El músico se apiada del 'mantero'

Un paisano le prestó a Seriñe el trozo de tela con cuerdas cruzadas. Otros cuantos, unos 20 DVD. Así comienza la historia de cualquier mantero, casi siempre africano, recién llegado, que no conoce el país ni el idioma. Es el cuento de nunca acabar sobre las promesas de éxito en Europa y la realidad de los sin papeles. Con la manta a cuestas, se abren paso los días de incertidumbre y de carreras delante de la policía. Cuando les detienen, la condena puede llevarles a la cárcel.

Actualmente hay en prisión 62 personas por delitos contra la propiedad intelectual. La mayoría, manteros, según Instituciones Penitenciarias. "En la práctica son el 100%", aseguran varios juristas. Estos vendedores ambulantes tienen condenas de seis meses a dos años de cárcel, más multas que llegan a los 3.000 euros.

Hay 62 personas en prisión por delitos contra la propiedad intelectual

El año pasado se bajaron de la Red casi 1.900 millones de canciones

Este delito es más punible que matar a alguien en un accidente de tráfico

Los vendedores son multados, encarcelados o expulsados

Una plataforma quiere sacar la venta ambulante del Código Penal

"Es un negocio de pobres para pobres", dice un magistrado

Para muchos las penas impuestas a los vendedores son desproporcionadas. Por eso, y con vistas al debate que se abrirá en el Parlamento para la reforma del Código Penal en marzo, un grupo de jueces, abogados, artistas y asociaciones de apoyo a los inmigrantes se han unido en una plataforma por la despenalización de los manteros. "Reclamamos un replanteamiento de la política criminal y penal, porque estamos criminalizando la pobreza", dice Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional.

El perjuicio que para la industria discográfica y audiovisual supone la piratería es indudable y va en aumento. Según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la pérdida del mercado musical en 2008 fue del 14% respecto al año anterior y la venta de discos han bajado un 75% desde 2000. En 2008 se bajaron de la Red 345 millones de películas y casi 1.900 millones de canciones, según la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la SGAE. Pese al exponencial aumento de las descargas (116% desde 2006), la piratería física disminuye en favor de las descargas por particulares, que no son hoy perseguibles por la vía penal.

Para la Asociación de Cantantes y Autores de Música (ACAM), la venta de piratería va más allá de lo que supone el perjuicio económico. Teo Cardalda, cantante del grupo Cómplices y presidente de la asociación, afirma que "la venta ilegal del top manta no es tanto un daño económico como moral y social. A nadie le gusta ver cómo aquello por lo que pagaba un día, al siguiente pasa a no valer nada porque unas personas se dedican a venderlo por la calle y en los bares, ilegalmente".

Si se compara con otros delitos, la sanción por vender en el top manta es mayor que la que se impone a alguien que mata a otra persona mientras manipula un arma de fuego, alguien que defrauda 4.000 euros a la Hacienda o alguien que robe un coche valorado en menos de 400 euros, según la plataforma.

Entre quienes están de acuerdo con el Código Penal están principalmente algunos artistas y las asociaciones de gestión de la propiedad intelectual. La SGAE y Egeda abanderan la lucha. A Octavio Dapena, director adjunto de Egeda, no le parece oportuno reducir las penas. Fuentes de la SGAE prefieren "no entrar en polémica sobre las sanciones".

Para cientos de subsaharianos, el top manta es la única opción de subsistir. "No quiero robar. Quiero ganarme la vida honradamente y la gente se aprovecha. Estuve un mes recolectando mandarinas y sólo me pagaron 150 euros, en otra ocasión trabajé para un hombre y no me pagó", cuenta Seriñe, que ha dejado en Senegal a su mujer, tres hijos, sus padres y hermanos. Todos dependen casi exclusivamente de él. "Soy el hijo mayor, mis padres ya no pueden trabajar y les tengo que ayudar. Esto me carga, está todo el día en mi cabeza".

