantías procesales.
La falta de buenas traducciones en los juicios ha sido denunciada en varias ocasiones por jueces e intérpretes. Denuncian que el actual modelo de subcontratación impide el derecho a un juicio justo. La intérprete que no pudo traducir a Schumacher venía de la empresa Seprotec, una de las encargadas de dar el servicio a la Comunidad de Madrid.
