Tormenta política a costa del catalán

La guerra política a propósito de la lengua catalana se ha reabierto a dos meses del 20-N. El ultimátum dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el castellano sea también lengua vehicular en la escuela pública ha provocado el rechazo frontal de la Generalitat, que defiende a ultranza el modelo educativo catalán basado en la inmersión lingüística. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha advertido al Ejecutivo de Artur Mas de que debe cumplir la ley, aunque hay incógnitas sobre el alcance y las consecuencias de la resolución.

Quien no alberga dudas es el Gobierno catalán, convencido de que el sistema se mantendrá cuando expire el plazo. "Dentro de dos meses no pasará absolutamente nada. No vamos a separar a los niños de clase en función de la lengua", avisó ayer la consejera de Educación, Irene Rigau, en defensa de un modelo que cuenta con apoyo entre los ciudadanos porque permite a los niños, al margen de su origen y clase social, acabar la educación dominando las dos lenguas y con igualdad de condiciones para acceder al mercado laboral.

"En dos meses no pasará nada", dice la consejera de Enseñanza

El recurso de la Generalitat incide en que los chicos terminan bilingües

Convivencia Cívica afirma que 800 familias piden poder elegir lengua

CiU gobierna en minoría pero en este caso no está sola. La izquierda respalda un sistema que desecha una educación de dos líneas y que en Bélgica ha partido la sociedad en dos. Los nacionalistas tienen al PP como socio preferente, pero han advertido que dejarán de serlo si convierte el asunto del idioma en casus belli. La batalla se juega ahora en ese escenario: el PP presentó ayer una propuesta de resolución en la Cámara instando al Gobierno a que acate las sentencias. Rajoy lanzó ayer un duro avisó a Mas: "Si no se cumple la ley, se liquida el Estado de derecho".

En medio de las protestas por los recortes sociales, el auto da al Gobierno catalán la oportunidad de sacar pecho en defensa de lo que consideran más sagrado: la lengua. Esquerra Republicana, por su parte, llamó ayer al Gobierno a desobedecer la resolución judicial. El ambiente social también se va caldeando. Ayer por la tarde, cientos de personas se manifestaron en Lleida y Girona contra el "ataque" al modelo educativo. Y la plataforma Som Escola (Somos Escuela), que agrupa a sindicatos y asociaciones de padres, ha convocado concentraciones ante todos los Ayuntamientos catalanes para el 12 de septiembre, primer día del curso escolar.

Sea como sea, el TSJC da a la Generalitat un plazo de dos meses días para reconfigurar el modelo educativo catalán, tal como establece una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2010. Ese fallo reconoce el derecho de unos padres a escolarizar a sus dos hijos en castellano. Como no aclara si la decisión se limita a ese caso, abre la puerta a aplicarla, de forma genérica, a toda la enseñanza pública obligatoria, según diversas fuentes. El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, dijo el domingo que el auto se circunscribía a los padres afectados, pero ayer tuvo que matizar sus palabras y admitió el sentido más amplio de la resolución.

El fallo explicita solo que la Generalitat "deberá adoptar cuantas medidas sean precisas" para que el castellano se considere también lengua vehicular. Pero, ¿qué debe hacer el Gobierno catalán para atender el auto del TSJC? No está claro. La sentencia previa no lo especifica y da margen a la Administración para actuar. Aun así, deja claro que el castellano no puede quedar "reducido al objeto de estudio de una asignatura más". "Una solución puede ser que haya un contenido mínimo de asignaturas que se den en castellano. Pero no estamos hablando de una línea de educación separada", explica Ángel Escolano, abogado de Convivencia Cívica Catalana, asociación que ha apoyado a las familias demandantes.

"En estas sentencias siempre hay un grado de ambigüedad, que permite distintas lecturas", explica un catedrático de Derecho Constitucional que prefiere no revelar su nombre. El TSJC subrayó ayer, en un comunicado, que en ningún momento se ha pronunciado sobre las "medidas concretas" que debe adoptar el Departamento de Enseñanza, y que solo este debe fijar "los criterios pedagógicos, organizativos, económicos" que crea oportunos.

Ante el conflicto suscitado en Cataluña, el TSJC se mostró ayer "consciente de la especial delicadeza del tema en discusión para las familias, la comunidad educativa, las instituciones y los ciudadanos en general", pero recordó que "su ámbito de actuación es solo jurídico, y no político".

Los juristas coinciden en que ni la decisión del Supremo ni mucho menos el ultimátum del TSJC obligan a desmantelar, de entrada, un modelo que fija el catalán como única lengua vehicular: todas las asignaturas se imparten empleando ese idioma a excepción de la materia de lengua y literatura castellana y de las clases de idiomas extranjeros. Las resoluciones sí abren la puerta a que, en la práctica y con el tiempo, el sistema quede tocado. Esto podría producirse si, por ejemplo, hay una avalancha de peticiones de padres para escolarizar a sus hijos en castellano. "Si yo fuera Rigau, estaría preocupado, porque la sentencia consiente una interpretación, al menos política, contra la inmersión lingüística", sostiene el catedrático.

La resolución del Supremo toma como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que se pronuncia de forma ambigua: "El catalán debe ser la lengua vehicular de aprendizaje en la enseñanza pero no la única que goce de tal condición", dice, y añade que el catalán debe ser "el centro de gravedad" del modelo educativo.

Las principales asociaciones de jueces instaron a la Generalitat a cumplir el auto más allá del choque de declaraciones con fines electorales. "No hay un problema lingüístico ni jurídico", dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, que atribuyó la polémica a interpretaciones "interesadas". El secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Antonio Ballesteros, añadió que la sentencia "da un amplísimo margen" la Generalitat para que "el castellano también sea un instrumento en la enseñanza".

El Gobierno catalán se ha involucrado al más alto nivel para responder al auto del TSJC. El Departamento de Enseñanza recabó ayer más datos para fundamentar el recurso contra la resolución del tribunal antes del 7 de septiembre. Este recurso ahondará en los argumentos ya esgrimidos por Rigau. Se trata de defender que el modelo educativo catalán cumple con la Constitución, tal como aprecia el Tribunal Constitucional; y de demostrar que permite a los alumnos adquirir nociones similares de catalán y de castellano, por lo que se trata de un sistema exitoso que al entender de la Generalitat no requiere ninguna modificación.

Esas mismas razones son las que Enseñanza ha dado a las cerca de 500 familias que reclamaron para sus hijos una enseñanza con mayor presencia del castellano. Esas quejas proceden de un documento con la firma de 500 padres que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, presentó el pasado julio con la vista puesta en las elecciones autonómicas. "Ni hemos recibido más quejas de alumnos ni nos constan más quejas en los tribunales", aseguró una portavoz de Enseñanza. Convivencia Cívica asegura que 800 familias han acudido a la justicia para defender su derecho a escoger el idioma escolar.