El Vaticano promete cumplir la ley y llevar a los pederastas a la justicia

En un contragolpe que trata de defender al Papa de las acusaciones de haber encubierto las agresiones sexuales del clero a menores, el Vaticano colgó ayer en su web una "guía para entender los procedimientos adoptados por la Congregación de la Doctrina de la Fe (CDF) en los casos de supuestos abusos sexuales". Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, explica que la guía, publicada en inglés, "es un resumen destinado a periodistas, laicos y no canonistas del modo de actuar del Vaticano" ante las denuncias de pederastia. La gran novedad es que el texto afirma, por primera vez negro sobre blanco y contra la costumbre habitual, que las diócesis deben denunciar "siempre" a los pederastas ante la justicia civil.

Según la Santa Sede se abolirá la prescripción de los delitos

Desaparece la apelación al silencio que emitió Ratzinger en 2001

A pesar de ello, el protocolo no refleja tanto la práctica habitual como la promesa y la voluntad de mejorar sobre la marcha un procedimiento que se ha revelado muy poco eficaz para combatir la pederastia. La guía no tiene valor de documento oficial, y revisa a favor de obra el método seguido hasta ahora. La base del resumen son las normas establecidas en el motu proprio promulgado por Juan Pablo II el 30 de abril de 2001, llamado Sacramentorum sanctitatis tutela (Defensa de la Santidad del Sacramento, SST), y en el Código Canónico de 1983. Lombardi explica que la guía incorpora además algunas "facultades especiales concedidas a la CDF por los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI", poderes destinados, dice, a agilizar los procesos canónicos administrativos. La polémica SST fue redactada por el entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe (CDF), Joseph Ratzinger, con la ayuda del actual número dos de la Santa Sede, Tarcisio Bettone, entonces secretario de la Congregación. Aquel documento, enviado a los obispos en 2001 mediante una carta secreta subtitulada De delictis gravioribus (Sobre los delitos más graves), ordenó a las diócesis locales informar a la CDF e investigar todas las acusaciones de abuso sexual de un menor por parte de un clérigo; situó el tiempo de prescripción de los delitos de abusos en los 10 años, que empezaban a correr cuando el menor cumplía 18, y reafirmó la obligación de mantener el secreto pontificio sobre los procesos canónicos de abusos, bajo la pena de excomunión fulminante e irrevocable.

Sin embargo, en esta guía se afirma ahora que "debe seguirse siempre el Derecho Civil en materia de información de los delitos a las autoridades competentes". La publicación parece, así, un nuevo intento del Papa por mostrar que su línea de actuación ante los abusos ha sido siempre intolerante.

Pero las dudas persisten. Si la guía manda denunciar los casos a la justicia ordinaria, ¿por qué casi nunca se hace tal cosa? ¿Y por qué el Papa, en el poder desde 2005 y hasta ese momento al frente del ex Santo Oficio, no controló el cumplimiento de esa recomendación, ni la convirtió en ley ni sancionó a ningún obispo por encubrir abusos?

Lombardi responde que "hay países donde la justicia obliga a denunciar los delitos a la justicia civil y otros en los que no". Y admite: "La denuncia a la justicia civil es una práctica recomendada en este instrumento de trabajo, pero no es una ley de la Iglesia".

El manual de buenas prácticas afirma también que la CDF ha emprendido "en los últimos tiempos una revisión de algunos de los artículos del motu proprio SST con el fin de actualizarlo". Según ha dicho hace unos días el promotor de justicia de la CDF, Charles J. Scicluna, la mejora que se plantea acometer la Santa Sede consiste en abolir del todo la prescripción de los delitos. Cosa que, curiosamente, ya sucedía antes de 2001.