La financiación de la dependencia premiará la agilidad en las ayudas

Las comunidades autónomas y el Gobierno aprobarán hoy nuevos criterios para financiar la Ley de Dependencia, criterios que premian la buena gestión realizada por las Administraciones, es decir, las más ágiles en el desarrollo de la ley. Las comunidades que peor han aplicado esta ley en sus territorios -las que tienen menos beneficiarios protegidos- saldrán perjudicadas si persisten en esa forma de actuar, porque recibirán menos dinero del llamado nivel acordado, que en la actualidad es de 233 millones de euros. Hasta ahora el criterio que más pesaba era la población; en los próximos años será la eficacia.

El dinero del nivel acordado se divide ahora en tres fondos, el general, el de compensación y el de cumplimiento de acuerdos. El general es el más importante porque supone el 80% del total del dinero.

Tener el plan de atención hecho no significa que ya se reciba la prestación

Conceder servicios en lugar de otorgar dinero será compensado

El fondo general se venía repartiendo, sobre todo, en función de la población dependiente calculada para cada comunidad. Ahora se añaden dos nuevos criterios: el número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda (PIA) y el número de prestaciones de servicios. El primero premia la agilidad en la gestión y el segundo la concesión de servicios, una plaza en un geriátrico, por ejemplo, frente a las muy extendidas ayudas económicas. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso este periódico.

El nuevo acuerdo, plurianual, irá adelgazando el peso del criterio poblacional que ahora supone un 55% del fondo general: en 2011 sólo supondrá un 20%, en 2012, un 10% y el año siguiente desaparecerá por completo.

¿Dónde irá todo ello? Lo que se pierde por esa vía irá engordando cada año uno de los nuevos criterios introducidos ahora, el del número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda. Así que, en 2013, casi un 74% del fondo general se repartirá en función de los dependientes a los que ya les han recetado la ayuda que les corresponde, es decir, ya tienen su plan individual de atención (PIA), la última puerta antes de recibir la ayuda.

Normalmente se entiende que el que tiene el PIA ya tiene su prestación, pero no siempre es así de inmediato. Este nuevo reparto puede servir de acicate a las comunidades autónomas para avanzar en los trámites administrativos, pero también caben las trampas en una ley que ha estado permanentemente jalonada de ellas. A partir de ahora pueden darse prisa en completar los PIA para obtener más dinero, pero si después tardan en otorgar la ayuda tendrán que pagar los atrasos. Es más difícil hacer trampa.

Estas nuevas medidas se aplauden en las comunidades que van más adelantadas en la aplicación de la ley, pero penalizan a las demás. Madrid y Valencia, por ejemplo, no saldrán bien paradas si continúan como ahora. La oposición de estas dos regiones a la medida podría hoy arrastrar a la abstención a otras comunidades del PP, que sí valoran la propuesta. Pero el acuerdo se alcanzará de todos modos.

Una simulación sobre cómo afectarían estos nuevos criterios de reparto en las comunidades si sus datos siguen en la tendencia actual demuestra que las más perjudicadas serían Canarias, Valencia, Madrid, Galicia y Asturias, mientras que se beneficiarían Andalucía y Murcia, entre otras. Porque a veces unos criterios y otros compensan las pérdidas.

Personas atendidas

Algunas comunidades, como Castilla y León, han valorado este acuerdo, porque creen que va en la dirección correcta, es decir, premia en el reparto a las que gestionan con más agilidad y conceden más servicios. Pero fuentes de esa consejería lamentan que todo el porcentaje que se pierde por el criterio de la población vaya a parar solo al de las personas con ayuda adjudicada. Entienden que sería más justo que el criterio fuera, decididamente, el número de personas que ya están recibiendo la ayuda o que parte de ese porcentaje de dinero sea en función de las prestaciones de servicios, que son las que crean empleo.

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también creen que la iniciativa va en la dirección adecuada, pero recuerdan que no hay nada tan efectivo como repartir el dinero en función del número de personas efectivamente atendidas y del coste de cada servicio que reciben, porque no cuesta lo mismo una plaza de residencia que atender a un anciano en casa, por ejemplo.

En 2009, para corregir los desfases de gestión entre comunidades, se decidió primar con un 20% del total del dinero a las autonomías que más personas tuvieran ya reconocidas como dependientes. Eso se volvió contraproducente, porque algunas comunidades dictaminaron rápido, pero se demoraron a la hora de dar las ayudas. Así que recibían más por esa vía las que peor gestionaban.