CiU pide al Gobierno que promueva un gran pacto por la dependencia

CiU ha presentado una moción en el Congreso en la que insta al Gobierno a promover un gran pacto con el concurso de todas las administraciones, agentes sociales y económicos, para revisar el sistema de financiación de la dependencia, uno de los puntos débiles de esta ley y que más polémica ha suscitado siempre. El grupo catalán, como expuso recientemente el diputado Carles Campuzano en el Congreso, trata de que la financiación que reciben las comunidades no la decida la gravedad del dependiente sino el coste en cada comunidad del servicio que se presta. El acuerdo alcanzado debería garantizar la sostenibilidad en el tiempo del sistema de dependencia y "alcanzar un gasto estable del 1,2% del PIB" para estas políticas.

Campuzano ha propuesto también que se revise el equilibrio de ayudas que se conceden, muy escorado hacia la prestación para el familiar que cuida a un dependiente, y que se impulse la colaboración público-privada para la oferta de los servicios así como un avance en el desarrollo de un sistema sociosanitario.

En la moción, el grupo catalán recoge también una de las sugerencias más escuchadas entre los empresarios del sector, "la necesidad de priorizar la atención a las personas con necesidades más severas".

Por último, se pide al Gobierno que presente el balance del desarrollo de la ley antes de que acabe septiembre, un plazo generoso, habida cuenta de que la evaluación debía haberse presentado el año pasado, como establece la propia ley. Y se solicita, de nuevo, que se hagan públicas para conocimiento de todos los ciudadanos, las cuentas de la dependencia, es decir, el gasto total que ha destinado cada una de las administraciones. En este capítulo se conoce lo que ha dedicado el Gobierno, pero es un misterio absoluto lo que gastaron las comunidades, porque las partidas exclusivas para la dependencia no están separadas de otros gastos sociales. Aunque algunos estudios económicos demuestran ya que el volumen de ciudadanos atendidos sugiere que las comunidades estarían soportando un mayor coste que el Gobierno. Ambas administraciones están obligadas a financiar la dependencia a partes iguales.