Huelga contra Camps

"No hay marcha atrás. Siempre es hacia delante". Concha Gómez, la secretaria autonómica de la Generalitat valenciana, frustró de un plumazo cualquier expectativa de que su Gobierno, el de Camps (PP), pueda revocar la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. Lo dijo tras las dos horas y media de reunión que mantuvo con los sindicatos para explicarles las nuevas "instrucciones aclaratorias" sobre cómo dar las clases de la materia en este idioma, pese a que la normativa valenciana está sujeta a una suspensión cautelar parcial del Tribunal Superior de Justicia. "Se podrá renegociar la metodología para impartir la asignatura en inglés", añadió Gómez. "Pero el punto de inflexión sobre el que no cabe discusión es el inglés. Se trata de una decisión de política educativa", concluyó.

La respuesta a este enésimo envite de la Generalitat fue la convocatoria de una huelga general del sector de la enseñanza pública el 17 de diciembre con el "objetivo" de mostrar el rechazo "unánime" de padres, alumnos, profesores y directores a "disfrazar" de programa plurilingüe lo que es "una obsesión partidista", denuncian Vicent Mauri, portavoz del sindicato de enseñantes STEPV; Miguel Ángel Vera, de CC OO, y Gerardo Fernández, de UGT. Los sindicatos mayoritarios consideran que con esta actitud el presidente Camps pretende "boicotear" una materia de ética cívica y derechos humanos introducida por el Gobierno central, en la que el PP ve una "forma de adoctrinamiento socialista".

La convocatoria de una huelga general no se recordaba desde hace 10 años, cuando el Gobierno de Aznar emprendió la reforma del sistema educativo y de la Universidad sin el consenso de las federaciones de padres, alumnos y los rectores.

Sin embargo, los directores -que son administración y están sometidos al régimen disciplinario del Estatuto del Empleado Público- nunca se habían sumado a la huelga con la firma de un manifiesto con las Diez razones para manifestarse. Miles de padres, maestros y profesores de un centenar de institutos públicos (de los 363 que hay en la Comunidad Valenciana) se han encerrado entre ayer y hoy "en protesta por la política educativa de la Generalitat valenciana".