Justicia de doble velocidad

Si existe una imagen asociada a la justicia española es su lentitud. También está extendida la creencia de que los jueces españoles trabajan poco. Pero no es un diagnóstico suficiente, porque los males del sistema judicial, como los de la sanidad o los de la educación, responden a causas diversas que no se solventan únicamente con una mayor presencia del juez en su despacho. Como tampoco se resuelven los males endémicos del sistema sanitario exigiendo a los médicos que pasen más tiempo en los hospitales o a los profesores en los centros educativos, si, además, no disponen de los medios humanos y técnicos para trabajar en mejores condiciones.

¿Ha de permitirse que algunos jueces acumulen más de un centenar de casos pendientes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga mecanismos eficaces de control más allá de las inspecciones rutinarias que sirven de poco y que se anuncian semanas antes? ¿Es tolerable que muchos secretarios judiciales pasen buena parte de su horario laboral en la sala de vistas mirando al techo, mientras el equipo de grabación cumple su función y da fe pública del juicio, en lugar de dedicarse a la gestión y tramitación de los procedimientos? ¿No debería exigirse a todos los funcionarios judiciales una mínima preparación antes de ponerlos a redactar escritos que a menudo revisa el juez porque no se fía de lo que ha de firmar? ¿No parece increíble que en plena época de Internet no exista un sistema informático que conecte un juzgado de Sevilla con otro de Barcelona, por ejemplo? ¿Es inevitable que cada día se desperdicien miles de horas de la jornada de policías, forenses y peritos antes de entrar a testificar un minuto ante un tribunal, situado en ocasiones en la otra punta de España, para decir que se ratifican en el informe emitido en su día, en lugar de declarar por videoconferencia?

Un caso contencioso tarda cuatro años en Andalucía y siete meses en La Rioja

Robles: "La planta judicial está muy mal diseñada y hay grandes diferencias"

No existe el equivalente a un control de calidad de las resoluciones

La ciudadanía sigue sin notar mejoras en un sistema básico para la sociedad

Son algunos ejemplos de lo que ocurre con la justicia en España. La relación de preguntas podría continuar, aunque la respuesta sería siempre la misma: falta voluntad política para atajar los males crónicos. Y eso compete al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. De unos depende el control sobre los jueces, de otros la política judicial y los secretarios judiciales, mientras una decena de autonomías tienen traspasadas las competencias sobre los funcionarios y los medios materiales, como el sistema informático.

Ahora no existen mecanismos de control eficaces sobre la labor de los jueces, su capacidad y dedicación que permita despojarlos del recurrente paraguas de la "independencia" que todo lo justifica, incluida la escasa dedicación al trabajo en algunos casos. Pero si no dan abasto por el colapso de expedientes que sufren, si no tienen sistemas informáticos eficientes, si los secretarios judiciales están infrautilizados y si los funcionarios no están formados es difícil que se invierta el panorama actual, en la que cada partido judicial es un reino de taifa. De esta manera, un mismo caso no sólo puede acabar de una manera o de otra en función del juez que a uno le toque, sino que el tiempo hasta obtener sentencia puede ser hasta cinco veces superior en función de dónde se tramite.

Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tarda casi cuatro años en resolver un contencioso administrativo, mientras que en La Rioja el tiempo es de siete meses. Un asunto civil se resuelve en 10 meses en Baleares y de cuatro y medio en Navarra. Un juzgado de lo social de Canarias tarda 10 meses y medio en terminar un asunto, mientras que en el País Vasco y Cataluña lo hacen en cuatro.

Son algunos de los datos de 2008 extraídos de las memorias del Consejo General del Poder Judicial que avalan la doble velocidad de la justicia, según la jurisdicción de la que se hable, el número de asuntos que entran, el partido judicial y, cómo no, la dedicación de los jueces. Pero también de las condiciones en las que trabajan.

