No hay delito ni esto es una cárcel. Pero le encerramos

No cometen ningún delito. Huyen de la pobreza. Vienen en avión como turistas, o se juegan la vida en un cayuco. Alguno ha saltado la verja de Melilla. Según la ley, cometen una falta administrativa, como una multa de tráfico. Pero, durante un máximo de 40 días, estas personas son encerradas en centros que no son estrictamente cárceles, inquietan por su opacidad y no tienen reglas comunes. Una especie de limbo en espera de la temida expulsión.

No están reguladas las visitas, las consultas médicas o las salidas al patio

"Las condiciones en los CIE son severas sin necesidad", alega un informe para la UE

En los centros franceses hay fuerte presencia de asistentes sociales

En España, las ONG se quejan de que no les dejan entrar

La gran fechoría de estos inmigrantes, ser ilegales, les lleva a un Centro de Internamiento de Extranjeros o CIE. ¿Cómo es posible que alguien termine detenido ("retenido" es el eufemismo legal) durante casi mes y medio por algo no mucho más grave que estacionar mal el coche? Pues ocurre. Y es legal, desde 1987, cuando el Tribunal Constitucional lo avaló.

El problema de España, sin embargo, es que adolece de una normativa detallada como sí existe en materia penitenciaria. Cada CIE es independiente de otro. Las normas las impone el responsable de turno, siempre una autoridad policial. "Las pone cada uno más o menos como puede", reconocían esta semana desde el sindicato policial SUP. "Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento. No hay una unidad de criterio definida", asegura José Antonio Moreno, abogado experto en extranjería. Porque a diferencia de una cárcel, donde los presos los controlan funcionarios, en un CIE la custodia de los internos está encargada a la policía. Y ésta, que no está entrenada para ese menester, aplica sus propios criterios de seguridad. Hay alternativas, modelos mejores. El más elogiado es el francés, porque los internos son controlados por trabajadores sociales. La policía sólo se encarga del perímetro de los centros.

Los que han estado encerrados en un CIE no lo recuerdan como unas vacaciones pagadas. En el de Carabanchel (Madrid), internos y ex internos, así como sus familiares, tienen quejas coincidentes. En las colas que se forman fuera del centro, auténticas torres de Babel, se lamentan en distintos idiomas y acentos de mala alimentación, frío, falta de atención médica y suciedad. Cuestiones que niega, una por una, el Ministerio del Interior.

El Defensor del Pueblo es uno de los que señala a Francia como un buen modelo para evitar que sea Interior (la policía) quien se encargue de los internos. Con esta institución coincide un estudio encargado por la UE a una empresa privada a finales de 2006. Nueve expertos de Steps Consulting Social, relacionada con Handicap Internacional, premio Nobel de la Paz en 1997, dibujaron un mapa de la situación de los centros de detención en Europa. La conclusión de Sara Prestianni, encargada del estudio en España, Italia y Eslovenia, es que el modelo francés provoca "menos tensiones". Algo que refleja el informe: "A lo largo de los años ha habido una mejora progresiva en el trato a los inmigrantes. Se debe en buena parte a la presencia en los centros de organizaciones humanitarias interesadas en los internos, y que actúan como testigos y contrapeso de las autoridades".

Justo lo que falta en España, aunque el Ministerio del Interior diga lo contrario. Un portavoz asegura que las ONG pueden pedir permiso y entrar en los CIE. No ocurre así en la práctica, aunque Interior se excusa a través de dos ejemplos. Primero: La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) era el partner del estudio de Steps para la UE, que sí entró a los CIE (criticándolos con dureza). Segundo: "Tenemos acuerdos con Cruz Roja". Sin embargo, ambos argumentos tienen importantes matizaciones de las partes interesadas. Mauricio Valiente, secretario general de CEAR, es una de las voces más críticas y asegura que no les dejan pasar al interior de los centros: "Si supiéramos que pasa algo, evidentemente, iríamos a un juzgado. Pero que los CIE estén cerrados a cal y canto nos da que pensar". Mientras, una portavoz de Cruz Roja asegura que no entran a los centros de retención: "Hace años que no pisamos uno de la Península. Sólo accedemos a los de Canarias cuando nos piden una ayuda puntual. Pero tener una colaboración asidua con ellos... no la tenemos".

Hay más ejemplos de prácticas positivas. En el único centro de detención de Finlandia, el de Metsälä, es el Departamento de Asuntos Sociales de Helsinki el que se encarga del mismo. "Esto significa que el personal no es percibido como policía", detalla el estudio de la UE. Mientras, en el país vecino, Suecia, "las condiciones físicas y de organización de los centros están entre los mejores". Son lugares pequeños, bien equipados y que no parecen prisiones ni son administrados como tal, asegura el mismo informe. Por último, Portugal, en su centro de Oporto, recibe ayuda de las ONG: "Hay un trabajador social, mediadores culturales, traductores y abogados; Médicos del Mundo proporciona ayuda médica y psicológica a los internos".

