Sanidad admite que el copago está sobre la mesa

Por primera vez desde que tomó posesión, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, admite que el copago sanitario está sobre la mesa , aunque no figura ahora mismo entre los planes del Gobierno. Ayer, durante la presentación del barómetro sanitario 2009, que analiza las opiniones de los españoles sobre el sistema nacional de salud, explicó que la posibilidad de cobrar una cantidad por los servicios sanitarios (hoy gratuitos) se está estudiando. Pero aclaró: "Hay dudas suficientemente amplias como para no adoptar la medida en este momento".

Entre esas dudas está la dificultad para implantar el copago y el riesgo de que afecte a los más desfavorecidos. "El copago ha sido un tema recurrente en los debates desde hace más de 20 años. Un tema que ha estado en el cajón de todos los ministros de Sanidad igual que lo está en el mío desde que llegué", dijo, "pero todavía no hay acuerdo" al respecto.

Los ciudadanos dan un 6,35 al sistema de salud en el barómetro sanitario

Las listas de espera se confirman como el aspecto peor valorado

El copago es un tema polémico que Jiménez siempre ha rechazado tajantemente. Pero ayer tuvo que suavizar sus palabras, porque la opción de cobrar una cantidad por visita se ha planteado como una de las medidas para frenar el déficit creciente al que se enfrenta España.

Así lo admitió ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. El Gobierno estudió esta fórmula como una de las alternativas en el plan de recortes aprobado la semana pasada, dijo, pero optó por reducir el precio de los fármacos.

El motivo de esta elección, según explicó Ocaña, es que ambas medidas tendrían un efecto similar en las finanzas del Estado, pero que el abaratamiento de los medicamentos es una medida más redistributiva, por no castigar a las clases menos favorecidas. Con la segunda oleada de recortes en Sanidad -rebajas en el precio de los fármacos de patente y el establecimiento de la unidosis- se logra un ahorro de unos 1.300 millones de euros anuales.

La opinión sobre el copago no es una de las variables que estudia el barómetro sanitario presentado ayer. Sin embargo, este estudio, realizado por el CIS con las entrevistas a casi 8.000 ciudadanos, revela que siete de cada diez creen que el sistema nacional de salud funciona "bien o bastante bien". Los españoles le dan una nota de 6,35 puntos en una escala del 1 al 10, la calificación más alta de los últimos siete años. Entre los más satisfechos: navarros, asturianos y riojanos. Los que menos canarios, gallegos y murcianos. A pesar de esto, la mayoría considera que necesita cambios.

Entre las asignaturas pendientes a mejorar están las listas de espera. Uno de los puntos peor valorados por los ciudadanos. Los españoles creen además, según el barómetro sanitario, que las autoridades no están haciendo nada para mejorar atajar esas demoras. La facilidad para conseguir cita con el especialista y el tiempo en lograr los resultados de las pruebas diagnósticas también se encuentran entre los temas peor valorados.

A pesar de esas esperas los ciudadanos prefieren, de media, los servicios sanitarios públicos frente a los privados. Sólo gira la balanza hacia la sanidad privada cuando se habla de confort de las instalaciones (el 56,7% de los españoles preferiría la privada frente al 33,6% que optaría por la pública), rapidez en la atención (65,6% frente a 28,5%) y trato personal (44,1% frente al 39,9%). En atención especializada, primaria, urgencias e ingresos hospitalarios los españoles prefieren la sanidad pública. Sin embargo, los ciudadanos que se manifiestan partidario de esta opción descienden ligeramente respecto al año anterior. En atención especializada un 46,8% de los españoles prefiere la pública frente al 45,2 de la privada. En el anterior barómetro los partidarios de ir al especialista por la pública eran 47,9% frente a 43,6. En urgencias y en ingresos hospitalarios también descienden un punto porcentual los partidarios de la sanidad pública.

El estudio evidencia además que una mayoría de españoles (el 47,4%) cree que hay que endurecer la ley antitabaco. En 2006, cuando entró en vigor, sólo el 34% era favorable a una norma más restrictiva. Son aún más (57,9%) los que consideran que la norma vigente se respeta poco o nada. Son mayoría los ciudadanos que piensan que además la actual ley no ayuda a que se fume menos en todos los sitios (un 48%).