España es uno de los países de la Unión Europea con menor proporción de jueces. Un estudio del Consejo de Europa realizado en 2008 lo situaba en el número 38 de 47 Estados. La estadística del CGPJ indica que al iniciarse aquel año había en España 4.674 jueces, lo que supone 10,15 plazas por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2001 eran de 9,57 plazas.

Ese ligero aumento de jueces ha ido acompañado de un desorbitado incremento de los pleitos. En la jurisdicción penal, por ejemplo, se ha pasado de 5,4 millones de casos registrados en 2001 a 6,6 millones en 2008. En ese tiempo, los asuntos civiles casi se duplicaron (de 892.965 a 1.708.762), y en la jurisdicción social se pasó de 323.390 a 420.699, sin contar la avalancha que ha llegado en los últimos meses por la crisis económica. Lo mismo ocurre en la jurisdicción contencioso administrativa, que ha registrado un aumento de 187.686 a 307.146 asuntos.

Y si se analiza lo ocurrido entre 2001 y 2005, cuando se disparó la población española, se comprueba que incluso disminuyó la proporción de jueces. En 2001 había 9,57 por 100.000 habitantes, y en 2005 eran 9,52. Aquella época coincidió con el segundo Gobierno del PP y el mandato del anterior Consejo General del Poder Judicial, cuando se planteó liquidar la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, de la que salen cada año los jueces de toda España. El retorno del PSOE al poder reactivó el centro, y el ministro Francisco Caamaño se comprometió al asumir el cargo a la creación de 750 plazas judiciales en tres años.

"Un juez que trabaje 14 horas al día no puede ser un buen juez. Hay que acabar con esas situaciones", afirma la vocal del CGPJ Margarita Robles, quien también admite sin reparos que "la planta judicial está muy mal diseñada y existen grandes diferencias" en la carga de trabajo. Eso explica que conforme aumenta la experiencia del juez, disminuyen las horas que ha de dedicar al trabajo porque puede optar a destinos más cómodos: de un juzgado abarrotado de pueblo comparable al infierno se pasa a otro que puede ser el purgatorio. De ahí a la placidez de un juzgado o un tribunal de la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior correspondiente. Solo unos cuantos alcanzan la gloria del Tribunal Supremo.

El nuevo CGPJ al que pertenece Robles lleva ya casi año y medio funcionando, y los jueces a los que se consulta siguen sin notar la nueva etapa, más allá del mercadeo de cargos entre el sector progresista y el conservador. Robles replica que "las reformas son complicadas, ningún Ayuntamiento ni comunidad autónoma quiere que le quiten juzgados, pero es evidente que en unos sitios sobran y en otros faltan".

El nuevo ministro de Justicia también lleva poco más de un año en el cargo. Se estrenó tras la primera huelga de jueces de la historia de España, el 18 de febrero de 2009, y su talante nada tiene que ver con el de su antecesor, Mariano Fernández Bermejo. Los jueces dicen que tampoco ha adoptado las medidas necesarias, excepto la supresión del llamado ascenso forzoso de juez a magistrado, que podía comportar en algunos casos que les enviasen a la otra punta de España.

Al igual que Robles, Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, asegura que "no hay soluciones mágicas, sino medidas a corto y largo plazo", al tiempo que enumera los objetivos del plan estratégico que se presentó en septiembre de 2009. "Lo importante es que ahora vamos de la mano con las comunidades autónomas, el CGPJ y el ministerio", insiste. Pero la ciudadanía sigue sin percibir que haya mejorado el servicio. Campo repite que en esta ocasión va en serio, y recuerda que el 4 de mayo entrará en vigor una ley que saca a los secretarios de las salas de vista y los pone a trabajar de verdad, realizando tareas de trámite y gestión de los pleitos que ahora han de pasar necesariamente por el juez.

"Vamos a revolucionar el modelo de justicia actual", asegura Campo con un optimismo que no comparten las comunidades autónomas, que durante más de una década han sido incapaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en un sistema informático que permita intercambiar información entre dos territorios distintos. Por no hablar de la escasa formación que tienen algunos trabajadores, especialmente los interinos. Y eso no depende del Gobierno central, sino de los autónomos.

