Suprimir municipios, misión imposible

Al borde del abismo, en mayo pasado Grecia tomó una decisión drástica donde las haya: acabar de un plumazo con 679 municipios. Solo sobrevivirán los Ayuntamientos que tengan al menos 10.000 almas sobre las que mandar y a las que servir. El ahorro estimado de la medida -que implica compartir servicios- se calcula en 1.185 millones de euros.

Hoy, con una gran tijera gobernando España por la crisis, la idea de eliminar municipios hace fortuna entre las patronales de empresarios y los expertos en el sector público, que aluden a las experiencias en esta dirección en otros países como Dinamarca o Japón. En enero pasado, en España existían 8.114 municipios. Con la creación de uno nuevo en abril, Villanueva de la Concepción (Málaga), suman ya 8.115, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Más de la mitad no alcanzan las mil personas. Y un millar tiene menos de cien habitantes. El menos poblado es Illán de Vacas (Toledo), con cinco personas.

El Gobierno cree que suprimir Ayuntamientos es "crear problemas"

Más de la mitad de los pueblos tienen menos de mil habitantes

Valencia propuso sin éxito suprimir los municipios hasta 500 vecinos

Chaves cree que una medida así es como "ofender al ciudadano"

Núcleos separados por una calle tienen distintos servicios de basuras

Con diputaciones y mancomunidades reforzadas se evitan duplicidades

¿Sobran municipios en España? ¿Tiene sentido imitar a Grecia? ¿Alberga alguna intención el Gobierno de alentar fusiones entre municipios? Las respuestas a la consulta de EL PAÍS muestran hasta qué punto la teoría, que puede apuntar en efecto hacia la bondad de algún tipo de poda por cuestión de eficiencia, se estrella contra la realidad. España es un país de consolidada tradición municipalista y con frecuencia despiertan las ansias de autonomía de barrios diferenciados en numerosos municipios. En los últimos 15 años se han creado, con la imprescindible luz verde de las respectivas autonomías, 23 nuevos municipios, aunque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) precisa que desde 1978 se extinguieron 45.

"No podemos olvidar que en España existe un sentimiento de identidad muy arraigado con respecto al pueblo o ciudad de cada uno", enfatiza en esta línea la FEMP, que preside Pedro Castro, alcalde socialista de Getafe. "Al margen de cuestiones políticas", añaden fuentes de la federación, "habría que considerar las dificultades sociales que pudieran derivarse (de la supresión de municipios) en cada territorio afectado". La FEMP se reivindica como "principal interlocutor" en el espinoso debate. Pero ¿hay debate?

Según el Gobierno, no. El vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha declarado que plantear la supresión de municipios -el líder del PP, Mariano Rajoy, había comentado que hay "demasiados"- es "ofender a los ciudadanos y crear problemas". La FEMP, que es todo menos monolítica, dice que tampoco se ha planteado el debate, y que solo lo vería enmarcable "en un proyecto más amplio de replanteamiento institucional del Estado, para el que sería ineludible un gran acuerdo político".

"Las condiciones de Grecia son distintas, por la coyuntura económica y por la estructura administrativa de nuestro país, pero además plantearlo sería abrir un melón de consecuencias imprevisibles", señala el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. "Que haya muchos municipios no es un problema en sí", añade, "pero en la actual austeridad vemos convenientes mecanismos que ayuden a racionalizar el gasto para dar servicios de calidad, a través de las mancomunidades, o con un mayor papel para las diputaciones".

Evocar la supresión sulfura a los alcaldes. "Primero, que me digan qué Ayuntamientos quieren eliminar, que digan cuáles", reta el de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos (PSC). "Es como si el Gobierno, por haberse desmadrado con el gasto, sugiriera como solución fusionarse con Francia", ironiza el de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa (PP). Ambos aluden a la auténtica prioridad: mejorar la financiación local.

Sin embargo, numerosos expertos en el sector público no ven las cosas igual. "Evidentemente, sobran municipios. Es imposible que municipios con 80 personas o menos puedan prestar servicios de calidad", alerta el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Xavier Boltaina. "Otra cosa es que sea fácil fusionarlos", admite Boltaina. "Haría falta una fuerte voluntad política y un consenso político, social y sindical, porque implicaría reorganizar recursos humanos, estructuras políticas, empleos y sentimientos", alerta este profesor, convencido de que solo una fórmula de agrupación de localidades "que respetara la idiosincrasia local" podría tener éxito.

Pero ni siquiera con tiento resulta fácil la cosa. En Cataluña, hace nueve años, el entonces consejero de Gobernación Josep Antoni Duran Lleida (UDC) encargó a un equipo de expertos dirigidos por Miquel Roca, ex secretario general de Convergència, un informe de base para revisar la organización territorial de Cataluña. El Informe Roca propuso como medida "imprescindible", entre otras, la eliminación de 200 municipios con menos de 250 habitantes, respetando su identidad. Fue un terremoto. La Asociación Catalana de Municipios (ACM), dominada por pequeños municipios gobernados por CiU, montó en cólera. El Parlament rechazó el informe. Todos los grupos renunciaron a imponer fusiones.

