Ni un aborto más en Murcia

Murcia, la comunidad de España con la tasa más alta de abortos, no realizará ni uno más en su territorio. Su consejera de Sanidad, la popular María Ángeles Palacios, reveló ayer que derivará todas las intervenciones a otras autonomías. Sostiene que no están preparados para aplicar la nueva ley de salud sexual, que entró en vigor el lunes. "No entendemos las prisas por aplicar una norma que no está clara", dijo. Y explicó que, a pesar de que la ley se aprobó a finales de febrero, Murcia no ha tenido tiempo para adaptarse a la regulación. En su decisión, admitió, influye el dictamen pendiente sobre el recurso interpuesto a la ley por el PP ante el Tribunal Constitucional. Ya el lunes el presidente de la región, Ramón Luis Valcárcel, declaró que no existen "razones" para acatar la nueva norma hasta que la decisión del alto tribunal esté clara.

Es la segunda comunidad, tras Navarra, que evita el aborto

Las cinco clínicas autorizadas no han recibido explicaciones

Murcia tiene una tasa de 16,6% abortos por cada 1.000 mujeres -cifra que supera a Cataluña (16,5%) y a Madrid (15,8%)-. Medido según el número de embarazos, un 21% es interrumpido en la región. Desde ahora, las mujeres se verán obligadas a viajar a ciudades como Alicante o Valencia para acceder a esta prestación que, hasta ahora, podían recibir sin problemas en una región que -desde la primera ley del aborto (1985)- concierta todas las interrupciones del embarazo con clínicas privadas. Según Palacios, esto se debe a que el 100% de los médicos murcianos de la sanidad pública se declaran objetores de conciencia. Se les preguntó en 1984 y no se les ha vuelto a plantear la cuestión.

La región se convierte así en un nuevo bastión antiabortista. El caso recuerda a Navarra, pero es más agudo, dado que en Murcia existen cinco centros acreditados y que solo en 2008 se realizaron más de 5.300 abortos, cifra que Sanidad atribuye al gran número de extranjeros que vive en la región. En Navarra, que siempre ha derivado la intervención a otras autonomías, no hay centros públicos ni privados que hagan abortos.

El Gobierno murciano se defiende con una batería de críticas a la nueva ley. Esgrime que no ha podido tener lista la documentación que debe aportarse a la mujer para los tres días de periodo obligatorio de reflexión antes de someterse a un aborto; y que tampoco ha podido reorganizar su sistema de derivaciones a las clínicas que deben, según la nueva ley, volver a presentar sus condiciones para acreditarse -un proceso para el que tienen cuatro meses de adaptación-.

Ayer, nadie en las clínicas acreditadas tenía claro qué hacer con las personas que pedían información o, directamente, un aborto. Ante la incertidumbre, la mayoría de los centros pedía a la mujer unos días de espera. "Les decimos que llamen dentro de un par de días, a ver si la cosa para entonces está más clara", comentaba Paco Valero, director del Instituto Ginecológico Murcia, que criticaba la falta de información y la gran cantidad de trabas por parte de la consejería de Sanidad a la regulación. A pesar de que son estos centros quienes realizan todos los abortos de la región, ayer nadie les había informado de que Murcia derivará esta prestación a otras comunidades.

Los días corren y las mujeres no saben qué hacer. "No puedo esperar. Sobre todo sin saber qué se va a poder hacer. El tiempo pasa y luego es peor", se quejaba ayer una ecuatoriana, embarazada de 10 semanas, que prefería no dar su nombre. "No tengo muchos días libres. Tampoco dinero para ir a otra ciudad", decía. La situación es complicada y las clínicas murcianas ya han detectado casos delicados. Como el de una mujer embarazada de 20 semanas a la que un trabajador de una de las clínicas privadas aconsejaba ir directamente a otra región por cuestión de tiempo. Porque la nueva ley establece el aborto libre hasta la semana 14 y un sistema de plazos hasta la 22.

Sin embargo, dentro de la propia Murcia ya han surgido resistencias al boicot del gobierno regional. Ante la confusión creada y la falta de indicaciones oficiales, un hospital público de esta región entregó el lunes un sobre (con sello oficial) solo con la documentación oficial elaborada por Igualdad -la información murciana no se ha elaborado- a varias mujeres que solicitaron un aborto. Estas acudieron el mismo día a varias clínicas a pedir cita para la intervención. "Se la hemos dado", reconocía un trabajador de uno de los cinco centros acreditados. "Traían un sobre con sello oficial. No tenemos por qué plantearnos si la documentación está completa o quien se la ha dado", añadía.

Los ministerios de Igualdad y Sanidad y Política Social han manifestado que están vigilantes ante posibles incumplimientos de la nueva ley.

En Murcia, no sólo el Gobierno aduce que la región no está preparada para cumplir la norma. Juan Luis Delgado, ginecólogo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, y miembro del comité científico y técnico para la interrupción del embarazo que ha formado la consejería de Sanidad Murciana para, entre otras cosas, analizar los casos de malformaciones, se quejaba ayer de las prisas con las que se ha querido desarrollar la regulación.