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Condenado a cuatro años de prisión el dueño de un bar que superó el límite de ruido

El establecimiento, en Barcelona, funcionó ilegalmente como un 'after hour', acumulando más de una treintena de denuncias

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y un día de prisión a Gabriel Alejandro Fernández, el propietario del bar 242 de la calle Entença de Barcelona, por los ruidos procedentes de su local, que estuvo funcionando ilegalmente como after hour, por lo que acumuló 32 denuncias de los vecinos.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2006, cuando el acusado adquirió el local, y junio de 2007, cuando el Ayuntamiento precintó el establecimiento, que posteriormente, tras llevar a cabo las reformas necesarias, reabrió y apenas provoca ahora molestias a los vecinos, según constataron éstos en el juicio.

Gabriel Alejandro Fernández, de origen argentino, negó las acusaciones durante el juicio y se limitó a asegurar que el equipo de música siempre contó con un limitador de sonido. En cambio, los vecinos describieron como "insoportable" y "desagradable" el ruido procedente del local, que les impedía dormir, tanto a los adultos como a los niños, por lo que en algunos casos tuvieron que recurrir a tratamiento médico para conciliar el sueño y superar situaciones de estrés y depresión, según relataron. Asimismo, uno de los técnicos que en su día contrató Gabriel Alejandro Fernández para ajustar el regulador de sonido señaló también en el juicio que hasta marzo de 2007 el regulador no tenía límite de sonido y que lo ajustó hasta los 85 decibelios, cuando el límite fijado para un bar era de 70.

Más información
El fiscal pide 15 años de cárcel para el dueño de un bar que sobrepasó el límite de ruido

La sentencia de la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona condena al procesado por un delito contra el medio ambiente, pero le absuelve de los nueve delitos de lesiones de que los que le acusaba la fiscalía que, en total, solicitaba quince años de cárcel. En concreto, pedía seis años de prisión por un delito contra la salud pública y el medio ambiente, así como otros nueve años, a razón de un año por cada uno de los nueve delitos de lesiones que sufrieron los nueve afectados.

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