Dívar apela a sus creencias religiosas para desaprobar la ley del aborto

El presidente del Consejo del Poder Judicial, elegido primera autoridad judicial del Estado por José Luis Rodríguez Zapatero, se decantó ayer por sus profundas convicciones personales y religiosas para votar en contra de la nueva ley del aborto. Junto con la abstención del vocal de CiU Ramón Camps, el voto de Dívar coadyuvó a un hecho sin precedentes en los 29 años de historia del Consejo General del Poder Judicial. Por primera vez, el Consejo fue incapaz de emitir un informe -en este caso, ni a favor ni en contra- sobre un anteproyecto de ley del Gobierno.

El informe del Consejo sobre cada anteproyecto legal es preceptivo, pero no vinculante. En este caso, el Gobierno tendrá que sacar adelante esta ley sin el informe previo del Poder Judicial. Algo inédito. En la etapa final del anterior Consejo, con los socialistas ya en el Gobierno y con mayoría de vocales conservadores elegidos por el último Gobierno de Aznar, el Poder Judicial emitió informes desfavorables. Pero lo que sucedió ayer, la imposibilidad de emitir un informe, ni a favor ni en contra, jamás antes había ocurrido. Se cumplió la regla que confirma la excepción.

Tras dos prórrogas, el Consejo descartó encargar un nuevo informe desde cero

El documento de los conservadores entiende que la ley es inconstitucional

El informe aprobado en su día por la comisión de estudios del Consejo y que fue elevado ayer al pleno de este órgano no fue aprobado ni rechazado. Hubo un empate (10 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la del vocal de CiU Ramón Camps) en la votación que realizaron los 21 miembros del Consejo sobre este polémico anteproyecto legal que establece la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14. Fue una votación a mano alzada. "Que se retrate todo el mundo", postulaba la víspera de la votación una vocal. Y el resultado del escrutinio dio empate, 10 a 10, ya que Camps se abstuvo. Es decir, esta ley se queda sin informe. Para que el Consejo pueda adoptar un acuerdo sobre una norma, es necesaria la mayoría de al menos 11 votos.

Dívar, que tiene una buena relación personal con el cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela, no hizo ninguna manifestación sobre la ley en el pleno. Se limitó a sumar su sufragio al de los nueve vocales conservadores. Fuentes del Consejo señalan que, según ha comentado a su entorno, su actitud en este asunto viene ligada a sus creencias religiosas y convicciones personales. Desde el principio, los vocales conservadores han sido una piña frente al texto que aprobó la Comisión de Estudios (y que fue aprobado por tres votos contra dos). Se trataba de un texto que respaldaban los nueve vocales progresistas del Consejo y la vocal nacionalista del PNV Margarita Uría, ponente de ese texto.

El pleno del Poder Judicial celebrado ayer, el último ante las vacaciones de verano, no fue tenso, quizás porque el resultado era esperado. EL PAÍS avanzó el pasado martes justo lo que sucedió ayer. Y es que en los pasillos del Consejo era vox pópuli desde hace días la orientación del voto de sus 21 miembros. No estaba claro que los progresistas, aun con el lógico apoyo de Uría como ponente del informe, lograsen la mayoría en el seno de un Poder Judicial en el que PP y PSOE se reparten 18 de los 21 votos. Los otros tres se los reparten CiU (Ramón Camps), PNV (Uría) y el del presidente Dívar. Legalmente, Dívar fue designado presidente por los vocales, si bien fue Zapatero quien puso su nombre sobre la mesa tras pactarlo con Mariano Rajoy el pasado verano. Dívar no habló ayer. Sí lo hizo Camps, quien, aunque respalda la constitucionalidad de la ley en cuanto a los plazos, cree que el Estado debe adoptar mayores "garantías" sobre la información que deben recibir los padres cuyas hijas menores decidan abortar.

En los días previos al pleno (e incluso durante las horas previas a su inicio), miembros del sector progresista trataron infructuosamente de disuadir a Camps para que apoyase su informe. Un informe que avala la constitucionalidad de la ley de plazos, con aborto libre hasta la semana 14, aunque sugiere cambios en el sentido de que se informe a los padres cuando las mujeres que quieren abortar tengan entre 16 y 18 años.

En el pleno se votaron dos informes sobre el aborto. El de Uría, que no salió adelante por el empate de votos, y, antes de éste, otro elaborado por el vocal conservador Claro José Fernández, que tacha de inconstitucional la nueva ley. Entienden los conservadores, y así lo expusieron, que el sistema de plazos es inconstitucional y que la vida del nasciturus prevalece sobre otros derechos fundamentales de la mujer. El informe de Claro José Fernández sí fue rechazado (11 votos contra 10). Dívar era uno de los 10 vocales que lo apoyaron. Sin embargo, en este caso Camps votó en contra del mismo.

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, explicó los resultados de las votaciones, a mano alzada. Bravo señaló a los periodistas que, tras el empate, el Consejo se había planteado devolver la cuestión a la comisión de estudios para que elaborase un nuevo informe, pero que finalmente fue descartada esta opción ante la dificultad de alcanzar un acuerdo entre ambos sectores del Consejo y habida cuenta de que ya se habían pedido al Gobierno dos prórrogas, infructuosas. Bravo reveló que el debate en el seno del Consejo en este asunto cabía extrapolarlo "a la división de opiniones" que desata esta cuestión en la sociedad.

Las reacciones fueron inmediatas entre los sectores más movilizados contra la reforma. El portavoz de Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, aprovechó el momento para pedir al Gobierno que "desista de la reforma del aborto" y apoye a la mujer embarazada. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, opinó que el rechazo del órgano de gobierno de los jueces "es una muestra más de cómo esta ley divide a la sociedad española". Por contra, la Asociación de Mujeres Juristas Themis lamentó que el Consejo se "haya apartado de las necesidades y de la opinión de la mayoría de las mujeres de este país", que, según esta organización, sí aprueban una norma de plazos como la impulsada por el Gobierno.IU reprochó al Gobierno que haya debilitado las posiciones progresistas en el CGPJ.