Los obispos llaman a la rebelión contra la educación para la ciudadanía

Tras una reunión de dos días y una decisión por unanimidad, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal hizo público ayer un documento que es una declaración de guerra contra la ley de educación del PSOE y la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Es inaceptable, impone el relativismo moral, perjudica el desarrollo de la persona, vulnera la libertad de enseñanza y la religiosa, dicen los obispos. Por eso llaman a la rebelión tanto a los centros católicos como a los padres. "La objeción de conciencia es legítima", sentencia el portavoz, Juan Antonio Martínez Camino.

El documento de 17 folios que ha redactado la Conferencia Episcopal, en la reunión número 204 de su máximo órgano de Gobierno, no deja resquicio a la duda sobre su mensaje de rebelión, dirigido a todos los católicos pero en especial a los directores de los centros de esa confesión y a los padres. "Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste a ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos", señala el documento.

Martínez Camino, en la rueda de prensa para presentar el texto, fue más allá al ser preguntado por la posibilidad de plantear una objeción de conciencia para que los hijos no estudien esa asignatura, aprobada por ley. "La objeción de conciencia es un medio legítimo. Los padres harán muy bien en recurrir a este medio", señaló con una sonrisa.

El mismo documento, en su apartado 13, hace un aviso claro: "Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los reales decretos [que desarrollan los contenidos básicos de educación para la ciudadanía], entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa".

Preguntado por esta evidente llamada a incumplir una ley orgánica, Martínez Camino asegura que hay "múltiples figuras jurídicas" para esquivar la ley, aunque no aclaró cuáles. El portavoz aseguró que la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que representa a los centros concertados, "conoce y actuará conforme" al documento de la Conferencia Episcopal.

Sin embargo, la FERE, que está negociando con el Gobierno y depende plenamente de las subvenciones públicas, hizo público un comunicado que también critica esta asignatura, pero asume que se impartirá. "En cualquier caso, y en el contexto de lo expresado en el apartado 13 del documento de la CEE, FERE-CECA y EyG manifiestan que educación para la ciudadanía se impartirá en sus centros conforme a su carácter propio católico". Después se comprometen a "estudiar la forma de aplicar la reflexión realizada" por los obispos.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, recordó ayer que esta asignatura está "avalada por el Parlamento, donde se expresa la soberanía popular" y por el Consejo de Estado y recordó que si alguien no está de acuerdo puede ir a los tribunales.

Inflexible

En este sentido, preguntado por las negociaciones que mantiene la FERE con el Gobierno para ver cómo se enseña esta asignatura, Martínez Camino se mostró inflexible: "Los derechos fundamentales no son negociables. Se puede negociar que se respeten pero no ceder".

Como corresponde a un grupo acostumbrado a profusos debates teóricos, la Conferencia Episcopal realiza en su documento un exhaustivo análisis de la asignatura. Para los obispos, estas enseñanzas suponen "la imposición del relativismo moral" y "de la ideología de género".

"La verdad no juega papel alguno. En cambio, el nuevo concepto de homofobia forma parte de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas. Bajo tal concepto se esconde una visión de constitución de la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o mujer, sea suplantado por el género precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los alumnos de secundaria".

Para los obispos, que recuerdan que la asignatura es obligatoria, "la autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica". El documento sostiene que esta materia "introduce en las conciencias de los jóvenes una ideología desestructuradora de la identidad".