Los políticos ponen la mordaza a la televisión

La Junta Electoral Central se ha convertido en el editor de los telediarios. Decide qué debates políticos se emiten en las televisiones, los líderes que han de ser entrevistados y cuántos minutos dedican a informar de los mítines. Una batería de imposiciones que se unen a la que, desde hace años, vienen aplicando los grandes partidos durante las campañas: prohíben a las televisiones meter sus cámaras en los mítines y distribuyen sus propias imágenes. Para las empresas audiovisuales, pinchar la señal institucional es más cómodo y barato, pero este método convierte los foros políticos en paradisíacas concentraciones donde los oradores son jaleados por el siempre entusiasta graderío. Actos de propaganda que nada tienen que ver con la información.

Hasta ahora la ley de la equidad se aplicaba en las emisoras públicas

"Es un atentado a la libertad informativa y una injerencia del poder político"

Los grupos políticos han hecho valer sus votos en el Parlamento para repartirse cuotas de pantalla en épocas electorales. ¿Propaganda o información? Hasta ahora, las imposiciones para cubrir una campaña electoral afectaban únicamente a las televisiones públicas, pero la reciente reforma de la Ley Electoral ha traído nuevas normas: también las privadas están obligadas a informar conforme a determinadas cuotas. El cronómetro será indispensable a partir del 6 de mayo, cuando se dé el pistoletazo de salida de los comicios municipales y autonómicos del 22-M. Por ley, las noticias se ajustarán "preferentemente" a los resultados obtenidos por cada una de las formaciones políticas en las anteriores elecciones, en este caso las de 2007. A más diputados o concejales, más minutos.

Tanto las asociaciones de periodistas como los responsables de los telediarios hablan ya de "ley mordaza". Rechazan de plano los bloques electorales tasados dentro de los noticiarios: es una medida inadmisible, un gravísimo retroceso en la salud democrática, un atentado a la libertad de información y una injerencia del poder político en los medios. Su malestar les ha llevado a reclamar al Defensor del Pueblo que plantee un recurso de inconstitucionalidad. Aseguran que con corsés tan férreos como los diseñados por la Junta Electoral Central (JEC) será prácticamente imposible la celebración de debates cara a cara.

Aprobada por una aplastante mayoría en el Congreso de los Diputados hace apenas dos meses, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) obligará a decenas de televisiones privadas a seguir criterios de equidad en el tratamiento de los partidos. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) califica la norma de "atentado contra la libertad de información" y "atropello a derechos fundamentales como el de información y a todo lo que ampara el artículo 20 de la Constitución". Esta entidad, que agrupa a las grandes cadenas (Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Veo TV y Net TV), asegura que exigencias de este calibre no tienen parangón en ningún país con separación de poderes y libertad de prensa.

Para que las televisiones privadas sepan cómo actuar y a qué atenerse, la JEC ha dictado una instrucción detallando al milímetro las normas a seguir durante la campaña. Por primera vez en su historia, deberán respetar los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates, las entrevistas y, por extensión, en todas las informaciones relativas a la campaña. Al menos no se les exige, como a las públicas, que remitan a las juntas sus planes de cobertura.

Justo cuando los entes públicos habían intensificado sus protestas para conseguir el viejo objetivo de aplicar criterios profesionales en épocas electorales, la reforma de la ley es un jarro de agua fría. En su lucha por desprenderse de las ataduras de las cuotas, varias organizaciones profesionales presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo en 2009 que no llegó a nada. A esta acción se adhirió el Consejo de Informativos de TVE, que desde su constitución viene clamando por derogar el sistema del minutado.

Yolanda Sobero, presidenta de este organismo, insiste en que esta batería de normas reducen el papel de los periodistas a "sumadores de tiempos" y sostiene que la ley de la proporcionalidad no deberían aplicarse ni a las televisiones privadas ni a las públicas. "Limitan la libertad de expresión y cercenan el derecho constitucional de la ciudadanía. Para cubrir una campaña electoral se deberían aplicar los mismos criterios que para cubrir cualquier otro acontecimiento", dice.

Los profesionales aseguran que pluralismo político y neutralidad no tienen por qué casar con los criterios de propaganda electoral. De hecho, los partidos, lo que han hecho es asegurarse cuotas en la pantalla. Un reparto en el que el pez grande tendrá más minutos que el pequeño.