"Iría bien desempolvar ese informe", comenta ahora Lluís Saura, socio director del departamento de Derecho Público del bufete Roca Junyent. El debate territorial, siguiendo con Cataluña, acaba de vivir otro episodio con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que en teoría da por buenas las veguerías siempre que estas respeten la delimitación geográfica de las actuales provincias. Y no es el caso, porque el Estatuto propone siete veguerías y Cataluña tiene cuatro provincias. Las críticas a la superposición de niveles de distintas Administraciones también han llovido desde la CEOE, cuyo presidente, Gerardo Díaz Ferran, apuntó sobre todo al ámbito local, donde "muchas entidades no alcanzan el tamaño mínimo necesario para gestionar eficientemente sus recursos públicos".

Alagón del Río, uno de los últimos cuatro municipios creados en España, tiene clara la respuesta a estos planteamientos: "Que todas esas voces bajen a la tierra. Cada caso es un mundo. Y que no se olviden de que lo importante es que el vecino esté atendido", remacha Ana María Soguer, su alcaldesa. Alagón del Río logró emanciparse de Galisteo, cada uno con cerca de mil habitantes pero separados por cinco kilómetros. "Pagábamos nuestros impuestos al municipio matriz, pero este no daba a nuestros vecinos la misma atención que a los suyos, podía incluso estrangular a la población", dice Soguer. Alagón fue primero pedanía, con un alcalde elegido a dedo por el municipio matriz. Luego logró ser entidad local menor y gozó de mayor autonomía. "Pero no recibíamos los servicios según nuestra contribución", insiste la alcaldesa. Ahora, Alagón defiende su propio pabellón deportivo, y su biblioteca municipal, y su propio juzgado de paz, aunque, concede Soguer, "por supuesto hay que ser exquisito con la eficiencia en el gasto".

Saura, de Roca Junyent, critica que "sin la financiación adecuada muchos municipios no pueden afrontar las múltiples competencias que tienen asignadas, y a menudo asumen más de las que les corresponden", en servicios sociales o educativos, por ejemplo. "Sobre todo los pequeños Ayuntamientos manejan competencias y prestación de servicios que deben plantearse desde una perspectiva supramunicipal, como la planificación urbanística", dice Saura.

La FEMP aduce que para eso están las mancomunidades y también la asistencia a los pequeños municipios que ejercen las diputaciones iniciales (aunque el ministro de Fomento, José Blanco, se ha interrogado sobre el sentido de mantenerlas).

Las mancomunidades, en efecto, existen, "y permiten que se compartan servicios que los municipios difícilmente podrían tener por separados", concede el profesor de IESE José Ramón Pin, "pero suelen atender servicios muy específicos, las basuras, la policía". Pin piensa en "la lógica de abordar fusiones por eficiencia económica, o concentrar competencias de verdad en auténticas confederaciones de municipios, que conllevaran menos funcionarios y racionalizar el gasto. El egovernment es muy útil".

La Comunidad Valenciana asegura haber dado un paso en esa dirección, aunque está por ver si se concreta. La nueva ley valenciana de Régimen Local propone crear "un régimen de gestión compartida de personal, servicios y otros recursos para ahorrar y dar mejor atención a los municipios", explican fuentes de la consejería de Seguridad y Ciudadanía.

La ley autonómica contempla incluso la supresión de un municipio, siempre voluntaria, si se incorporan uno o más municipios a otros limítrofes, o si se da una fusión, o por despoblación, aunque Valencia se escuda en que la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local ya confiere al Estado la potestad de "establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales". O por despoblación. El consejero valenciano de Seguridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, armó una pequeña revolución al apostar por la "fusión o supresión" de Ayuntamientos, los de menos de 500 habitantes. Aunque luego modeló su discurso, también consideró "absolutamente injustificable que dos Ayuntamientos solo separados por una calle tengan su propio servicio de recogida de basura, agua o policía".

Comparten calle pero no servicios de basura, por ejemplo, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, cuyas espaldas cargan con una larga historia de rivalidades y agravios comparativos desde que, en 1492, los Reyes Católicos accedieran a conceder la independencia a San Sebastián, cuyos colonos pedían justicia ante la tiranía del Conde Puñoenrostro, señor de Alcobendas. En 1984, el intento de mancomunar servicios por ambas localidades, interpretado como intento de fusión, derivó en cristales rotos de un coche de policía y en un intento de agresión a los dos alcaldes de la época.

"Eso es el pasado. Pero sí es cierto que tenemos dos culturas diferentes y no tiene mucho sentido hablar de unificación. San Sebastián de los Reyes tiene aún un 70% de desarrollo por hacer, mientras que a Alcobendas le quedará un 15%", comenta Manuel Ángel Fernández Mateo, alcalde de Sanse. Ignacio García Vinuesa, su homólogo de Alcobendas, tampoco ve "las ventajas de unir municipios, salvo que se planteen expedientes de regulación". "Suprimir Ayuntamientos no garantiza menos gastos y los servicios que dan requieren proximidad". García Vinuesa reitera que el problema real es la necesidad de abordar una nueva financiación para las asfixiadas arcas locales.

Ambos alcaldes tienen contratado con la misma empresa el servicio de recogida de basuras, pero están dispuestos a reconsiderarlo. Las reuniones se suceden, con fines como diseñar el carril bici que recorre ambos municipios o las infraestructuras de los futuros desarrollos. "Tal vez algunos servicios deberían mancomunarse de forma obligatoria, ampliar el poder de las mancomunidades, aunque ello, claro, supone perder soberanía", admite el alcalde de San Sebastián de los Reyes.