Parón de abortos hasta que pague Castilla-La Mancha

Las siete clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian "reiterados incumplimientos en los pagos" de las intervenciones realizadas desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que garantiza a las mujeres la cobertura de esta prestación con cargo a la sanidad pública.

Las clínicas Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir gratuitamente a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las clínicas. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de IVE a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.

La deuda asciende a más de un millón de euros, aseguran los centros

"Son un proveedor más de los que no están cobrando", asegura el Sescam

Solo una de estas siete clínicas, Cire, está situada en la región, en Ciudad Real. El resto son de Madrid, Murcia, Valencia y Albacete. Cuando se aprobó la Ley de Salud Sexual, Derechos Reproductivos y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite abortar libremente y de forma gratuita a las mujeres con gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron estas siete clínicas, que atienden a las mujeres de manera gratuita cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al Sescam.

"Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes", asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero, mostró ayer su "sorpresa" por el plante y aseguró que la primera petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del sistema público.

El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. "Tenemos dificultades para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de proveedores", aseguró. "Nuestra prioridad es ser equitativos con todos ellos". De momento, lo que van a encontrarse las mujeres castellanomachegas que acudan a las clínicas concertadas para someterse a una IVE es que les van a denegar la prestación de una intervención que, por ley, debe ser gratuita. Torres precisó que, en caso de situaciones sociosanitarias o económicas complicadas, harán una excepción por "compromiso con las mujeres". Carretero aseguró que su intención es ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de desbloquear la situación. "Claro que nos preocupa. Primero tenemos que comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a durar", explicó. "Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías alternativas", añadió, sin precisarlas.

El pulso de las clínicas de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia.