Bolonia: es el dinero, estúpido

No tienen suficientes recursos para el cambio que se les pide, algunas comunidades autónomas les han recortado o congelado su presupuesto, deben poner en marcha numerosos másteres que les cuestan caros, los alumnos pagan el 12% de media de lo que cuestan realmente sus estudios y tienen muchos títulos con pocos alumnos que les cuesta una millonada mantener. La escasez de la financiación para docencia e investigación tiene muchísimo que ver con los problemas que están sufriendo las universidades públicas y con el conflicto por la puesta en marcha de la reforma de Bolonia. "Es la economía, estúpido", se decía en el seno de la campaña electoral de Bill Clinton de 1992, en la que se enfrentó a George H. W. Bush (padre), que le llevó a convertirse en presidente de Estados Unidos. La frase se ha popularizado para remarcar un aspecto que se considera esencial. Es cierto que en el caso de la aplicación de Bolonia el problema no es sólo el dinero, pero sí es el primer escollo.

La plantilla de profesorado no está ajustada a las necesidades

La inversión pública respecto al PIB apenas ha crecido en una década

Éste es el panorama: la plantilla de profesorado no está ajustada a la demanda en muchas titulaciones, no hay suficiente flexibilidad legal para la movilidad de docentes entre ramas de conocimiento y universidades, y el dinero que se da para proyectos de investigación no cubre los gastos complementarios para ejecutarlos. Esto hace, paradójicamente, que las universidades que más investigan estén expuestas a un mayor déficit.

Ante esta situación, los expertos en economía de la educación advierten que malamente se pueden poner en marcha los principales objetivos de modernización que incluye la Declaración de Bolonia, como el cambio a un modelo de aprendizaje (en el que los docentes deben hacer mayor seguimiento del alumno en horas de tutoría) y establecer nuevos másteres, que son caros. Y tampoco el objetivo del Gobierno (para lo que se creó el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, al que pertenecen las universidades) de fomentar la investigación y la transferencia de sus resultados a las empresas con el fin último de cambiar el modelo económico de España del ladrillo y el turismo por la inversión en investigación.

Las cifras hablan en contra de todo esto. En primer lugar, el esfuerzo inversor realizado por España en la última década no se corresponde con el de los Quince, que es el modelo. España destina a la Universidad el 1,03% de su PIB, de los que la financiación pública representa la inmensa mayoría, el 0,91%, según el informe de la Conferencia de Rectores La Universidad en cifras. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) eleva la cifra total que destina el país a todas las instituciones de educación superior al 1,1% del PIB.

En la UE de los 15, la media de inversión, pública y privada, se sitúa en el 1,3% del PIB. Suecia o Finlandia ya invertían en 1996 más del 1,5% de su PIB.

Pero lo que refleja que España no está haciendo una apuesta por la Universidad son los datos sobre el esfuerzo público. Revelan que en los últimos diez años, éste no ha crecido apenas. En 1995, se destinaba el 0,8% del PIB al sistema público de universidades, diez años después, el 0,9%, según la OCDE.

"Hay que apostar por el cambio de modelo de aprendizaje que exige Bolonia, para lo que hay que aumentar la inversión. Para reducir la diferencia con la UE de los 15 no se puede seguir haciendo el mismo esfuerzo que hace una década. Si se quiere cambiar el modelo es necesario poner más dinero público", advierte el profesor de Economía de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros, que ha sido gerente de este centro durante 14 años y director de los informes La universidad española en cifras para la Conferencia de Rectores.

Las universidades públicas tienen el 88% de peso en el sistema educativo (en número de títulos que ofrecen, de demanda, de titulados y de financiación). Los últimos datos cerrados son del curso 2006-2007, pero apenas hay variación desde entonces. Estos centros ofrecen 2.790 títulos de Grado, hay 1,27 millones de estudiantes y se titulan cada curso alrededor de 165.000 estudiantes. Para todo ellos disponen de una financiación de 8.927 millones de euros (de los cuales 8.369 son de las públicas presenciales), según los últimos datos cerrados, de 2006. Las privadas representan el 11,8% de la financiación de la universidad española, con 1.194 millones. Juntando ambas, España invierte en sus universidades el 1,03% de su PIB.

Según concluyó ese informe elaborado por el Consejo de Universidades, hace falta incrementar la financiación 2.733 millones de euros, de los que el 80% debería provenir de las administraciones públicas y el resto de financiación privada (como, por ejemplo, mediante el aumento de los contratos de investigación). Este estudio también sugiere una distribución de los recursos de forma que el 1% del PIB vaya para docencia y el 0,5% para investigación. De los 2.733 millones, 1.000 estarían relacionados con la adaptación del Espacio Europeo de Educación Superior.

"El principal problema es que no se saben exactamente los costes. Hay que redefinir el modelo docente, los gastos de los másteres y los complementarios de la investigación. Entonces se sabrá lo que necesitamos exactamente", dice el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Barcelona Enric Canela, quien fue uno de los miembros de la comisión del Consejo de Universidades que analizó la situación financiera del sistema. Ésta es la prioridad en la que todos coinciden.

