Iguales por ley; oficialmente enfermos

Sobre el papel, en España sus derechos son iguales desde 2007, cuando la ley de identidad de género fue recibida por los transexuales como un hito: se conquistó el derecho a sentirse mujer u hombre, vivir como tal y que el DNI lo reconozca. Para los entre 7.000 y 12.000 transexuales que viven en España, la realidad cotidiana sigue siendo complicada. Sin trabajo, una vida normalizada es difícil, dada la alta tasa de paro que afecta al colectivo. Y el estigma de ser considerado oficialmente un enfermo lo agrava. La OMS todavía considera la transexualidad como una enfermedad, algo que los afectados esperan cambiar el año que viene, cuando la organización elabore el nuevo catálogo de patologías.

Los transexuales sufren una tasa de desempleo entre un 60 y un 80%

El conflicto social y la inadaptación están detrás de los trastornos asociados

Para Antonelli, "un DNI que refleje tu identidad es un 'big bang' de energía"

La ley no permite operar a menores de 18 años, y plantearlo resulta conflictivo

A esta causa se dedica hoy el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad. La campaña empieza a ganar pequeñas batallas: el pasado día 12 la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) de Málaga pasó a denominarse Unidad de Transexualidad e Identidad de Género; un mero cambio nominal que, sin embargo, ayuda a eliminar barreras. El mayor triunfo político llegó el pasado 28 de septiembre, cuando el Parlamento Europeo acordó eliminar su consideración como patología (con 442 votos a favor, 104 en contra y 40 abstenciones). De los 35 eurodiputados españoles presentes, 33 votaron a favor. Uno, Gabriel Mato (PP), se abstuvo. Juan Manuel García-Margallo (PP) votó en contra por error.

Esta mayoría política puede ser reflejo de lo que ha cambiado la situación social. El Gobierno español y la UE apoyan que se la deje de considerar como enfermedad (igual que sucedió en 1990 con la homosexualidad). La doctora Tella Plana, psiquiatra del hospital Clínic de Barcelona, apuesta por un origen biológico de la transexualidad y descarta que sea una patología psiquiátrica, "aunque a veces los pacientes tengan, de forma secundaria, trastornos derivados de las dificultades de adaptación o del conflicto social".

El avance ha sido abismal si se echa la vista atrás. Cuando Carla Antonelli, primera diputada autonómica transexual -elegida en mayo para la Asamblea de Madrid con el PSOE-, dejó su Güímar natal (Tenerife), en 1977, tenía 17 años y ni su nombre, que aún se resiste a desvelar, ni su apariencia masculina la representaban. "Me fui sin decir nada... Esto era impensable en un pueblo tan pequeño. Hay hermanos con los que me dejé de hablar... Y hasta la fecha", recuerda desde el salón de su domicilio madrileño.

Según Antonio Poveda, presidente de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), este colectivo sufre en España entre un 60% y un 80% de desempleo, y "es invisible en la mayoría de programas de lucha contra la discriminación". Diversas asociaciones han desarrollado iniciativas para mejorar su inserción laboral. "Las personas transexuales nos vemos muchas veces obligadas a abandonar familia y estudios, y eso te limita a trabajos como camarera, dependiente... Pero al menos son dignos", afirma Mar Cambrollé, coordinadora del área transexual de la FELGTB. Muchos, y en especial los inmigrantes, se ven abocados a ejercer la prostitución; una última opción ni libre ni elegida.

"Esto no es un capricho, naces con ello. Yo me he sentido un hombre desde que tengo uso de razón", afirma José -nombre ficticio-, funcionario madrileño de 39 años y paciente de la UTIG de la Comunidad de Madrid. Aquellos que acuden a una de estas unidades afrontan a menudo dos años de espera, desde una evaluación psicológica que "dura un mínimo de tres meses y ocho sesiones", según Nuria Asenjo, psicóloga clínica de la UTIG, al eventual tratamiento hormonal y la cirugía de reasignación necesaria en cada caso.

