El Supremo desborda la objeción y examina Ciudadanía a fondo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo prosiguió ayer sus deliberaciones en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero desbordó el marco inicial del proceso y amplió el campo de los debates. El Pleno, integrado por 30 magistrados, determinará no sólo si es posible la objeción de conciencia a la asignatura, sino incluso si los contenidos de ésta vulneran el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según el artículo 27.3 de la Constitución.

Según fuentes jurídicas consultadas, los magistrados han decidido utilizar la facultad que les concede el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo con el cual el Supremo puede anular cualquier disposición general cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de una norma. Así, además de la objeción de conciencia de los padres, los magistrados acordaron entrar en el fondo y examinar si la asignatura de Educación para la Ciudadanía y su incardinación en el currículo educativo es acorde o no al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

Al desbordar el marco del debate y decidir ir al fondo del asunto, las posiciones se encuentran más enconadas, dado que aunque una mayoría se inclinaría a desechar la objeción de conciencia, el Pleno estaría muy dividido, casi en empate, sobre si determinados contenidos de la asignatura desbordan el marco constitucional.

En ese sentido, decidieron revisar sentencias posteriores a las que son objeto inicial de los recursos: la del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en que puntos estaban en desacuerdo con la asignatura y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en que puntos estaban en desacuerdo.

En sentencias posteriores a éstas se entra a debatir sobre contenidos concretos de Educación para la Ciudadanía, por lo que el Pleno quiere tener todos los antecedentes antes de pronunciarse. Incluso, según algunas fuentes, podrían disponer y examinar libros de texto que aparentemente excedan del marco de la asignatura. Los magistrados disponen también de un extenso dossier con decenas de estudios sobre jurisprudencia internacional y sobre el tratamiento que se da a la asignatura en otros países europeos, así como de los antecedentes y documentación de todo tipo.

Al haberse extendido la cuestión inicial a un debate de fondo se ha complicado todo el asunto de tal manera que ayer ni siquiera tenían muy claro cómo iban a establecer el sistema de votación. Sin embargo, todos eran conscientes que de la forma en que se produzca ésta puede depender en buena medida el resultado, dado que los magistrados se encontraban anoche muy divididos, y el asunto muy liado.

El Pleno resolvió también que uno de los magistrados, Ricardo Enríquez, que ayer por la tarde tenía que someterse a una pequeña intervención quirúrgica programada hace tiempo, no se reincorporase ni ejerciese el voto. De haber esperado a su restablecimiento, las sesiones habrían tenido que aplazarse a la próxima semana.

Al finalizar la sesión de la mañana todos los magistrados habían intervenido en una primera ronda y tenían previsto iniciar una segunda para que intervinieran aquellos que quisieran hacer uso de la palabra. Las deliberaciones proseguirán a las diez de la mañana de hoy, por tercer día consecutivo. Los magistrados acumulan más de 15 horas de debates, cuando la cuestión inicial, según los expertos, podría haberse resuelto en un par de horas si no se hubiese convocado un pleno de 30 jueces.