Un modelo con poca salud

La inopinada demora en el cobro que han sufrido algunas farmacias parece haber auspiciado una preocupación por su futuro. La razonable indignación de estos empresarios al ver vulnerado su derecho a cobrar puntualmente sería más admisible si hasta la fecha no hubiesen sido discriminados positivamente al ser pagados a los 20 días de facturar mientras el resto de proveedores sanitarios, grandes y pequeños, esperaban más de un año.

Y es que el verdadero problema de nuestras boticas no reside en esta coyuntural morosidad, sino en una oferta excesiva y progresivamente alejada de sus especificidades sanitarias. Dos errores propiciados por las Administraciones, con la aquiescencia del sector. Durante los años de crecimiento de la facturación, las comunidades autónomas favorecieron una política expansiva del abultado número de farmacias. Según su organización colegial, solo en España pueden encontrarse oficinas en núcleos de población de menos de 300 habitantes. Consecuentemente, cuando las reducciones de precios amenazan con menguar la recaudación surge la preocupación por su viabilidad. Una de las medidas adoptadas este verano "para la mejora de la cohesión del sistema nacional de salud" ha sido modificar los márgenes para ciertas farmacias rurales que "juegan un papel de primera magnitud en la salud de la población". Curioso papel consistente en dispensar productos para los que se requiere la prescripción de un médico que no existe en tales localidades.

Pero los problemas reales del diseño de nuestra distribución farmacéutica estriban en el malbaratamiento de capacidades profesionales, mientras se focaliza la atención en la retribución de las oficinas en lugar de contemplar los contenidos del servicio prestado. Atajarlos exige diseñar sistemas de regulación, actuación y retribución capaces de alinear los intereses de los farmacéuticos, el sistema sanitario y los de los usuarios a los que sirven. Todo ello orientado a maximizar la contribución a la salud que puede aportar el importante número de profesionales que hoy disipan sus habilidades en actividades de menor valor.

Las soluciones, ya apuntadas en diferentes documentos, pasan por una concertación selectiva con el sistema nacional de salud ligada a algunos compromisos de servicio profesional bien definidos y por la reconsideración del sistema de pago vigente, ya que hasta el Consejo de Europa afirma que "el margen de beneficios o el volumen de ventas no son adecuados para retribuir servicios profesionales, ni tampoco útiles para el control de costes". Y claro que habrá que respetar su derecho a cobrar puntualmente. Un derecho que no es mejor que el de los demás proveedores.

Ricard Meneu es miembro de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud.