Jueces metidos a médicos

Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que le ha llevado a intentar suicidarse. Ahora ha pedido autorización para ir más allá y operarse para modificar los rasgos masculinos con los que nació. Su familia y su médico están de acuerdo. Pero eso no basta.

El Código Penal de 1995 establece en su artículo 156 que las esterilizaciones y cirugía transexual son lesiones. Si el afectado es menor de edad, no vale con que él o sus representantes den su consentimiento. La decisión queda en manos de un juez. "Es la primera vez que se plantea este asunto", afirma Ricardo de Lorenzo, abogado especializado en temas sanitarios (es el presidente de la asociación española de estos expertos). Y achaca la situación a que "en España no está regulada la mayoría de edad sanitaria", como lo está en otros países. En Francia, por ejemplo, está en los 15 años; en Reino Unido, a los 16.

Falta una "mayoría de edad sanitaria" que facilite las decisiones

A los 16 no se puede donar un órgano, pero se podrá abortar

La Ley de Identidad de Género sólo sirve para mayores de edad

El legislador teine miedo de que haya arrepentimiento, dice un penalista

Lo que sí hay es una edad mínima para que los pacientes den su consentimiento, aclara De Lorenzo. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, la establece en 16 años. Pero hay excepciones: interrupción del embarazo, tratamientos de reproducción asistida y participar en ensayos clínicos; no dice nada de cirugía de reasignación de sexo, "y nadie lo tiene claro, ni la ministra de Igualdad [Bibiana Aído] ni el de Justicia, como se ha visto con el debate de la nueva ley del aborto", dice el abogado. Así, resulta que para donar un órgano hay que tener 18 años; para abortar bastará con tener 16; para someterse a una cirugía de reasignación sexual, 18; para operarse del corazón, 16; y hay que tener 18 para participar en un ensayo clínico, señala De Lorenzo como ejemplos del "lío".

Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada Octavio García Pérez, en el fondo de toda esta diversidad normativa hay un problema más serio: "La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que éstos son titulares de derechos", pero la regulación está "muy dispersa". Para algunos asuntos no se les considera capaces para decidir hasta los 18 años y, en cambio, "para lo malo pretendemos bajar a 12 años la responsabilidad penal". "Deberíamos partir de la capacidad natural de juicio de los menores en cada caso", afirma García Pérez. "Aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que puedan tomar", matiza.

En el caso de María, el profesor no duda en defender una interpretación más laxa de la legislación. No obvia que la cirugía de cambio de sexo está incluida en el Código Penal como un delito de lesiones "para proteger la salud de las personas". Pero por eso mismo, "no pueden estar prohibidas las intervenciones que no sólo no perjudican la salud, sino que la mejoran", dice.

García Pérez argumenta que la inclusión de este tipo de intervenciones en el Código Penal junto a las esterilizaciones puede ser contradictoria. "A nadie se le ocurre pedir un permiso judicial para operar a un menor al que hay que extirparle los testículos o los ovarios porque tiene un cáncer", aduce.

Un criterio similar es el que ha usado el médico de María, Iván Mañero, jefe de la unidad de trastornos de género del hospital Clínico de Barcelona. "Resulta chocante que a una menor se la considere madura para abortar, pero no para cambiar de sexo", apunta. Para él, no hay duda: "La transexualidad es una enfermedad que se debería tratar. Si a un menor con leucemia no le tratáramos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues esto también es un problema de salud".

Mañero -"probablemente el médico que más casos de transexuales ha tratado en España", según Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y ex presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales-, debía de saber que con ese criterio se estaba metiendo en un jardín. Aunque en rigor tiene razón (los principales listados internacionales de enfermedades, como el DSM-IV o el CIE-10, todavía incluyen la transexualidad o la disforia de género), esta situación puede empezar a cambiar. La Asociación Americana de Psiquiatría -una referencia en este campo y la organización médica que abrió la puerta a la descatalogación de la homosexualidad como enfermedad- está debatiendo precisamente sacar el transexualismo de su lista de patologías. Porque esta condición es muy especial: no se trata de un trastorno propiamente dicho, pero necesita una intervención médica para solucionarse.

Una de las primeras organizaciones de afectados en reaccionar a las palabras del médico ha sido la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). "¿Acaso alguien sigue defendiendo que una circunstancia personal como es la maternidad sea una enfermedad, por más que en algunos casos requiera hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?", afirma.

La veterana activista Kim Pérez matiza: las personas transexuales "no requerimos que se nos atienda porque suframos de ninguna patología o trastorno, puesto que nuestra transexualidad es sólo una variante natural de la sexualidad, sino por los obstáculos sociales que encontramos en nuestro derecho a la libre expresión humana, y en el dolor y la angustia con que estas dificultades han llenado nuestras vidas".

También el congreso español de sexología que tuvo lugar en León hace un año entró en el debate: "La transexualidad no es necesariamente una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental", dijo la presidenta de su comité científico, Miren Larrazábal.

La diputada del PSOE Carmen Montón, que fue ponente de la llamada Ley de Identidad de Género, aprobada en 2007, insiste en que la ley no regula las condiciones para operarse, sino las necesarias para cambiar los papeles de una persona transexual de manera que reflejen el nombre y sexo que siente como propio. Para ella, fue un gran éxito que se consiguiera que no se exigiera la intervención quirúrgica de reasignación de sexo, sino "que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". De esta manera, se permitía el cambio de papeles sin operación.