Precisamente desde Médicos del Mundo en Canarias se quejan de las dificultades con las que trabajan: "Desde 2006 hemos pedido entrar en los centros. Siempre hemos obtenido el silencio de Interior por respuesta", dice Carlos Arroyo, su portavoz en el archipiélago. No es el único que denuncia esa falta de transparencia. Dos ejemplos más. Enrique Santiago, del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (Iepala), o José Luis Rodríguez Candela, coordinador jurídico de Andalucía Acoge, quien dice: "No digo que pasen cosas raras. Pero el hecho de que no nos dejen pasar [al centro de Málaga] desde hace 14 años es raro". Los medios de comunicación también tienen vetado el acceso. Este periódico ha intentado conocer el CIE de Carabanchel en cuatro ocasiones. Sin éxito. Interior siempre lo ha negado, "por seguridad y para preservar la intimidad de los internos".

El ministerio niega la falta de transparencia, porque allí han entrado eurodiputados, el Defensor del Pueblo y la citada consultora privada para la UE, que concluye: "Las condiciones de detención son innecesariamente severas; en algunos casos las condiciones higiénicas son deplorables; la custodia corresponde sólo a policías; a veces falta un personal médico exclusivo para el centro, faltan trabajadores sociales..." El Defensor del Pueblo los visita a menudo por sorpresa: "Los centros han mejorado mucho en una década". Interior explica que el Gobierno ha destinado 26,3 millones de euros "para el funcionamiento, mejora y construcción de nuevos centros" en 2008. El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, que conoce centros por toda Europa, asegura que los españoles "son buenos comparativamente hablando. Puede haber más o menos colapso, pero sinceramente... son aceptables".

Seguramente no le falta razón. Aunque España merece sus críticas, la situación en el resto de países de la UE tampoco es prometedora. Desde el Reino Unido, donde los centros los gestionan empresas privadas, a Grecia, donde se denuncia una falta absoluta de transparencia, higiene, información legal, asistencia médica e inspecciones independientes, o Italia, Holanda y Polonia, donde las condiciones de internamiento son duras y en un régimen similar al de una prisión. O sea, que en todos lados cuecen habas.

Eso, sin embargo, no puede ser obstáculo para la crítica en nuestro territorio. El concepto de internamiento es cuestionado, a pesar de ser legal, desde Amnistía Internacional. "Son presos sin delito. Solo cometieron una falta administrativa. Entendemos que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero con respeto a los derechos humanos, que se están menoscabando progresivamente. La privación de libertad debe ser el último recurso. Se deberían tomar otras medidas, como la presentación periódica en alguna oficina o impulsar el retorno voluntario", señala Virginia Álvarez, responsable de Política Interior. El eurodiputado de IU Willy Meyer tampoco cree que la ley sea muy justa: "No puede haber ciudadanos en el limbo, detenidos de manera administrativa".

José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, insiste en regular los CIE. "Lo llevamos pidiendo desde 1999. No están fijados el tiempo de aislamiento y ante quién recurrirlo, el tiempo en el patio, si un interno necesita o no la visita del médico... Hay que definir un catálogo de infracciones y sanciones, regular los vis a vis..." Los CIE son cárceles, se les llame como se les llame, pero sin regular: "No tiene sentido que tenga menos derechos un inmigrante que no ha cometido delitos que un preso". Interior dice que todo es legal y que cualquier cambio se anunciaría "en su momento".

Y cambios va a haber. España aumentará el periodo de internamiento en los CIE. Seguramente pase a ser de 60 días, aunque todavía se está estudiando. "No da tiempo, muchas veces, a completar los expedientes de expulsión", justifican. Cuando eso pasa, la ley obliga a dejar libres a los inmigrantes. Y el Gobierno no quiere que ocurra. Quiere poder expulsar a todos los ilegales que retiene. El año pasado, 3.847 de los 50.318 interceptados cuando trataban de entrar irregularmente en España, casi un 8%, no pudieron ser expulsados. Interior no facilita, sin embargo, cuántos se quedaron sin expulsar entre los que se detuvieron cuando ya estaban instalados en nuestro país.

El debate sobre los centros no se limita a España. El Parlamento Europeo votará el 5 de junio una directiva por la cual se aunarán criterios en la UE. Por ejemplo, los inmigrantes podrían ser retenidos un máximo de seis meses ampliables a 18. Esto significa poner límites a nueve países, que hasta ahora aplicaban periodos indefinidos, pero supone dejar las puertas abiertas a otros estados, entre ellos España, para endurecer sus normas en el futuro. No parece cercano, pero la reciente criminalización de los sin papeles en Italia no es un buen augurio para los que cruzan fronteras por hambre y necesidad. Ya es oficial, corren malos tiempos para la inmigración irregular en Europa.