Andalucía fue pionera en sufragar con dinero público el tratamiento integral, incluida la cirugía. "Pero hasta ahí hay auténticos calvarios de personas que llevan un año o año y medio esperando a ser evaluadas", sostiene Cambrollé. Para José, "lo de la espera es un infierno, aunque es lógico. Desde que te plantas un día ante tus padres y les dices 'me pasa esto', necesitas el tratamiento. Pero hay que estar seguros".

La ley de 2007 posibilitó, por primera vez, el cambio de nombre y sexo sin necesidad de cirugía. Como requisito, un certificado médico de disforia de género [discordancia entre el sexo genital y el psicológico] y otro que acredite que la persona ha estado dos años en tratamiento médico para adecuar sus características físicas al sexo sentido. "Puede parecer una gilipollez, pero tener un DNI que refleje tu identidad es una explosión, un big bang de energía. Un carné que no te representa te hace sentir inferior, te humilla y estás a expensas de otras personas; esto te devuelve la dignidad", rememora Antonelli.

Completar el proceso, si no se tiene dinero, es muy complicado. Tan solo hay cuatro unidades de identidad de género en España: en Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao. Otras comunidades derivan a los pacientes a una de esas unidades. Y ahí se acaba todo.

En el horizonte está la reivindicación de leyes integrales, normas que aborden la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la inserción laboral. "Pedimos políticas de discriminación positiva con el objetivo de llegar a una situación de igualdad", dice Cambrollé, "con, por ejemplo, incentivos para las empresas, reservando una cuota de empleo público y campañas de pedagogía social desde la televisión pública".

Ante la carencia de una ley integral estatal, la lucha tiene lugar en las comunidades. Navarra aprobó la suya en 2009, y el País Vasco podría hacerlo a finales de este año. En Madrid, la pasada legislatura, el PP rechazó una propuesta presentada por el PSM e Izquierda Unida. Caso contradictorio se da en Andalucía, donde los socialistas, en mayoría absoluta, se han limitado a presentar una proposición no de ley instando a la Junta a tramitarla.

En tiempos de crisis, además, no faltan quienes cuestionan si la sanidad pública debería financiar estas intervenciones. En Cataluña, el PP de Alicia Sánchez-Camacho condicionó recientemente el apoyo de su formación a los Presupuestos de la Generalitat a, entre otras cosas, la supresión de las cirugías de reasignación de sexo. La paralización de estas operaciones, asegura Marta Salvanz, figura destacada del colectivo transexual en esa comunidad, llevaría a mucha gente a recurrir de nuevo a otras alternativas como inyectarse silicona líquida en pechos y nalgas, con el consiguiente peligro para la salud: "Ahorrarían en intervenciones pero perderían más por la atención a otras enfermedades". Además, "si a una transexual le dices que se busque la vida para hacerse la cirugía, muchas van a tener que prostituirse, con riesgo de que se conviertan en seropositivas". Ello supondría una mayor carga para el sistema de salud: mientras que tratar a una persona con VIH representa "entre 12.000 y 17.000 euros anuales, una cirugía de reasignación tiene un coste total de entre 14.000 y 24.000", afirma Salvanz.

La idea de que la transexualidad no es una enfermedad choca con los prejuicios de quienes cuestionan que necesite tratamiento médico. La respuesta está en que hay que diferenciar entre un proceso biológico que debe ser corregido y un trastorno que requiere tratamiento. Las últimas investigaciones apuntan a que la transexualidad vendría originada por una acción inadecuada de la testosterona en el desarrollo del feto, "entre la octava semana de embarazo, cuando se fija el sexo genital, y la diferenciación sexual del cerebro, hacia la 22 o 23", explica Antonio Becerra, coordinador de la UTIG de Madrid.

