Sólo tres comunidades autónomas cumplen la ley de zoológicos de 2003

Cuatro años después de la aprobación de la ley de zoos de 2003, sólo tres comunidades autónomas, Andalucía, Madrid y Navarra, que aglutinan 47 de los 134 zoológicos que existen, han implantado la normativa sobre conservación de la fauna silvestre. Otras ocho ni siquiera tienen el órgano responsable de las inspecciones, entre otras cosas. La situación de los zoos españoles sigue siendo precaria, muchos cuentan con una política deficiente de conservación de los animales y con alojamientos poco seguros, según figura en una guía de actuación que presentó ayer el Ministerio de Medio Ambiente.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, manifestó ayer su "profunda insatisfacción" por el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas de la Ley de parques zoológicos de 2003. "No han hecho los deberes", declaró durante la presentación de la guía de actuación para la aplicación de esta norma.

El cumplimiento de la ley de zoos es muy desigual en toda España. Desde que se aprobó, en 2003, cinco comunidades han asignado las competencias sobre el cuidado de estos centros a la Consejería de Medio Ambiente, sólo o compartida con la de Agricultura. Sin embargo, en otras ocho ni siquiera se ha designado el órgano responsable de velar por el cumplimiento de las leyes. Narbona no quiso especificar cuáles son las comunidades incumplidoras, pero les dio como plazo para empezar a aplicar la normativa hasta la próxima conferencia sectorial, que se celebrará después de las elecciones municipales del 27 de mayo.

La ministra explicó, sin embargo, que también hay una "responsabilidad propia de los centros" en el cumplimiento de la legislación. "Una cosa es que las comunidades autónomas no hayan hecho los deberes y otra es que los parques zoológicos estén mejor o peor conservados", declaró Narbona, quien recordó que la mayoría de estos centros son privados.

Medio Ambiente se ha visto obligado a elaborar la guía ante el incumplimiento reiterado de la mayoría de las comunidades, en cuyas manos está vigilar por el bienestar y buen estado de las instalaciones que acogen animales. Incumplimiento que ya le ha valido a España una carta de emplazamiento de la Comisión Europea en la que se advierte de la "mala aplicación" de la directiva comunitaria sobre parques zoológicos de 1999, que fue incorporada al derecho español en la ley de 2003.

Los zoológicos españoles tienen una gran carencia de "políticas conservacionistas y educativas", según la guía de Medio Ambiente. El documento, hecho público tras la advertencia de Bruselas, da una serie de pautas a los dueños y empleados de los zoos y a las comunidades. La guía habla sobre las debilidades y las amenazas que caracterizan los zoológicos españoles. Problemas como la reducida implicación en proyectos educativos y de investigación conservacionista, la ausencia de colaboración de muchos de estos centros con las universidades y las administraciones públicas, la existencia de alojamientos poco seguros y con baja calidad ambiental y, sobre todo, la ausencia de regularidad en las inspecciones.

España es, con Italia, el país que más infringe la normativa europea, según Medio Ambiente. Sin embargo, las quejas admitidas a trámite por Bruselas se han reducido considerablemente desde 2004. Para la ministra, la situación de los zoológicos españoles está mejorando. "Actualmente hay 60 procedimientos de infracción abiertos y de ellos sólo siete son a la Administración General del Estado", aseguró.

Alberto Díez, de la asociación ecologista Anda, una de las organizaciones que denunció ante Bruselas la situación de los zoos españoles, se mostró ayer "satisfecho", con la nueva guía elaborada por el ministerio, la Fundación Biodiversidad y la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios. "Aún queda mucho por hacer en todas las comunidades. Que tres de ellas hayan implantado todas las herramientas para que se cumpla la norma no quiere decir que en ellas no haya zoos que no la cumplan", matizó Díez.

Anda denunció la situación de los zoológicos españoles en general y de ocho casos en particular. Cuatro de ellos están en dos de las comunidades que, según Medio Ambiente, cumplen la legislación (Andalucía y Madrid).