Para Zerolo, que también estuvo muy implicado en la ley, el caso de María demuestra "que hace falta un desarrollo reglamentario" de la norma "para recoger esta casuística", que aunque "no sea la habitual", es importante.

No se trataba de una ley caprichosa. Quería facilitar la vida a unas 3.000 personas en España. Porque la transexualidad no es algo tan minoritario. Aproximadamente uno de cada 14.000 bebés con genitales masculinos alberga una identidad femenina. El proceso contrario se da aproximadamente en uno de cada 35.000 niñas. Aplicado al padrón español, unas 3.000 personas, a las que hay que añadir muchos transexuales extranjeros que buscan refugio en España. Porque vivir con una identidad sexual que no se corresponde con la biológica se paga caro en muchas partes. La ONG internacional Transgender Europe calcula que cada tres días una persona transexual es asesinada en algún lugar del planeta.

En teoría, María está a punto de cumplir los requisitos para cambiar sus papeles. Por lo que se ha sabido, lleva ya año y medio hormonándose. Cuando cumpla los dos, ya habrá recibido el tratamiento médico necesario para "acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado" que exige la ley.

Pero hay un inconveniente: dentro de seis meses, María seguirá siendo menor de edad. Y la ley la excluye, salvo que se emancipe de sus padres. Montón y Zerolo apuntan a esa posibilidad para acelerar los trámites que le permitirían operarse si lo desea y, sobre todo, cambiar los papeles. La diputada dice que, curiosamente, nadie, ni siquiera los colectivos de transexuales, planteó modificar el Código Penal cuando se debatió la ley.

Federico Montalvo, del despacho de abogados Asjusa, especializado en derecho sanitario, cree que una opción que hubiera evitado el recurso a los tribunales habría sido que el caso de María lo hubiera visto un comité ético del hospital. Claro que él mismo admite que eso hubiera ocurrido "en caso de conflicto entre el paciente, sus padres y los médicos, lo que no parece ser la situación". De todas formas, en estos "casos frontera" tampoco cree que "sea malo" que intervenga un juez. Eso sí, "habría que habilitar una vía rápida para que lo haga".

En el fondo de la polémica está el miedo de los legisladores de que, si se permite el cambio de sexo muy pronto, la persona pueda "arrepentirse". "Por eso la ley es tan restrictiva, es muy protectora", admite el profesor García Pérez. "Pero en este caso, parece que lo tiene claro. Tiene todas las papeletas para ser feliz", dice Montón. "Los que hablan del cambio de sexo como un capricho no saben lo que dicen; no han estado cerca de una de estas personas y no saben por lo que tienen que pasar", afirma desde Valencia la diputada.

Aunque la parlamentaria admite que la idea de permitir el cambio a los menores ni siquiera fue compartida por muchos de los expertos que comparecieron en el congreso cuando se estaba debatiendo la Ley de Identidad de Género. "Los del Colegio de Psicólogos nos aconsejaron que los dejáramos fuera", recuerda.

Jos Megens, de la unidad de género de la Universidad Libre de Ámsterdam, lo tiene claro: "Cuanto antes se empiece la reasignación de sexo, mejor. Si se consigue actuar antes de la pubertad, la terapia hormonal es más efectiva. Las chicas no tienen la menstruación, que es una de las cosas que más les traumatiza, y las operaciones de extirpación de mamas dejan menos cicatrices", afirma. "Los chicos enseguida se ponen fuertes; en tres meses de hormonación nadie diría que nacieron chicas", añade Zerolo.

En el centro de Megens han llegado a tratar niños de 6 a 10 años, aunque por cuestiones legales no empiezan la hormonación hasta los 16 y retrasan la cirugía hasta los 18. Eso sí, el médico holandés afirma que sólo un tercio de los casi 100 menores de 10 años que ha visto en su unidad eran auténticos transexuales.

Gina Serra, la presidenta de la Asociación de Transexuales de Cataluña, cree que a partir de los ocho años un niño ya sabe si está "en el cuerpo correcto". También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha pedido "respeto para la identidad sexual de los menores". "En unas edades donde la integración social es clave y el pronto tratamiento es básico para un mejor resultado, judicializar la atención sanitaria integral, retrasándola durante meses e incluso años, no beneficia ni social ni psíquica ni físicamente a los afectados", afirma la federación.

Mar Cambrollé, su portavoz, insiste: "Si yo como adulta puedo solicitar una atención sanitaria integral que incluye la cirugía de reasignación de sexo, no entiendo por qué una chica de 16 años, que tiene el apoyo de sus padres y una recomendación sanitaria, tiene que pedir permiso a un juez. Si dicho tratamiento es necesario según los médicos, los padres y la joven y no pone en riesgo la vida de la persona que lo recibe, ¿por qué en estos casos hay que pedir permiso a un juez y en infinidad de otras operaciones o tratamientos no?".

José Luis Díez Ripollés, profesor de Derecho de la Universidad de Granada, también cree que en este caso la interpretación es excesivamente rigurosa. "No creo que tenga que participar un juez". "Las intervenciones curativas, las que van a solucionar un problema de salud, mientras el paciente o, en su defecto, los padres consientan, se pueden realizar sin que, a mi juicio, se cometa un delito". Díez Ripollés cree que quizá el asunto se ha judicializado porque así los médicos "se curan en salud".

Sea por lo que sea, María tendrá que esperar.