Las Cortes: tarifa plana y muy oscura

¿Qué tienen en común el Congreso español y el Parlamento británico sobre los gastos y posibles abusos de los parlamentarios?

No se parecen en nada en la fórmula utilizada para el pago de los gastos de los diputados y sólo se asemejan en una cierta falta de transparencia. El poder del Estado que tiene encomendada, entre otras, la función de control del Ejecutivo no ofrece, por ejemplo, datos de los viajes oficiales que han realizado los diputados. En España es imposible saber qué diputados han cobrado las dietas por viajes, aunque sus señorías exijan permanentemente transparencia al resto de poderes.

En Reino Unido se ha producido un enorme escándalo en Westminster por la publicación de los gastos que pasaron los parlamentarios de todos los partidos y que incluían facturas sobre actividades estrictamente privadas, incluyendo obras en sus casas.

La Cámara no da datos sobre las visitas oficiales de los diputados

Las dietas son de 150 euros diarios para el extranjero y 120 en España

Durante años acudían al Consejo de Europa titulares y suplentes

Bono ha hecho un recorte drástico de los viajes y de las delegaciones

En el Parlamento Europeo se volverá a justificar los reembolsos

Los autonómicos tienen el mismo sitema que el Congreso

En España este escándalo no se podría reproducir de la misma forma porque no existe un sistema de facturas o de pago de gastos contraídos. Son transparentes los baremos sobre los que se establecen sus salarios y se pueden consultar en la web del Congreso, y el sistema establecido para los gastos de viaje es el de dietas previamente establecidas. El modelo de dietas se aprobó en la transición, precisamente, para evitar fraudes en las facturas.

Cobra lo mismo un diputado en una delegación que asista sólo a comidas y cenas oficiales y tenga a su disposición desplazamientos, que el que tiene que sufragarse esos gastos en viajes oficiales. Sólo tienen pagados el desplazamiento y la estancia y, aparte, cobran las dietas fijas por día de viaje, con una especie de tarifa plana independiente de los gastos que puedan realizarse.

Las dietas por viaje son de 150 euros diarios para desplazamiento al extranjero y 120 en España. Y no hay viaje oficial que no deba ser autorizado previamente por la Mesa del Congreso. Los miembros de la Mesa, los portavoces de comisiones y los portavoces adjuntos cobran una cantidad fija, proporcional al cargo, como gastos de representación. Desde los 775,17 euros mensuales a los 3.915,16 de gastos de representación y 3.210,08 de libre disposición del presidente de la Cámara.

José Luis Ayllón, número dos del Grupo Popular, defiende el modelo del Congreso, frente al británico. "No se me ocurre ninguna posibilidad de presentar gastos aquí y el modelo es muy transparente", asegura.

La vicepresidenta del Congreso y responsable de las cuentas de la Cámara, Teresa Cunillera, también defiende las dietas fijas y sostiene que el Parlamento español, que establece su propio presupuesto anual, "es de los más austeros". Coincide con la opinión de algunos diputados que se quejan habitualmente en privado de los recortes drásticos que se aplican a los viajes en esta legislatura.

El pasado mes de noviembre la Mesa del Congreso, por decisión de su presidente José Bono, aprobó una larga instrucción interna con los "criterios aplicables a todos los desplazamientos". Se incluyen detalles como que "la Cámara cubrirá exclusivamente los gastos de alojamiento y desayuno y, cuando así lo requieran los establecimientos, cada miembro de la delegación tendrá que facilitar su tarjeta personal de crédito para garantizar cualquier otro gasto extra que pueda generar".

Se especifica que "las habitaciones que se reservan serán dobles para uso individual", que "las reservas de vuelos se realizan siempre, con independencia del destino, en clase preferente", que "para determinar la duración del viaje oficial se tendrá en cuenta la hora de comienzo de la primera reunión o evento social que forme parte del programa oficial, así como el lugar donde se celebre la misma" y que "en aquellos viajes que superen las tres horas, el desplazamiento se realizará la noche anterior a la reunión y los desplazamientos de regreso se realizarán en la mañana del día siguiente a la finalización del programa oficial".

