El Gobierno carga a las autonomías con el grueso de la dependencia

El Gobierno y las comunidades autónomas deben cofinanciar a partes iguales el coste de la Ley de Dependencia, tal y como se establece en la norma. Pero este año el equilibrio está roto porque las aportaciones del Gobierno cubren solo el 32% del total. Y la tendencia parece agravarse, porque a medida que se atiende a más dependientes la carga se vuelca en las comunidades autónomas. Si entraran en el sistema las más de 230.000 personas que tienen derecho a una ayuda y están esperando, el Gobierno, con el sistema de financiación actual, apenas sobrepasaría el 25% del coste total.

Los datos del último estudio sobre financiación de la Ley de Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cifran en 1.777 millones de euros la aportación del Gobierno, mientras que para las comunidades autónomas el coste alcanza los 3.006 millones de euros. Y los usuarios, mediante el copago, se han hecho cargo de 765 millones.

Faltarían 2.000 millones para atender la larga lista de espera

La plaza en una residencia es más cara y su uso se ha ralentizado

Un dependiente cuesta al año unos 8.155 euros como promedio

La aportación de los beneficiarios mediante el copago alcanza un 13%

No siempre fue así, pero el modelo de financiación establecido por decreto en 2007 parece, según este estudio, tener un efecto perverso: cuantos más dependientes entran en el sistema más déficit se acumula y más han de aportar las comunidades autónomas. En la actualidad hay alrededor de 654.000 personas atendidas y el coste total es de 5.550 millones de euros. Si se incorporaran las que están en la lista de espera el coste ascendería a 7.606 millones.

El informe citado calcula el coste del sistema de atención a la dependencia en virtud de las personas que están recibiendo una ayuda y el importe medio de cada ayuda, siempre con horquillas generosas.

Luis Barriga, el autor de este estudio, opina que la culpa del desequilibrio es del modelo de financiación decretado, "que establece las aportaciones del Gobierno en función del grado de discapacidad del dependiente y no del servicio que se le presta". Para los dependientes más graves el Gobierno aporta por el llamado nivel mínimo 266 euros. "Pero no es lo mismo atender a una persona en una residencia, mucho más caro, que concederle una prestación económica para que un familiar le cuide en casa; sin embargo, el dinero que da el Gobierno no tiene en cuenta esto. Las ayudas para residencia se han ralentizado", explica.

Quizá por esa razón las ayudas económicas para el cuidador familiar se han disparado durante el desarrollo de esta ley, mientras que la concesión de una plaza en residencia es mucho más escasa. De los 5.550 millones que ha costado el sistema este año, 2.867 han servido para pagar las residencias, por tanto, esta ayuda se lleva el 51,6% para atender alrededor de un 20% del total de los beneficiarios. Sin embargo, con el 26,7% del presupuesto total se da cobertura prácticamente a la mitad de los dependientes, mediante pagas para cuidarlos en casa. "Esta prestación sale más rentable y eso puede haber inclinado la balanza hacia la prescripción desmedida de estas ayudas en detrimento de los servicios, como la residencia, que son más caros", explica Luis Barriga. Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales siempre se ha pedido que el Gobierno financiara la ley atendiendo al coste del servicio. "Y lo seguimos pidiendo. Solo hay que modificar un decreto, no hay por qué tocar la ley, que seguimos creyendo que es buena y sostenible, a pesar de la crisis. Sabemos que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, pero si no se incrementa se corre el riesgo de que las comunidades desfonden los servicios sociales para atender en exclusiva la dependencia. Aquellas que tengan voluntad política para implantarla, claro", dice Barriga.

Los cálculos establecidos en el estudio revelan que un dependiente cuesta como promedio 8.155 euros al año, luego la atención de todos ellos supone 102 euros al año por habitante. Los usuarios del sistema también colaboran con la financiación de la ley mediante el copago, es decir, pagan una parte del servicio que reciben, un 13% de media. "Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los dependientes atendidos son personas mayores cuyas rentas son escasas. Subir el copago no es fácil por esa razón", sigue Barriga. "La solución más lógica sería que se pactaran entre el Gobierno y las comunidades unos módulos con el coste medio de los servicios que se prestan, las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio y se financiara el sistema atendiendo a ello".

Ante una situación de dificultad presupuestaria, "algunas comunidades han optado por no hacer nada, otras han tirado para adelante a costa de sus arcas y otras han ralentizado el ritmo de aplicación de la ley", señala.