La reforma imprecisa

La patronal CEOE, sus economistas propios o asociados y el PP han convertido la reforma del mercado de trabajo, es decir, la flexibilización de los contratos y el abaratamiento del despido, en una de las condiciones irrenunciables para superar la recesión y recuperar la creación de empleo. A pesar de la angustiosa "urgencia" en cambiar el mercado laboral y de la insistencia con que se plantea el dilema trágico "o reforma laboral o depresión", lo cierto es que los portaestandartes del cambio en la contratación se han limitado hasta ahora a declaraciones genéricas y han evitado precisar cómo debería ser ese cambio normativo en la contratación que haría crecer significativamente la ocupación. Que se sepa, sólo se conoce una propuesta articulada, la del conocido como Grupo de los 100, entre cuyos firmantes aparece el secretario de Estado de Economía, que defiende un modelo de contrato único estable con una indemnización por despido proporcional al periodo trabajado.

Quienes claman por un mercado "más flexible" argumentan que el alarmante crecimiento del paro en España se explica no sólo por la destrucción de empleo, sino por la resistencia de los empresarios a realizar nuevas contrataciones. Se supone que esa resistencia, a su vez, se explicaría por los costes de indemnización o por las dificultades legales para deshacer los contratos. Sin embargo, no está demostrada la relación entre rigidez laboral y crecimiento desbocado del paro. En primer lugar, porque gran parte del empleo destruido es contratación temporal, cuyo coste de indemnización es ridículamente bajo. El gobernador del Banco de España defiende, con razón, que un modelo de contrato fijo con costes de despido flexibles evitaría el aumento abrumador de los despidos. Y en segundo lugar, porque la contratación está más relacionada con la intensidad de la actividad económica que con cualquier otra circunstancia legal. Mientras la economía española crecía a tasas superiores al 3% y las expectativas de beneficios se consideraban inacabables, las empresas contrataban sin invocar restricción normativa alguna.

Pero existe otra razón de estricta justicia. Una reforma de la contratación debe discutirse y aplicarse cuando pueda beneficiar a todos los agentes sociales, a empresarios y trabajadores en la proporción correspondiente. En estos momentos, una reforma laboral sólo tendría como efecto abaratar el coste del despido, pero por las razones expuestas no causaría aumento en la contratación. Ésta es la razón, si se quiere política, por la cual es oportuno esperar a que la economía española recupere elevadas tasas de crecimiento antes de pactar una reforma laboral. Y para eso es imprescindible que se restablezca la plena operatividad del sistema financiero, es decir, que los balances de bancos y cajas les permitan recuperar el flujo de préstamos como fuente de negocio.

Dicho lo anterior, también es cierto que la economía española no puede permitirse el lujo de operar con un mercado de trabajo dual, con un grupo de trabajadores acorazados y una mayoría de jóvenes con salarios ridículos y derechos prácticamente nulos. Cualquier reforma que se proponga debe tener como objetivo principal acabar con esa dualidad acabando con la contratación precaria. Pero en ese punto la cooperación de los reformistas más estruendosos es bien poco probable.