La instrucción responde al deseo de poner coto a lo que ha ocurrido en anteriores legislaturas con los viajes oficiales. Se trata de acabar con una cierta picaresca que ha abundado en las autorizaciones de los viajes que, hasta esta legislatura, prácticamente pasaban como un simple trámite en la Mesa del Congreso. Por ejemplo, la actual Presidencia comprobó que las delegaciones de la Cámara a las reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eran las únicas de todo el continente que estaban compuestas por los diputados titulares y los suplentes. Es decir, acudían al viaje los ocho diputados titulares y los ocho suplentes, a pesar de que sólo los primeros deben participar en las actividades oficiales y los otros ocho estaban nombrados para viajar sólo cuando hubiera alguna baja.

Bono acabó también con la comisión que viajaba a reuniones de la Unión Europea Occidental, venciendo no pocas resistencias en el Congreso y en el Senado de parlamentarios que aseguraban que el tratado firmado con esa organización obligaba a acudir a esas reuniones. Desde hace meses esos viajes, que forman parte de lo que se llama diplomacia parlamentaria, ya no se realizan y España ya no tiene representación en esas reuniones.

En esta legislatura la Mesa aprobó también un plan elaborado por Cunillera para reducir los llamados grupos de amistad. En la anterior legislatura había 32 grupos con países de situación democrática discutible, porque se autorizaban todas las peticiones que se presentaban.

Bono ordenó reformarlo y se redujeron a sólo 13 estos grupos de amistad: Perú, Ecuador, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Rusia, China, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Cada grupo tenía antes 12 miembros y ahora son sólo cinco: dos del PSOE, dos del PP y uno de un grupo minoritario. Cada grupo de amistad viaja periódicamente a esos países y recibe visitas de delegaciones. La decisión en esta legislatura es la de primar los viajes de comisiones concretas, con objetivos concretos que hay que justificar previamente.

Pese a todo, hay siempre cierta controversia en la autorización y está pendiente en este momento la fecha de un viaje oficial de seis días a China de la Comisión de Economía que tiene un coste para el Congreso de 9.902 por diputado, 6.902 euros en desplazamientos, 1.800 en hotel y 1.200 en dietas. En total la Cámara tendría que abonar 52.810 euros, al añadir otros 1.500 euros en gastos de transporte en las ciudades y 1.800 en intérpretes.

En 2007, último año del que hay datos, el Congreso gastó más de dos millones de euros en el capítulo de relaciones internacionales. Según el desglose de los Presupuestos del Congreso ese año se gastaron 1.197.506 euros en la partida de grupos de amistad, viajes de comisiones y delegaciones oficiales. El capítulo se completa con 505.188 euros para las dietas de los diputados que acuden a esos viajes y 1.292 euros para atenciones protocolarias y representativas.

Lo que es imposible saber es qué diputados han viajado en los últimos años. Este periódico ha solicitado oficialmente a la Cámara los datos de los diputados que más dietas han recibido por viaje, pero es imposible tener acceso.

La adscripción a los grupos de amistad depende de la dirección de los grupos parlamentarios, con criterios subjetivos que provocan algunos conflictos entre diputados.

En el salario de los diputados se incluye un concepto llamado "indemnización", con una cuantía mensual de 1.823,86 euros para los de circunscripciones distintas de Madrid y de 870,56 para los electos por Madrid. Este concepto se destina a cubrir gastos y está exento de tributación. Es decir, tampoco por este concepto deben pasar facturas de gastos. Lo mismo ocurre con los gastos de transporte, que cubre el Congreso en medio público, como reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Es lo que se llama "paso franco". Si utiliza su propio automóvil, previa justificación, se le abonan 0,25 euros por kilómetro. Disponen, además, de una tarjeta de taxi de Madrid, con un límite mensual de 250 euros.

En el Parlamento Europeo, después de las elecciones del 7 de junio se estrenará un sistema más parecido al británico y diferente al de dieta de tarifa plana del Congreso que se usaba hasta ahora también en la Eurocámara.

