El Gobierno negocia agilizar los trámites de la dependencia

El Gobierno y las comunidades autónomas ultiman un acuerdo para establecer un plazo máximo en el primer trámite de la Ley de Dependencia: la evaluación. Es decir, desde el momento en que una persona hace llegar la solicitud a la Administración hasta que un profesional le visita para establecer su dependencia. El plazo que está sobre la mesa, según informó ayer la cadena SER, es de tres meses. Está previsto que el acuerdo se trate en el próximo consejo interterritorial de la dependencia, que se celebrará a finales de diciembre o principios de enero.

El objetivo final del Gobierno, a medio y a largo plazo, es establecer tiempos máximos de gestión en cada uno de los trámites de la Ley de Dependencia. Tras la evaluación, el Ejecutivo aspira a fijar un periodo tope para el dictamen (el momento en el que se comunica al interesado qué grado y qué nivel de dependencia tiene) y otro para el PIA (planes individuales de atención que especifican la prestación que le corresponde).

"No podemos permitir que los ciudadanos esperen demasiado", dice Sanidad

El secretario general de Política Social, Francisco Moza, destacó ayer la necesidad de que se acorten los plazos para recibir las ayudas en la medida de lo posible: "No podemos permitir que los ciudadanos esperen demasiado tiempo", dijo a la SER. Moza aseguró que, a partir del próximo mes de enero, se introducirán novedades para "agilizar" el sistema de gestión, como la "mejora" del modelo de valoración de las personas dependientes para que sea "homogéneo" en todas las comunidades.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calculó el pasado mes de marzo que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa al ciudadano hasta que se le efectúa su informe. Y una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifró en ocho meses el tiempo medio de espera hasta que se notifica el grado de discapacidad. El 38% de las personas con derecho reconocido a una ayuda aún espera por ella, según los datos recopilados en un reciente informe de CC OO. Un trabajo que, además, pone de manifiesto que se están disparando las prestaciones económicas frente a los servicios, que la ley considera prioritarios.

Respecto al hecho de que esas ayudas económicas representen más del 50% del total, Francisco Moza dijo que son los propios ciudadanos los que solicitan que se les atienda en casa, puesto que se trata de "una tendencia natural que tiene que ver con componentes culturales y sociales y con la forma de familia que hay en España".

Según los últimos datos, hay 900.000 personas valoradas, 670.000 tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, de las que el 70% (470.000 personas) están siendo atendidas. "Antes de que termine el año, dos de cada tres dependientes serán atendidos y el resto estará en proceso de asignación de la prestación", aseguró.