Los títulos falsos que vendía una red decidieron miles de empleos

El título de un curso de 100 horas podía obtenerse en 72. Bastaba con comprar un libro, un cuestionario, entregarlo y esperar al diploma. No era una práctica oculta. Al contrario, el Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT), con sede en Cádiz, promocionaba sus ofertas en la prensa y en Internet como si de un supermercado se tratase. Había lotes y supergangas. La operación Catis de la Guardia Civil ha desmantelado una red que se dedicaba a expedir estos títulos sin dar formación alguna. El sindicato gaditano colaboraba con una consultora extremeña y una escuela de formación sanitaria dependiente del Gobierno de Canarias para que sus diplomas tuvieran rango oficial. Miles de personas han obtenido un trabajo gracias a estos títulos que los agentes califican como "fraudulentos". Ahora la administración admite que tendrá que estudiar la validez legal de esos certificados -decenas de miles, según la Guardia Civil- y sus consecuencias laborales. El proceso puede llevar a una impugnación masiva de ofertas de empleo público y revocación de plazas adjudicadas.

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La sanidad andaluza se expone al caos de miles de impugnaciones

La operación se ha saldado con 10 detenidos (uno encarcelado y nueve en libertad con cargos) y otros dos imputados. El único que permanece en prisión acusado de estafa y falsedad documental es Eladio Gracia, el secretario general del SIT, considerado por la Guardia Civil como cabecilla de la trama. Además, fueron arrestados por falsedad documental siete afiliados en Cádiz, Puerto Real y Jerez. Hay otra detenida en Mérida (Badajoz), la directora de recursos humanos de la empresa Preving GTP, encargada de certificar la validez de los cursos. Esta compañía negó ayer vinculación con este caso y aseguró que su nombre pudo ser usado de forma fraudulenta por el SIT.

La Guardia Civil también detuvo a Inmaculada Acosta, quien fue directora de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias hasta hace un mes. Esta ex concejala del PP en Telde tuvo que abandonar este puesto tras la ruptura del pacto de gobierno de su partido con Coalición Canaria. "Soy cien por cien inocente. No tengo nada que ver con esta trama", explicó a la SER.

La Guardia Civil, en cambio, considera que esta escuela mantenía un acuerdo de colaboración con el SIT, aún sabiendo que los títulos que otorgaba eran fraudulentos. Las dos imputadas son la antecesora en la dirección de la escuela, María Rosa de Haro, también del PP, y una funcionaria que ejerció de secretaria de esta institución hasta 2008. La Consejería de Salud de Canarias, ahora en manos de Coalición Canaria, anunció ayer una investigación sobre los cursos de esta escuela. El presidente del PP de esta comunidad, José Manuel Soria, atribuyó las implicaciones de sus cargos en este caso a la inminencia de las elecciones. "Son acusaciones infundadas y electoralistas", dijo.

La investigación comenzó hace un año cuando, tras varios sondeos, los agentes recibieron una carta anónima de un cursillista que reconocía haber pagado 80 euros por un título para el que nunca recibió clases. Fue entonces cuando, bajo la instrucción del juzgado número cuatro de Cádiz, comenzaron indagaciones más profundas que permitieron destapar la venta de diplomas de todo tipo, incluso para materias sensibles como manejo de material médico, atención de violencia de género, conducción de transporte sanitario o primeros auxilios. Las inspecciones realizadas en el sindicato demostraron que era una "tapadera". La sede, en la calle Brasil de la capital gaditana, carecía de aulas para impartir lecciones. Los cursos se resolvían en un tiempo récord. El SIT tenía fama entre los opositores de responder rápido a las demandas de formación complementaria exigidas en bolsas de empleo público.

La Guardia Civil ve obvia la irregularidad. "Se les entregaba un libro y un cuestionario. Podían rellenarlo en cualquier sitio. Y en 72 horas recibían un certificado con la formación concreta. El plazo de tiempo que pasa desde que se contrata la formación hasta que se obtiene el certificado es muchas veces menor a la duración del curso", detalló ayer el comandante de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Luis Martín. ¿Cómo pudo pasar inadvertida esta práctica? "Utilizaban un sistema complejo de empresas y organismos para burlar los controles de la Junta de Andalucía", explicó Martín. El SIT era, según la Guardia Civil, un "sindicato fantasma". No tenía actividad sindical, solo vendía cursos. Apenas tenía representatividad.

La Consejería de Salud de Andalucía anunció ayer que estudiará la legalidad de los títulos expedidos por este sindicato y de la bolsa única de empleo, aunque cualquier revocación de alguna plaza o concurso debe ir precedida por un auto judicial.

El SIT necesitó de la consultora extremeña y de la escuela canaria para que sus títulos fueran homologables y dieran puntos en concursos públicos o permitieran promocionarse en empresas privadas. "El Servicio Andaluz de Salud puede verse en un caos si colectivos o particulares se dedican a impugnar las plazas que se otorgaron gracias a estos títulos", advirtió ayer el secretario de Sanidad de CC OO en Cádiz, José Antonio Aparicio. La asociación de consumidores Facua exigió que se investigue a las empresas y administraciones que dieron por buenos esos cursos sin contrastar la calidad de la formación que se estaba ofreciendo.