La prohibición de fumar se amplía por primera vez a espacios abiertos

España va a ser -con la excepción de California y otros estados de EE UU- el primer país en prohibir fumar no solo en todos los locales públicos cerrados, sino también en algunos sitios al aire libre. Es una de las medidas consensuadas por los grupos parlamentarios en la ponencia de la Comisión de Sanidad del Congreso que estudia la reforma de la ley antitabaco de 2004.

La decisión va incluso más lejos de lo que quería la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien cuando presentó esta reforma manifestó sus dudas de que pudiera aplicarse el veto en espacios al aire libre porque no veía razones de salud pública para ello. Pero las presiones del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, recogidas por IU, han convencido a los grupos. Y, si la ley sale como está ahora -aún debe pasar al menos por comisión, pleno y Senado-, no se podrá fumar en ningún recinto educativo, incluidos los patios, ni en las zonas infantiles de los parques, ni en las instalaciones sanitarias, con sus patios, zonas de comunicación entre pabellones y, muy importante, las áreas de acceso (el perímetro de seguridad no está decidido).

El PP insiste en que haya áreas para fumadores en todos los locales de ocio

La 'zona de seguridad' de los centros sanitarios no está definida

El objetivo de la reforma es asegurar de una vez la protección de los menores y los no fumadores, sobre todo los trabajadores de hostelería, que en la actual regulación quedaban expuestos, quisieran o no, al humo de sus clientes. El tabaco es la primera causa de muerte evitable en España. Cada año mueren unas 60.000 personas por su causa, según el Ministerio de Sanidad, de las que unos 1.500 son fumadores pasivos.

Curiosamente, la idea de prohibir fumar en todos los espacios de ocio cerrados, que motivó la iniciativa, no ha conseguido un acuerdo unánime. El portavoz del PP en la comisión, Mario Mingo, ha indicado que mantiene su idea de que todos los establecimientos, independientemente de su tamaño, puedan dedicar un 30% de su espacio a fumadores. La actual ley obliga a separar zonas de ese tamaño máximo en locales de más de 100 metros cuadrados y deja que los más pequeños decidan si son para fumadores o no. La idea del PP -apoyada por los hosteleros- es que quien quiera pueda construir peceras como las de los aeropuertos.

Esta proposición no tiene posibilidad de prosperar en el Congreso, pero podría hacerlo en el Senado. El objetivo de la comisión -cuyo presidente, Gaspar Llamazares (IU), cree que se cumplirá, es que la norma entre en vigor el 2 de enero. El retraso de un día (se había manejado como fecha de entrada en vigor el 1 de enero) es correcto, ya que "impide que la ley se estrene con un incumplimiento masivo" por la fiesta de fin de año.

También se ha hecho un duro trabajo para definir qué es un club de fumadores. El objetivo es impedir que los establecimientos cambien de denominación para permitir que se consuma tabaco. Se les exigirán unos estatutos y un censo de socios, pero, sobre todo, tendrán que ser lugares sin ánimo de lucro, no destinados a la venta de ningún tipo de producto y sin personal que los atienda. También se aclara que un sitio se considerará abierto si no hay más que una pared y techo.

CiU ha conseguido a medias que se permita vender tabaco en tiendas de conveniencia (las que tienen horarios más amplios). Solo se permitirá este comercio en las tiendas de las gasolineras.

El texto que hoy debatirá la Comisión de Sanidad también incorpora una propuesta bastante menos concreta: la implantación de programas para ayudar a los adictos a la nicotina en la cartera del sistema nacional de salud. Sin embargo, el Congreso no puede ir más allá, ya que es una competencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne a los consejeros autonómicos y al Ministerio de Sanidad, y tiene el inconveniente de su coste.

Un aspecto que no se modifica es que serán las comunidades las encargadas de hacer cumplir la ley. Este punto ha supuesto hasta ahora en la práctica que algunos Ejecutivos autonómicos han boicoteado la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2005, que ahora se va a sustituir.