Los jueces que hacen jornadas infernales de los que habla Margarita Robles no son una excepción. Corresponden a los primeros o segundos destinos y representan un tercio de la carrera judicial. Son 1.529 plazas, y las ocupan profesionales con menos de 40 años, con una proporción de dos mujeres por cada hombre (997 frente a 532). Para el 68,2% de ellos, es su primer trabajo, tras una media de cuatro años y cuatro meses preparando la oposición, dos años en la Escuela Judicial y la carrera.

Una parte de esos jueces no alcanza los 30 años, como Rosa Monrabà, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Balaguer (Lleida). Es un ejemplo de las nuevas promociones que se incorporan a la carrera y que dicen estar hastiadas de promesas políticas, de que las asociaciones judiciales se hayan convertido en agencias de colocación para mercadear con los cargos y de que nadie se ocupe de ellos. Esos jueces exigen condiciones dignas de trabajo antes de que se les cuelgue el sambenito de gandules. Monrabà, por ejemplo, trabaja en un juzgado que no se pinta desde hace dos décadas, donde el mobiliario es preconstitucional y donde los expedientes se extienden por los pasillos y el lavabo. Por las mesas de los funcionarios se acumulan más de 400 escritos pendientes de proveer. Es decir, que la juez decida qué hacer con ellos es mero trámite, pero son imprescindibles para que avance el pleito.

Ella califica su destino de asfixiante, porque asegura que sólo vive para trabajar desde que debutó en julio de 2007. Se ve como una turista de la judicatura, salvo que la maleta que acarrea a diario de casa al juzgado y vuelta está llena de expedientes.

Balaguer es un destino del que huye cualquier juez como de la peste, lo mismo que ocurre en decenas de juzgados. Basta ver el último concurso de ascenso de la categoría de juez a magistrado que resolvió el CGPJ a final de 2009 para comprobar que hay plazas a las que nadie quiere ir porque son un polvorín para la carrera profesional, además de alejarlos de su entorno familiar. Se ofertaron 123 plazas, y sólo se cubrieron 47.

Junto a ese colectivo de jueces que trabajan muchas veces en condiciones cochambrosas, hay también amplios sectores, la mayoría con más de una decena de años en la carrera, que tienen funcionarios especializados, ocupan destinos en los que la carga de trabajo es soportable y ejercen en edificios habitualmente dignos, con una plantilla estable de funcionarios experimentados y casi todos los medios técnicos y humanos que hacen falta. Con todo, a muchos de esos jueces les salen jornadas semanales de hasta 40 horas si se cuentan las que emplean para hacer los juicios, deliberar, escribir las sentencias, autos o recibir abogados. Tampoco faltan quienes apenas van al juzgado o la sección de la Audiencia que les corresponde y les sale gratis.

No existe el equivalente a un control de calidad de las resoluciones que se dictan, más allá del sistema ordinario de recursos. Es decir, que un tribunal puede modificar la sentencia que haya dictado otro, pero no existe ninguna vigilancia sobre los dislates de resoluciones que se dictan en ocasiones, ni tampoco se premian las que resuelven un pleito muy complicado que requiere una inmersión en cuestiones muy especializadas.

Tampoco existe un control de producción eficaz, más allá de los módulos que establece el CGPJ sobre la carga de trabajo deseable y que sólo sirve para hacer estadísticas. Porque no puede valorarse de la misma manera la tramitación de una demanda por un accidente de tráfico sin mayores consecuencias, que un pleito civil por un choque de dos aviones en el espacio aéreo alemán en el que murieron 72 personas y que, por esas cuestiones de la competencia judicial, acabó en un juzgado civil de Barcelona con los abogados de las compañías norteamericanas y cuya sentencia exige meses de trabajo.