El PSOE renuncia por ahora a obligar a vivir con ruido aéreo

El PSOE se vio obligado ayer a retirar la enmienda a la llamada ley ómnibus de servicios con la que pretendía modificar in extremis la Ley de Navegación Aérea de tal forma que iba a obligar a los habitantes cercanos a los aeropuertos a soportar el ruido de los aviones. La modificación ha sido fuertemente contestada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, que ayer lograron el respaldo de una amplia mayoría de grupos del Senado, donde se votó la norma. La ley se aprobó con decenas de enmiendas, pero no con ésta.

El Grupo Socialista, en todo caso, dejó claro que el asunto no quedará aquí. Antonio Hurtado, que ejercía de portavoz, aseguró que la modificación tendrá que hacerse en un momento u otro. En otra ley o en una legislación específica. Ahora hay que retomar las negociaciones con la Comunidad de Madrid, los vecinos afectados y los grupos políticos, que ayer criticaron el intento de introducir semejante modificación de tapadillo.

Oleada de demandas

La propuesta pretendía modificar la Ley de Navegación Aérea, para evitar una oleada de demandas contra AENA y, a cambio, ampliaba enormemente el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente. En octubre de 2008, el Tribunal Supremo falló que el ruido de los aviones invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete). El tribunal ordenó también reducir los vuelos en configuración sur un 50%.

Fuentes de otros grupos destacaron que se trata de un problema mayúsculo para Iberia en su fusión con British Airways. En esa fusión, Iberia aporta principalmente la exclusividad del nuevo aeropuerto de Barajas para convertirlo en el puente de British Airways hacia Latinoamérica.

Hurtado pintó ayer un negro panorama si se cumpliera la ley de acuerdo con la interpretación que han hecho los jueces. Si se consolidan este tipo de sentencias habría que reducir el tráfico en la nueva pista de Barajas un 20%, en vez de aumentarse como estaba previsto. Las consecuencias serían unas pérdidas de 1.250 millones de euros y poner en peligro hasta 47.000 empleos, según aseguró ayer Hurtado. En nombre del PSOE pidió "responsabilidad" porque es necesario "para la economía de este país".