"Mi madre no pudo intentar salvar la vida porque no había quirófanos"

La familia de la mujer de Girona fallecida por un aneurisma lleva casi dos meses esperando que la Generalitat catalana le dé explicaciones sobre el trato hospitalario que recibió la paciente, que deambuló por cuatro hospitales públicos durante 65 horas antes de ser operada y que falleció al cabo de unos días.

"Si a mi madre la hubiesen cogido a tiempo, se habría podido intentar salvar su vida, pero esas oportunidades se malograron porque no había quirófano. No creo que sea un caso aislado y por eso hemos ido a los juzgados y lo hemos hecho público", explica Natalia Fuertes, una de las tres hijas de la fallecida, María del Carmen Mesa, que tenía 65 años.

La paciente murió en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona el 16 de septiembre. Había llegado a ese centro la tarde del día 7, pero no pudo ser intervenida ni en ese momento ni al día siguiente por la mañana, ni el día 9, por falta de quirófanos y de medios técnicos para hacerlo, según se relata en la querella que ha presentado la familia contra el gerente de ese hospital y contra el jefe del servicio de neurocirugía de ese centro. Al final fue derivada al hospital Clínic de Barcelona, donde se la intervino la medianoche del día 9. Pero en el tiempo de espera en Vall d'Hebron sufrió otros dos nuevos sangrados en el cerebro, lo que deterioró su estado.

Vall d'Hebron dice que se la trató con todos los medios necesarios

Personal sanitario del centro sugirió a la familia que denunciara el caso

El 18 de septiembre, dos días después del fallecimiento, Natalia Fuertes presentó una queja escrita en Vall d'Hebron. Casi dos meses después, todavía no ha obtenido respuesta. El hospital hizo público ayer un comunicado, después de que EL PAÍS desvelara el caso, en el que se asegura que sí se le ha respondido a la familia y que el centro considera que "se actuó correctamente en todo momento".

Natalia Fuertes relata en la queja los aplazamientos de la operación, pese a conocerse la gravedad del diagnóstico, y el argumento que les dieron los médicos de Vall d'Hebron: la falta de quirófanos disponibles y que estaba estropeado el material técnico necesario para realizar la embolización, consistente en un sellado para impedir el ingreso del flujo de sangre arterial y detener el derrame.

Como ya hiciera el pasado sábado el Departamento de Salud de la Generalitat, el hospital Vall d'Hebron defendió ayer la asistencia ofrecida a la paciente. "Estuvo atendida en todo momento de acuerdo con la gravedad de su enfermedad, con el personal y los recursos apropiados de los que dispone el hospital y que son los habituales y los mismos del año pasado y el anterior".

El centro intenta rebatir de esta manera la tesis que relata la querella, según la cual los recortes sanitarios que está llevando a cabo el Gobierno de Artur Mas explican el cierre de quirófanos y el hecho de que no fuera atendida nada más sufrir el aneurisma, en la mañana del 7 de septiembre.

Cuatro días después de presentarse la queja, el 22 de septiembre, la familia recibió una carta de la jefa de la Unidad de Atención al Ciudadano con el número de registro y anunciándole lo siguiente: "Revisaremos su caso. Tan pronto como tengamos una respuesta, le notificaremos lo que esta dirección nos comunique".

"Llevo dos meses esperando una explicación por la muerte de mi madre y eso me parece intolerable", explica Natalia Fuertes. "Los médicos y las enfermeras me dijeron que me quejara porque no había derecho a lo ocurrido", añade. "Una doctora que no tenía nada que ver con la desatención se abrazó a mí llorando porque era consciente de que no se intentó salvar a mi madre", añade la hija. "Por eso, al ver en televisión al político de turno decir que los recortes sanitarios en Cataluña no afectaban a la salud de la gente, pensé que tenía que acudir a los tribunales".

Rafael Núñez, el abogado que ha redactado la querella presentada en los juzgados de Barcelona, lleva más de 20 años defendiendo los derechos de los pacientes. Pero explica: "Nunca habían llegado a mi despacho unos hechos tan dantescos que pudieran ser constitutivos del artículo 542 del Código Penal". Este precepto se refiere a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el reconocimiento de los derechos cívicos que prevén la Constitución y las leyes, que es lo que cree, según Núñez. "A esta mujer se le ninguneó de una manera reiterada el derecho básico a la protección de la salud por parte de quienes tenían la responsabilidad de prestarlo", explica. "Y fue de manera temeraria, porque la derivación al Clínic se podía haber hecho el primer día si no había quirófanos y medios, en lugar de esperar tanto", añade.

El letrado explica que "la prueba de la buena salud de nuestro sistema sanitario es que no existen sentencias que reconozcan la vulneración del derecho cívico a recibir asistencia hospitalaria". En su opinión, "eso indica la enorme gravedad del hecho denunciado y del riesgo actual de que se convierta en un hecho ordinario". En este caso dice que ha optado por la vía penal y no la civil, porque "más allá de las posibles indemnizaciones, tenemos interés en aportar una pequeña cuota de compromiso social para que se respeten las leyes y se preserve el sistema sanitario público vigente".