¿Y los nuevos candidatos que no tienen representación parlamentaria a la que acogerse? ¿Cómo se debe abordar, por ejemplo, la campaña del exdirigente del PP Francisco Álvarez-Cascos, que se presenta con una nueva marca electoral? Independientemente del interés que despierten sus actos, la norma especifica que deberá aparecer menos tiempo que el dedicado al partido que menos representantes tuvo en 2007. Otro caso: el PP acude en Navarra como independiente, mientras que en los anteriores comicios lo hizo bajo el paraguas de UPN.

Javier Algarra, director de Informativos de Intereconomía TV, se pregunta qué pasaría si las televisiones dieran cero minutos de campaña a todos los partidos políticos. "¿Estaríamos cumpliendo la ley o incumpliéndola?". Algarra no cuestiona que se obligue a las televisiones públicas a regirse por la "aritmética parlamentaria", pero defiende que en las privadas se apliquen criterios acordes con su línea editorial. De sus tiempos como directivo en TVE recuerda que resultaba "bastante incómodo" trabajar con el cronómetro en la mano.

Cuando queda apenas un mes para que comience la campaña, Algarra confía en que alguien "imponga el sentido común" y aborte esta medida "arbitraria, impuesta y sin sentido". Pero si no es así, asegura que Intereconomía cumplirá la ley advirtiendo, eso sí, a los espectadores, de que la cadena "está obligada" a emitir una determinada información.

Para el director gerente del Consejo Audiovisual de Navarra, Borja Mora, las exigencias a los canales privados son "incoherentes" con la liberalización del sector (las televisiones privadas han cambiado su naturaleza jurídica y ya no son concesiones administrativas sino licencias). La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) asegura que ponen en cuestión la libertad editorial y de programación de las empresas. "La intención de los partidos políticos de imponer bloques electorales en las cadenas privadas es un claro intento de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias", dice la FAPE. "Es una ley mordaza, una imposición de criterios a los medios de comunicación. Una barbaridad apoyada por las fuerzas parlamentarias que ya tienen un escaño y no quieren compartirlo", apunta Algarra.

No faltan quienes piensan que la "bienintencionada" instrucción de la JEC puede caer en el vacío. "La proporcionalidad, como la pluralidad o la neutralidad informativa dependen mucho más de aspectos cualitativos que cuantitativos", subraya Borja Mora. Consciente de que nadie debe inmiscuirse en aspectos cualitativos -"cada televisión tiene su línea editorial protegida por la Constitución"- asegura que la norma no va a ser decisiva para que la información sea mejor o peor porque, en definitiva, "dependerá de la responsabilidad de las cadenas". Según Mora, la JEC deja un margen de maniobra porque habla de "atender preferentemente" a los resultados electorales.

Mucho más tajante es la FAPE. En un informe jurídico-deontológico expone que las libertades de expresión e información únicamente pueden desarrollarse en un marco de independencia frente a los poderes públicos, garantizando un ámbito de libertad frente a la influencia y la instrumentación partidista de los medios de comunicación.

Frente al control de los tiempos, la JEC deja libertad a las cadenas, eso sí, para organizar debates o difundir entrevistas. Pero con condiciones. En ambos casos deberán tener en cuenta los resultados en los anteriores comicios, y en el supuesto de que se retransmita un cara a cara entre los candidatos de los principales partidos (generalmente, PSOE y PP) deberán también emitir otros debates "bilaterales o plurilaterales" o "proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes". Muchos temen que lo que la norma va a conseguir es que no haya debates. "Serán muy difíciles los cara a cara", dice Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de la Televisión y moderador de uno de los dos enfrentamientos Zapatero-Rajoy en 2008.

Las normas sobre debates y entrevistas son, para Mora, "más acertadas" que las que afectan a los bloques informativos. "Se intenta que todos los partidos tengan la posibilidad de asistir a debates o entrevistas. No me parece mal que los dos o tres partidos mayoritarios se confronten". Eso obligaría, según la ley, a difundir debates con el resto de las fuerzas políticas o a compensarles cediéndoles más tiempo. Esto aboca a menudo a debates antitelevisivos. "Pueden perder en agilidad, pero así todos los partidos pueden tener su debate. Moderadores y televisiones deberían buscar la fórmula para hacerlos atractivos", opina Mora.

Los datos demuestran que un cara a cara entre los dos candidatos a gobernar un país o una comunidad son mucho más seguidos por el público que los tediosos espacios en los que intervienen siete formaciones, a menudo, convertidos en un guirigay ininteligible. Hasta ahora, los cara a cara en una emisora pública venían acompañados de otros coloquios a cinco, seis o siete verdaderamente insufribles para el espectador. Aunque los partidos parecen encantados con este tipo de programas.