La televisión asturiana demandará a Cascos por abocarla al cierre
La entidad prepara medidas judiciales tras perder un 30% del presupuesto
El Gobierno en minoría de Asturias, que preside Francisco Álvarez Cascos, puede convertirse en el primero que cierre una televisión autonómica en España. Y no por ley ni por decisión parlamentaria, sino por la vía de los hechos. El Ejecutivo de Foro Asturias Ciudadanos (FAC) acaba de aprobar un recorte inmediato de sus transferencias al ente público de la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) de 11,3 millones de euros, lo que supone privar a este medio de comunicación -la más barata de las 12 televisiones autonómicas adscritas a la Federación de Organismos de Radios y Televisiones Autonómicos, Forta- del 30,54% de su presupuesto, que ronda los 37 millones.
El recorte implica que la TPA ya no reciba recursos públicos desde este mismo momento, dado que este año tiene pendiente de cobrar una cifra análoga a la que se le suprime. El Consejo de Administración del ente público tachó de ilegal la decisión y ha anunciado "acciones jurídicas de tipo contencioso-administrativo y, en su caso, penal contra el Gobierno del Principado". Si el Ejecutivo no revisa su decisión, la TPA dejará de emitir en semanas por falta de financiación.
Sin fondos, el canal autonómico puede dejar de emitir en unas semanas
Álvarez-Cascos nunca ocultó su rechazo a la televisión autonómica desde que fuera creada hace cinco años por el anterior Gobierno regional, del PSOE, y ahora ha esgrimido la necesidad de hacer ajustes presupuestarios para reiterar que "la televisión pública no es prioritaria". El Gobierno de FAC acaba de aprobar una reducción del gasto público de 156 millones. El 7,2% de este ajuste lo ha concentrado en un solo órgano, la televisión pública, cuyo coste supone el 0,6% del presupuesto de Asturias, lo que la oposición ha interpretado como un deliberado propósito de "asfixiar" a un medio de comunicación que, a diferencias de otras televisiones análogas, no se ha caracterizado hasta ahora ni por el dispendio ni por la beligerancia partidista.
El Gobierno de Cascos dice que hay que elegir entre hospitales y la televisión pública, pero la oposición rechaza que no existan más alternativas. "La RTPA se creó por ley y solo se puede modificar por ley. Cascos quiere otra cosa: cerrarla por la vía de los hechos ahogándola financieramente", dijo Fernando Lastra, portavoz socialista. El candidato de IU al Congreso, Gaspar Llamazares, se expresó en similares términos.
Según el Consejo de la RTPA -integrado por representantes de PSOE, PP e IU- la decisión "de cancelar el pago de 11,3 millones de euros de las transferencias con las que se financia anualmente el ente público asturiano, aprobadas e incluidas en los Presupuestos Generales de Asturias para 2011 (...) aboca a la paralización de la actividad de la televisión, la radio y el periódico digital en las próximas semanas" e "imposibilita cualquier pago, incluidas las nóminas del personal y el cumplimiento de las obligaciones para los proveedores".
La TPA tiene en plantilla a un centenar de trabajadores, pero ocupa a más de 600 a través de 50 productoras subcontratadas. En agosto, el Principado ya solo pagó la nómina y retuvo el dinero para las empresas subcontratadas. Y en septiembre ni siquiera ha pagado el salario de los trabajadores del ente. El martes, el Ejecutivo anunció que tampoco abonará los 11,3 millones ya presupuestados, aprobados por el Parlamento y pendientes de transferir este año.
Según la TPA, este ente, que deliberadamente no compite con los medios privados en la captación de publicidad, tiene el menor coste por hora de programación (2.684 euros) de la Forta y su coste por habitante (32,5 euros al año) es el séptimo más bajo de las 13 televisiones públicas autonómicas españolas.
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