Pero si la situación de los españoles ha mejorado, la de los extranjeros es mucho peor. La asociación TranZ&People, en Barcelona, da apoyo a muchos transexuales inmigrantes, un grupo en el que la prostitución tiene mayor incidencia. "Les orientamos para que puedan cambiar de nombre en sus países", dice Zam Cifuentes, su portavoz. En España no pueden hacerlo. "Están en total abandono. Son además personas sin arraigo familiar y con una sociedad que les acribilla cada vez más. Y las tasas de suicidio, ni te cuento...", añade. "Más de una vez nos ha tocado salir a las tres de la mañana porque una chica se ha intentado matar".

La ley tampoco permite operar a menores de 18 años, y plantearlo siquiera resulta conflictivo, como reconoce el cirujano plástico Iván Mañero desde Barcelona: "No quieren saber nada de menores. Se antepone el miedo a tratar a niños, que está mal visto -y más en la esfera sexual- al hecho de ayudarlos". "Te vienen padres desesperados que te dicen: 'Mi hija ha intentado suicidarse dos veces, tiene 16 años y dice que a la próxima se mata, tenemos un certificado médico, por favor, opérela'. Pero si lo hago, se me aplica el Código Penal y voy seis años a la cárcel", afirma el médico.

En este caso concreto, los padres consiguieron autorización judicial para la operación. Pero no siempre es así. Y según se desciende en la edad, la situación va a peor. Es uno de los argumentos que apoyan el origen biológico de la transexualidad. El problema se presenta desde que el niño adquiere consciencia de su sexualidad, como cuenta Nuria, de Andicfam, la Asociación de niños con Discordancia de Identidad Congénita. Hace un año, en el servicio de psiquiatría infantil del Clínic de Barcelona, le dijeron que su hijo, entonces de cinco años, era en realidad una niña: "Ya antes de hablar sus preferencias eran de niña. Y cuando empezó a hacerlo, usaba adjetivos femeninos para referirse a ella, y al ver los dibujos animados, se identificaba con los personajes femeninos (...) Con tres años, le dijo a su abuela que cuando fuera mayor iría a un médico para que le cambiara la piel y le pusiera una de niña", admite.

En la unidad del Clínic les hacen a todos los pacientes un seguimiento para asegurarse de que efectivamente están ante un problema de identidad de género. Pero lo malo viene cuando acuden a un médico que no está preparado. "Un padre de la asociación fue con su hija [un niño, biológicamente hablando], vestida de niña, a un psiquiatra infantil, y le explicaron lo que pasaba. El médico les denunció a servicios sociales y les acusó de maltrato psicológico debido a una obsesión enfermiza". Nuria recuerda su propio caso: "El día que saqué la ropa de niño de mi hija para cambiarla por ropa de niña, fue casi tan duro como si enterrara a un hijo", confiesa sollozando. "Y que, en medio de este sufrimiento, te tengas que defender, es una vergüenza... Yo no puedo limitarme a buscar el mejor tratamiento para mi hija, yo tengo que hablar para que la gente lo entienda".

¿Cuál es entonces el mejor procedimiento a seguir con los menores? Algunos, como los miembros de la UTIG de Madrid, no son partidarios de dar tratamientos hormonales y esgrimen la prudencia como argumento para limitar su acción al seguimiento psicológico. Otros son partidarios de administrar, al inicio de la pubertad, unas hormonas inhibidoras que bloquean el desarrollo de las características propias de cada sexo: no les sale la barba ni les cambia la voz, impide que salgan mamas... Es un tratamiento reversible que da a médicos más tiempo para confirmar el diagnóstico y hace que la posterior cirugía sea menos traumática, además de prevenir la aparición de serios problemas psicológicos.

Antonelli reconoce que ha habido una evolución, pero sigue sin haber un equilibrio. "Falta pedagogía, visualización, normalización... ¿Por qué se pueden pedir planes para los gitanos y no para los transexuales? Aquí lo que subyace en realidad es un prejuicio contra el colectivo; nos dicen que nada valemos, nada somos y a nada tenemos derecho".

Con información de Emilio de Benito.