Los eurodiputados ganarán aproximadamente 7.665 euros mensuales y para los gastos los reembolsos reflejarán sólo los costes en los que realmente se ha incurrido. Según la información oficial del Parlamento Europeo, "la dieta fija de viaje se verá sustituida por el pago de los gastos reales contraídos".

"Los diputados seguirán recibiendo dietas de estancia fijas y dietas para gastos generales. También seguirán abonándose dietas de viaje anuales para los desplazamientos realizados por los diputados fuera de su Estado miembro de elección durante el cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, los diputados también podrán recibir pagos relativos a una cantidad limitada de desplazamientos en el territorio de su Estado miembro de elección".

En los Parlamentos autonómicos, el sistema es también el de dietas fijas, sin justificación de gastos, con la diferencia de que, lógicamente, los viajes oficiales fuera de España están mucho más limitados. Por ejemplo, en el de Cataluña, los parlamentarios, tienen una asignación fija, a la que se une una indemnización por desplazamiento en función de la zona de la comunidad en la que residan. Para viajes oficiales al extranjero, previamente autorizados por la Mesa de la Cámara, se abona el desplazamiento y el alojamiento y una indemnización idéntica a la del Congreso, porque se rige por un real decreto que fija las dietas de altos cargos de la Administración del Estado.

El último viaje oficial al extranjero autorizado fue el de los miembros de la Comisión de Peticiones al Parlamento escocés.

En la Asamblea de Madrid el procedimiento es idéntico y se une también la posibilidad de que los diputados cobren gastos de su propio grupo parlamentario, procedentes de la subvención que recibe cada uno. Este último sistema depende de cada grupo y de cada Parlamento, igual que la cantidad que se les detrae a los diputados de sus sueldos para contribuir a financiar sus respectivos partidos. En la anterior legislatura se aprobó que los diputados se puedan desgravar esa contribución a sus partidos.

En las Cortes la falta de transparencia se extiende a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores, donde durante 30 años se han votado a puerta cerrada informes secretos en los que se autoriza las compatibilidades. La próxima semana en el Congreso, está previsto que Bono anuncie el inicio de una nueva etapa en la que los informes de actividades se publicarán en la web del Congreso y en el mes de junio se celebrará la primera votación de este tipo abierta al público, con las nuevas concesiones de compatibilidad.

Para dar ese paso ha sido necesario que este periódico rompiera el secreto y publicara el pasado mes de marzo el listado completo de actividades. En esa lista se incluyen actividades remuneradas al margen del escaño, otras que pueden considerarse prolongación de éstas, como la publicación de libros y artículos y la participación en tertulias en medios de comunicación y otras que no suponen ingreso alguno. Seguirá siendo secreta la declaración de patrimonio que los diputados hacen al iniciar la legislatura.

El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el socialista Francesc Vallès, es partidario de reformar la ley electoral para ir más allá y reformar la ley electoral para restringir el actual sistema de compatibilidades.

Vallès quiere, sobre todo, que el Congreso tenga capacidad para investigar si se cumplen las restricciones legales, como la que impide contratar con la Administración. En este momento, la Cámara no tiene capacidad para exigir ese cumplimiento en casos como el de Fernando López Amor, consejero de una empresa que gestiona derechos de televisión del fútbol con las televisiones públicas, o Miguel Arias Cañete, que ha formulado preguntas sobre subvenciones a empresas energéticas, sector en el que él tiene intereses comerciales.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, defiende la transparencia, es partidario de ir más allá y acometer una reforma legal para que los diputados sólo puedan ejercer actividades que sean prolongación de su actividad parlamentaria, es decir, creación literaria, presencia en medios de comunicación y docencia. Bono quiere aprobar en los próximos días una instrucción que afecte también al cumplimiento de las incompatibilidades de los letrados de las Cortes, después de que se haya sabido que dos miembros de ese cuerpo de funcionarios están presentes en el despacho en el que trabaja el diputado José María Michavila y que contrata con diferentes administraciones públicas del PP.