Castilla-La Mancha no permitirá un solo cierre de las farmacias

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que dirige la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no autorizará el cierre de una sola de las 500 farmacias que han solicitado parar dos meses desde el 15 de septiembre por la crítica situación económica que atraviesan por los 125 millones de euros que les debe la Junta. Así lo advirtió ayer su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en una comparecencia llena de amenazas a los farmacéuticos. Si sigue el pulso por los impagos correspondientes a medicamentos despachados con receta, dijo, "cambiarán las reglas del juego". El Ejecutivo castellano-manchego estudia refomar la ley que regula al gremio para garantizar el suministro de fármacos y no descarta liberalizar el sector.

Echániz advierte a los boticarios de que no descarta liberalizar el sector

El consejro de sanidad pide ayuda a la ministra para resolver el conflicto

La Junta, que ha expedientado a todas las boticas que protagonizaron el pasado 11 de agosto el primer cierre patronal farmacéutico de la historia, parece tener claras las medidas para contrarrestar las medidas de presión de las farmacias, pero no aporta alternativas para resolver el conflicto. El Gobierno de Cospedal insiste en que no tiene dinero para pagar la deuda y anima a los farmacéuticos a seguir el ejemplo de otros 200 colegas que, asegura, se han adherido a una línea de crédito negociada por la Junta para financiar la compra de medicamentos hasta enero, cuando estará listo el plan de pagos "con las garantías de cómo y cuándo se van a ir saldando las deudas". "Les solicitamos encarecidamente que, por favor, sean responsables y acudan a estas soluciones financieras", dijo Echániz.

Los Colegios de Farmacéuticos no entienden que el consejero se niegue a adelantar ese plan de pagos, algo que les facilitaría la posibilidad de pedir préstamos. La presidenta del Colegio de Toledo, Dolores Espinosa, confirmó ayer que no existe ninguna línea de crédito concreta avalada por la Junta y explicó que cada uno de ellos debe negociar individualmente cómo obtiene dinero del banco. Espinosa reconoció que los intereses, -al 4,9%, "si se consigue convenir esa cifra"- son "razonables", pero recalca que en Murcia los asume la Administración, algo que no ocurre en Castilla-La Mancha. Los farmacéuticos demandan de la Junta medidas que les permitan "financiarse globalmente" y no de manera individual. Espinosa afirmó que tiene constancia de que al menos a 10 farmacias de la provincia de Toledo ya les han denegado los créditos.

Echániz no vaciló en exigir a los boticarios que sean "corresponsables" con otros colectivos que, como el suyo, están sufriendo el mismo problema de retrasos en los pagos. Incluso reclamó al sector cooperativo y colegial "solidaridad" con las boticas más pequeñas. No explicó, sin embargo, cómo piensa aliviar las dificultades de ese tipo de farmacias.

Además, Echániz ha escrito un correo electrónico de ocho líneas a la ministra de Sanidad, Leire Pajín. "Te ruego me recibas con carácter de urgencia para que el ministerio que diriges contribuya a resolver un problema generado por un Gobierno regional de tu partido durante los últimos años". Una portavoz del ministerio destacó la disposición de la ministra a reunirse "con quien sea". Pero recordó: "El conflicto está creado entre la Junta y las farmacias de Castilla-La Mancha. En otras comunidades no pasa, y todas tienen problemas". El Ejecutivo de Cospedal, añadió, debe "asumir sus responsabilidades de Gobierno".

Con el conflicto enquistado, la situación se está volviendo insostenible en las zonas rurales, donde se concentra la mayoría de las pequeñas farmacias a las que aludió el consejero, y a las que los laboratorios han empezado a no suministrar medicamentos. En Castilla-La Mancha el 25% de las boticas dispensan a municipios de menos de 1.000 habitantes. Espinosa defiende que los Colegios sí son solidarios con las pequeñas farmacias y periódicamente sus miembros pagan una cantidad para asegurar que los medicamentos llegan a cualquier punto de la región a través del sistema de cooperativas.

El problema surge cuando quien surte no son cooperativas. Es lo que le ocurre a Julia Martínez, representante de los farmacéuticos rurales de Guadalajara. Ella compra los productos a un almacén porque las cooperativas no se trasladan hasta Villanueva de Alcorón, un municipio de casi 200 habitantes, donde ella tiene su farmacia. Debe negociar individualmente la forma de pago y los plazos, como la mayoría de sus colegas, asegura.

Con información de Emilio de Benito.