Aparte está la falta de flexibilidad en la movilidad del profesorado. Esto es complejo, coinciden todos los expertos. Mover a los docentes y al alumnado para racionalizar el sistema según la demanda y según el número de profesores con los que se cuenta es casi un imposible. Requeriría tantas becas, pagar alojamientos, traslados, y que, además, las universidades y los departamentos, sobre todo, accedieran a compartir títulos. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer en algunos casos, entre campus situados en grandes ciudades, por ejemplo. Esa flexibilidad ayudaría mucho a mejorar el sistema. El Gobierno planea, de hecho, permitir la movilidad del profesorado entre universidades durante cinco años, algo que ya se verá si tiene adeptos.

Además, el profesorado en España está muy especializado, lo que hace difícil que se mueva a otras titulaciones. Bolonia introduce otro concepto de enseñanza en la que el alumno es el que manda. Es decir, hasta ahora el profesor trabaja 1.500 horas al año de media, incluidas tutorías a las que a veces no va nadie. Con Bolonia, esas tutorías son obligatorias, forman parte de los créditos del alumno. Esto impide a los docentes usar esas horas (las mismas que ahora en total, más o menos) para otros fines, como preparar clases o incluso para investigar, como hacen algunos.

Volviendo a los datos, aunque la inversión respecto al PIB deja mucho que desear, otra cosa es el endeudamiento de los centros superiores públicos. De acuerdo con los datos de 2006, las universidades deben en total 1.396 millones, lo que representa un endeudamiento respecto a su presupuesto de un 16,6% (en 1996 era del 13%). "No hay un endeudamiento preocupante del sistema en general; otra cosa es que algunas universidades o comunidades sí tengan dificultades", explica Hernández Armenteros. Sólo como referencia: el endeudamiento de España ronda el 34% del PIB y el Tratado de Maastricht permitía hasta el 60%.

Las universidades que están en números rojos (es decir, con déficit en sus operaciones no financieras por variados motivos) son 10. De ellas, están en una situación menos drástica las de Valladolid (1,85%), Barcelona (3,82%), Girona (3,07%), Politécnica de Cataluña (3,00%), Alcalá de Henares (7,53%) y UNED (0,89%). Pero hay cuatro -Zaragoza (2,73%), Burgos (2,45%), León (2,67%) y Salamanca (0,22%)- que se encuentran en una situación de déficit "preocupante", ya que tienen lo que se llama "ahorro negativo". Esto quiere decir que los recursos que generan ni siquiera cubren sus gastos de personal y funcionamiento. Algunos centros (como la Politécnica de Cataluña o la de Barcelona) tienen déficit, sobre todo, porque hacen más investigación para la que no reciben suficientes recursos.

En este último aspecto es en el que más financiación hace falta, sobre todo para el mantenimiento de los proyectos. Las universidades públicas ingresan 1.100 millones de euros (según datos de 2006) por la actividad investigadora que realizan.

También hay muchas diferencias entre comunidades en el gasto por alumno. Pero en este análisis hay que tener en cuenta que hay autonomías con muchas universidades (como Madrid o Cataluña) y otras con una. La media de España es de 5.709 euros por estudiante. La que más se gasta es Navarra (8.200 euros por estudiante) en 2006, seguida de Cantabria (6.800), Cataluña, Aragón y País Vasco (6.700, todas ellas). Las que menos, Extremadura (4.300), Baleares (4.800), Andalucía (4.900) y Galicia (4.900).

Si la racionalización de la oferta de carreras debería ir acompañada de un considerable aumento de las becas de movilidad, qué decir de los másteres. Si además tienen que ser a precios públicos, como demandan los alumnos para que no se discrimine a los que tengan menos recursos económicos, (esto es, que cueste como un curso de un Grado), difícilmente el sistema podrá asumir una oferta elevada. También hay que tener en cuenta que en los Grados puede haber un centenar de alumnos, pero los másteres no contarán con más de 40 o 50, lo que hace aún menos rentable su mantenimiento.

Los datos que maneja Hernández Armenteros revelan que se tiende a ofrecer un máster por cada dos títulos de Grado, lo que es insostenible en el tiempo, apuntan todos los expertos consultados, y los propios datos. Calero expone un razonable análisis de la situación que se avecina: "No pueden costar lo mismo todos. Hay tres tipos: los que se necesita realizar para hacer luego un doctorado, que ya prácticamente no se pagan (porque los alumnos están becados y tienen contratos con la universidad que les eximen de ello); luego están los que son obligatorios para ejercer una profesión (el de profesor de instituto, las ingenierías que se denominaban superiores que pasan a ser másteres o el necesario para ejercer como abogado), que deben tener precios públicos, como el de un curso de Grado, y finalmente están los de adquisición de conocimientos. "Es absurdo hacer estos últimos antes de ejercer una profesión, y pueden tener precios muy diferentes, según de qué se trate".

Este experto concluye echando abajo un mito: que no se va a encontrar trabajo sin un máster. "No es verdad. El título de Grado es suficiente para salir al mercado. Sólo hay que hacer un máster cuando tiene sentido ampliar conocimientos cuando se tiene muy claro en qué se necesitan más conocimientos".