Seriñe lleva unos meses viviendo con la asociación jesuita Pueblos Unidos y ha dejado la venta ambulante. Desde entonces, dice, se siente mucho mejor. "Me mandaron al psicólogo porque ya no podía ni dormir de los nervios, desde que lo dejé también ha cambiado mi aspecto, estoy más feliz y tengo esperanza, porque la había perdido toda". Muga, uno de los asesores en la asociación Sin Papeles, que ha atendido unas 90 causas junto a un pequeño grupo de letrados, lo corrobora: "Estar vendiendo les genera una gran tensión, algunos tienen que medicarse".

Quienes probablemente no necesitan medicación son los particulares y las mafias que mueven cantidades ingentes de productos piratas. No obstante, Muga asegura que estas mafias también van a menos: "Ahora cualquiera puede montarse un pequeño laboratorio en casa y sacar películas para unos cuantos vendedores".

La sentencia que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a Mor Ndiaye, un senegalés condenado a 1.250 euros de multa y ocho meses de prisión sustituibles por 10 años de expulsión del espacio Schengen (de libre circulación por la Unión Europea), dio lugar en octubre pasado a una campaña en favor de su indulto, que organizaron las asociaciones Ferrocarril Clandestino y Sin Papeles, esta última íntegramente compuesta por inmigrantes irregulares. Desde ese momento, éstas y otras asociaciones han dado apoyo social y jurídico a los cientos de extranjeros acusados por este delito.

Los miembros de la plataforma por la despenalización del top manta, entre los que se encuentran artistas como Guillermo Toledo, La Mari de Chambao o María Dolores Pradera, han recogido ya más de 7.000 firmas y han creado un documento llamado Escenarios jurídicos para la defensa de las personas excluidas que venden CD, DVD y otros objetos sobre sus mantas para sobrevivir y otras personas en su situación de exclusión social, que ofrece argumentos a favor de los manteros para los abogados que traten estas causas. Con él y las propuestas de alternativas (que abogan por reducirlo a falta o sacarlo del Código Penal y convertirlo en falta administrativa) se han visto con varios grupos parlamentarios (PNV, IU, ERC, CIU) que les han asegurado que presentarán una enmienda a la reforma del Código Penal.

"Son muy buenas palabras pero ya se verá, el Partido Popular ha dicho que depende de los socialistas por el Pacto de Justicia, y con el PSOE aún no hemos hablado, pero yo confío en que haya voluntad política", afirma Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo y perteneciente a la plataforma.

Las sanciones por delitos contra la propiedad intelectual se agravaron en la reforma del Código Penal realizada en 2003. Hasta entonces se trataba de un delito privado, es decir, los vendedores de top manta no podían ser detenidos a menos que fuesen denunciados por el titular del derecho (un artista o sociedad de gestión). La policía sólo podía requisarles la mercancía. Por la presión de sociedades de gestión de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, Egeda o ACAM, apoyados por artistas como Ramoncín o María Jiménez, la vulneración de la propiedad intelectual se convirtió en un delito público recogido en el artículo 270 del Código Penal. "Hemos puesto a los fiscales, pagados con los impuestos de todos, a defender intereses privados", critica Muga.

Aparte de los vendedores que son encarcelados, muchos otros son directamente deportados o recluidos en centros de internamiento de extranjeros (CIE), paso normalmente previo a su expulsión. "Algunas de las veces que me pillaron me iban a meter en un CIE, pero al final no había plazas", recuerda Seriñe con alivio. Las consecuencias para la inmigración de las sanciones por la venta de CD y DVD son incalculables.

Alioune Diagne, senegalés, salió de prisión en enero tras un año en la cárcel de Aranjuez. Había sido condenado en la primera causa a la que se enfrentaba y, como extranjero sin papeles, no pudo acogerse a las opciones existentes para los españoles o residentes legales, como la sustitución de la pena por multa o la suspensión de la pena privativa de libertad para condenas menores de dos años (recogidas en los artículos 80, 87 y 88 del Código Penal). "Los inmigrantes irregulares están expuestos a un mayor rigor de la Justicia por la sustitución de la condena por expulsión y la dificultad casi absoluta de suspender la pena privativa de libertad aun en condenas muy cortas", afirma Santiago Torres.

