Navarra recurre al Constitucional para evitar el aborto en su territorio

El Gobierno de Navarra será la primera institución en recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto, que establece la libertad para interrumpir el embarazo hasta la semana 14 y hasta la 22 bajo determinados supuestos. Así lo decidió ayer, en sesión ordinaria, el Gobierno foral, de UPN, argumentando que la normativa invade las competencias de la comunidad. ¿El principal motivo? Impedir, como hasta ahora, que estas intervenciones se realicen en suelo navarro.

Para el Gobierno que dirige Miguel Sanz, los motivos de inconstitucionalidad son claros. Según explicó su consejera de Salud, María Kutz, la nueva ley supone un "contrafuero", ya que "invade las competencias de la Comunidad Foral en su capacidad organizativa y de funcionamiento de los servicios sanitarios" amparadas por el artículo 149 de la Constitución y el 53 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Sanz se aferra a que la norma garantiza el derecho en centros nacionales

Hasta la fecha se ha escudado en la objeción médica de conciencia

Para la consejera, la "invasión" de competencias se produce en la disposición final quinta de la ley del aborto, que precisa que se debe garantizar la prestación en la comunidad autónoma donde vive la mujer si ella así lo solicita. Esta disposición tiene su origen en una enmienda presentada en su día en el Congreso por la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos.

Asimismo, la consejera criticó la "torpeza" de las personas que han legislado al "contradecir esta disposición final quinta con el propio articulado de la ley". Concretamente el artículo 18 indica que esta prestación estará incluida en la cartera de los servicios comunes del Servicio Nacional de Salud y que los servicios públicos en el ámbito de sus competencias garantizarán el derecho a la misma.

Para ello, y según añade el artículo 19, la interrupción del embarazo se podrá realizar en centros de la red sanitaria o vinculados a la misma (concertados) y, si no se pudiera facilitar la prestación, la mujer tendrá derecho a ser atendida "en cualquier centro acreditado del territorio nacional". La propuesta de recurso de Navarra recalca que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud "debe ser garantizada, sin prejuicio de que la prestación se dé con recursos públicos o concertados, en su ámbito geográfico o en otro, siempre que se aseguren los mecanismos de remisión".

Esta ha sido precisamente la vía que ha utilizado hasta ahora el Gobierno navarro para impedir que las interrupciones incluidas en los supuestos legales se practiquen Navarra. Ni en la sanidad pública, ni en la privada. Las mujeres que deciden abortar se ven obligadas a recorrer cientos de kilómetros para ejercer un derecho garantizado por ley desde que en 1985 se despenalizara el aborto en España.

El Gobierno de Navarra corre con los gastos del viaje, la intervención y dietas para que estas mujeres interrumpan su embarazado en centros de Madrid, Zaragoza y Bilbao con los que el Ejecutivo foral tiene firmados conciertos. Sin embargo, son muy pocas las embarazadas que deciden acogerse a estas ayudas. De las 700 mujeres de procedencia navarra que abortaron en 2007, sólo 51 recibieron la subvención gubernamental.

El Ejecutivo foral se defiende asegurando que "siempre cumple la ley", y se refiere a la objeción de conciencia de los médicos navarros en una comunidad donde la presencia del Opus Dei es innegable, sobre todo, en el ámbito sanitario: dirige la clínica Universidad de Navarra y la única Facultad de Medicina de la región.

Horas después de que se conociera la intención de interponer un recurso, el Partido Socialista de Navarra presentó en el Parlamento foral una moción en la que se solicita el cumplimiento íntegro de la ley del aborto, que se garantice su plena aplicación en Navarra, y, por ende, la retirada del recurso. Para la portavoz socialista de Salud, María Chivite, la nueva norma "soluciona el problema" que la objeción de conciencia creaba en Navarra y que era "la superexcusa a la que se acogía siempre UPN". Por eso, añadió, ahora van a hacer todo lo que sea para no aplicar otra vez la ley en Navarra, a pesar de que, "en contra de lo que dicen, sí hay médicos dispuestos a practicar interrupciones aquí".

El plazo para presentar el recurso finaliza el 3 de julio, fecha de entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra remitirá ahora su acuerdo de recurso al Consejo de Navarra para que este, "con carácter de urgencia", emita el preceptivo dictamen.