"El decreto de la TDT es una intervención desaforada para doblegar a los medios"

Una "intervención desaforada" del Gobierno para "intentar doblegar a los medios", una "guerra contra los que son independientes" para tratar de organizar su propio grupo de medios afines, un ataque "a la seguridad jurídica de las empresas" y un atentado a "la calidad democrática", al poner en peligro la separación de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Así describió ayer Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo PRISA, (editor de EL PAÍS) la magnitud y el peligro que implica la aprobación por parte del Gobierno, el pasado día 13, en pleno mes de agosto, de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago mediante decreto ley.

Este tipo de procedimiento -que debe ser convalidado por las Cortes, pero que no permite enmiendas ni recurso por parte de quienes se sientan perjudicados- está reservado expresamente por la Constitución para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", ya que permite al Ejecutivo saltarse los trámites parlamentarios para su aprobación, es decir, su estudio y visto bueno en el Congreso y el Senado.

"Zapatero usa sus relaciones para organizar su propio grupo"

"Está generando inseguridad jurídica a las empresas y no se puede consentir"

Cebrián desgranó ayer, en una entrevista en la Cadena SER, las consecuencias, intereses e implicaciones que hay detrás de esta medida gubernamental. El consejero delegado de PRISA quiso dejar claro en primer lugar que este grupo de comunicación no se opone a la implantación de la TDT de pago: "Estamos absolutamente de acuerdo. Es una vía más de difusión de los productos televisivos". "A lo que nos oponemos es a un decreto de urgencia que nos parece inconstitucional, sin ningún motivo aparente como no sea beneficiar a los amigos del Gobierno", aclaró.

La principal consecuencia de esta rápida aprobación es que facilita la implantación inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago de La Sexta. De hecho, una hora después de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciara la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la TDT de pago, Mediapro (empresa liderada por GAMP, el grupo de productoras integradas en el accionariado de La Sexta, y que forma parte de Imagina) anunció el inicio inmediato de las emisiones de Gol TV en TDT, con parrilla incluida.

Cebrián afirmó reiteradamente que no es cierto que haya una "guerra de medios", como han afirmado competidores del grupo al que representa acusándole de monopolio de la televisión de pago con Digital +. Esta plataforma, como es bien sabido por los consumidores, compite con Ono e Imagenio. Y también las empresas de telecomunicaciones Orange y Jazztel ofrecen servicios de televisión de pago. En conjunto, unos cuatro millones de hogares están enganchados a estas emisiones a través del satélite, el cable, Internet o la televisión de pago.

"Aquí realmente ante lo que estamos es ante una intervención desaforada del Gobierno para tratar de doblegar a los medios", afirmó. "Zapatero está utilizando sus relaciones personales para tratar de organizarse su propio y peculiar grupito de medios en torno a él despreciando la libertad del mercado. No es una guerra entre los medios, es una guerra del Gobierno contra los medios independientes. Y es una guerra más. Ya lo hemos vivido con otro Gobierno, lo que es lamentable es que un Gobierno caiga en iguales o peores errores que otros de la extrema derecha".

El PP prepara un recurso contra este decreto ley. Su presidente, Mariano Rajoy, ha calificado esta regulación de "abuso de poder". También se opone IU. Y el Consejo de Estado ya advirtió en su informe sobre esta norma, antes de que la aprobara el Gobierno, que "no procedía" elevarla al Consejo de Ministros. Éste cuestionó además la intención de regular esta cuestión "de forma urgente" y hasta "precipitada", advirtió que vulneraba la ley de contratos con la Administración y aconsejó que se tramitara en la futura Ley General Audiovisual. El Gobierno hizo caso omiso a estas consideraciones, a pesar de que apenas dos meses antes, Fernández de la Vega dio a conocer un anteproyecto de Ley General de Medios Audiovisuales. Pero ni ha llegado al Parlamento.

El consejero delegado de PRISA dice que está en juego la calidad de la democracia: "Me preocupa la calidad democrática de nuestro Gobierno, la división de poderes, el decirle al Gobierno que el estar en el poder no le autoriza para gobernar de manera caprichosa y arbitraria". Y acusó al Ejecutivo de estar comportándose "como el de una república bananera". "Está generando inseguridad jurídica a las empresas y esto no se puede consentir".

Respecto a la relación entre esta decisión del Gobierno y la ruptura de las negociaciones entre PRISA e Imagina para estudiar una fusión entre Sogecable (empresa del Grupo PRISA) y La Sexta, Cebrián aseguró que se rompieron "fundamentalmente porque no había un acuerdo con las valoraciones de las compañías, cosa que es normal". Y explicó que fue Imagina quien se acercó a PRISA pero que el grupo al que representa está abierto a retomarlas. Aún así, advirtió: "Hemos tenido la sensación de estar negociando contra el Boletín Oficial del Estado y esto es algo que en un país civilizado no se puede consentir. Hay que poner freno a la intervención del Gobierno en los mercados y mucho más en los de comunicación y en la estructura de los medios".