"Hay un desfase en el derecho penal y civil entre la protección del derecho de propiedad intelectual y el delito. Es necesario cambiar el Derecho pero, ¿hacia dónde?", se pregunta Paloma Llanesa, abogada especialista en nuevas tecnologías. La letrada piensa que "debería haber una mayor capacidad para valorar la condena porque el derecho penal debe ser el último recurso de la sociedad para defenderse". La cuestión es cuál es el bien jurídico que quiere protegerse y cómo, hasta dónde llega la propiedad intelectual. Para Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, "el derecho de propiedad intelectual no es absoluto, no hay unanimidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene el límite en el fare use, el uso justo de la transmisión de la cultura a todas las capas sociales. En España cada vez se está extendiendo más esta corriente".

El delito existe pero el sistema no funciona. "Detener y condenar a los inmigrantes que se dedican a la venta ambulante de CD y DVD no termina con la piratería, igual que acabar con quienes menudean con droga no termina con el narcotráfico", apunta Llanesa. La SGAE asegura que "nunca han alentado la persecución de los manteros" y que "la piratería física se está convirtiendo en algo residual". La evolución en este sentido es esclarecedora. En 2002 en Madrid, ciudad que se sitúa a la cabeza de España en este ámbito, la cantidad de descargas particulares igualaba a la de ventas piratas. En 2005, último año del que la SGAE ofrece datos, la piratería física había pasado a constituir un 10% del total de vulneraciones a la propiedad intelectual. "Es un negocio minoritario, de pobres para pobres, hoy día todo el mundo tiene Internet", alega Sáez.

Para Rafael Sánchez, de Egeda, el delito es incuestionable: "Despenalizar a los manteros es como hacerlo con los atracadores de bancos. Es un problema que afecta a las clases más bajas, pero es que siempre pagamos los mismos, el cine y la música. Yo entonces le pregunto a la plataforma por qué no defiende que los inmigrantes puedan robar".

Los argumentos de quienes piden la despenalización giran en torno a la situación social actual. "Hay que dar una respuesta adecuada al escaso valor social de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y a la situación personal de los vendedores ambulantes", explica Ríos, "olvidar estos aspectos y acudir para todo al sistema penal nos empequeñece como personas, esclerotiza nuestra democracia, se colapsan inútilmente las instituciones y acabamos todos salpicados de indignidad". La plataforma, Ferrocarril Clandestino y la Asociación Sin Papeles de Madrid han convocado para esta tarde a las ocho una manifestación en Lavapiés por la despenalización del top manta.

Lo que suele sacar un mantero no va más allá de los 300 euros al mes, "para pagar la comida y el alquiler", defiende Seriñe. Mientras trabajaba en el top manta, tuvo que vivir en la calle y en casas abandonadas cuando no le llegaba para pagar el alquiler. "Sacamos entre 10 y 15 euros al día, y si cada dos o tres semanas la policía nos requisa todo lo que llevamos, imagínate", comenta otro trabajador de la manta. Seriñe y sus compañeros son el último eslabón de la cadena. "No es justo que se discrimine al escalón más bajo de la piratería, porque esto afecta a aspectos de mera humanidad, es muy duro hacer caer el peso de la ley sobre alguien que intenta sobrevivir y no sobre los falsificadores", indica Torres.

En Europa, la normativa sobre represión de la distribución minorista de productos amparados por derechos de autor sin la correspondiente licencia del autor, o, lo que es lo mismo, el top manta, es dispar. Torres indica que, según los estudios que miembros de la plataforma han realizado, "no hay equivalencias en los códigos penales alemán, italiano, suizo y francés a nuestro artículo 270 del Código Penal". No obstante, "la normativa de la Unión Europea prevé la posibilidad de que las legislaciones nacionales definan delitos e impongan sanciones penales para proteger los derechos de autor". Sólo en Reino Unido, afirma Torres, existe "una persecución penal similar a la española, con condenas que van desde los seis meses de prisión o multa, o ambas, hasta los 10 años de prisión para las figuras más graves".

La ley debe ir colgada de la percha de la justicia. Será el Parlamento quien tendrá que decidir cómo combatir un conflicto cambiante y con culpables muy difíciles de definir.