El paraíso fiscal (católico)

El dinero es muy católico, aún el laicista radical. Vean, si no. El Gobierno de Zapatero dará en 2011, cada mes, a la Iglesia romana en España 13,26 millones de euros para sueldos de eclesiásticos y otras actividades de culto. Así aparece en la disposición adicional novena del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se tramita estos días en las Cortes. Para el resto de las confesiones calificadas oficialmente "de notorio arraigo", seis ahora mismo en España, hay cinco millones para todo el año, y con la condición de que no los usen para salarios o temas de culto.

Hay más. Los 13 millones largos que Hacienda ingresará mensualmente en una cuenta corriente de la Conferencia Episcopal son una mínima parte del dinero que esa confesión recibirá del Estado ese año. De las cuentas públicas estatales, regionales o municipales salen cada año, además, 3.000 millones para financiar los colegios católicos concertados (cifra oficial de 2008), y otros tantos millones -hasta sumar 6.000 millones largos de euros- para sueldos de profesores de catolicismo en las escuelas, de capellanes de cárceles, hospitales y del Ejército (incluido el salario del arzobispo vicario general castrense con grado de general de división, cuyo nombramiento hacen conjuntamente los Jefes de Estado español y del Vaticano), y también cientos de millones para construcción, reforma o mantenimiento del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico, entre otras muchas cifras.

A eso hay que sumar el ahorro de la Iglesia católica en impuestos, pues los ministros de culto tienen un régimen fiscal mucho mejor que los funcionarios del Estado. Es más, la jerarquía disfruta de un paraíso fiscal absoluto, salvo el pago del IVA, y esto desde hace tres años.

No es verdad que una parte de esos ingresos procedan del bolsillo de los católicos a través de la famosa equis en el IRPF. Los obispos suelen decirlo, pero sin razón. El católico español no paga impuestos para su Iglesia. Lo que hace en su declaración de la renta es pedir a Hacienda que un 0,7% de su cuota fiscal lo desvíe hacia el episcopado. Es decir, no paga ni una peseta más al fisco que los ateos, los protestantes o los judíos. Eso ocurre en otros países, pero no en España.

Aquí, el fracaso del llamado impuesto religioso ha sido antológico. Pese a haberse comprometido la Conferencia Episcopal, e incluso el Vaticano, a buscar formas de autofinanciación cuando se firmó, en 1979, el concordato entre ambos Estados, nunca lo intentaron. Se dice en aquel acuerdo: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades".

Peces Barba, que era aquel año portavoz del PSOE en el Congreso, dijo entonces: "Los socialistas tomamos buena nota de este propósito, y lo alentaremos en todo lo posible para que de verdad se profundice en la idea de un Estado libre en una Iglesia libre, porque, efectivamente, los vínculos económicos, en una u otra fórmula, suponen una discriminación de la libertad mutua".

Los obispos nunca cumplieron el compromiso. Es más, pidieron muchas veces que se les liberara de hacerlo. Ni Adolfo Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González ni José María Aznar hicieron caso. Zapatero, sí. Peor. Este Gobierno, además de liberar a los prelados de aquella promesa legal -los Acuerdos con el Estado vaticano tienen rango de ley orgánica-, acordó en 2007 aumentarles un 34% el porcentaje de la cuota del IRPF que reciben. Pero Roma sigue predicando que Zapatero es un laicista agresivo. Como dice el poeta, les ha dado un pedazo y se lo quieren entero.