El extraño caso del trapense de Argel

Del padre Armad Veilleux emana la satisfacción del que ha ganado una batalla aunque sabe que le queda aún toda una guerra por delante. Ocho años ha tardado en conseguir este monje cisterciense trapense, abad del monasterio de Nuestra Señora de Scourmont, en Bélgica, que la justicia francesa acepte, por fin, abrir una investigación sobre una tragedia que ha marcado su vida.

La veintena de hombres armados que, en la noche del 26 al 27 de marzo de 1996, irrumpieron en la aldea de Tibéhirine, a un centenar de kilómetros al sur de Argel, no fueron discretos. Armaron un buen jaleo mientras secuestraban a los siete monjes franceses que regentaban el monasterio cisterciense que domina el caserío. Con sus rehenes, se alejaron por la carretera, salpicada de patrullas militares, y no se dirigieron hacia la montaña, atestada de islamistas radicales, según relataron años después algunos lugareños.

"Desde el primer momento sospeché de la versión oficial que achacaba la matanza al odio hacia le fe cristiana", asegura el abad de Scourmont

La fiscalía de París ordenó la apertura de una investigación por asesinato. Su desarrollo y un posible juicio pueden enrarecer la relación entre Argel y París

Pese a que vivían en plena Mitidja, la región más azotada por el terrorismo, los cistercienses no temían ser secuestrados. Estaban allí instalados desde 1934, eran respetados y queridos por una población a la que ayudaban, y hasta un jefecillo islamista local, Sayah Attia, les garantizó, el día de Navidad de 1993, su seguridad a cambio de que renunciaran a evangelizar a sus vecinos. El hermano Luc, de 82 años, que llevaba el dispensario, debía además atender a los activistas que requirieran sus cuidados.

Porque se sienten seguros tras concluir este aman (pacto de honor) con Attia o porque, explican, quieren compartir el sufrimiento de una población aterrorizada por la violencia que impera en la zona, los monjes declinan todas las ofertas de las autoridades para marcharse de Tibéhirine. Sólo aceptarán que se les instale un teléfono, que sus visitantes terroristas utilizarán un par de veces, y que, curiosamente, no funcionó la noche en la que fueron apresados.

Al cumplirse un mes del secuestro, un comunicado firmado por Jamel Zituni, el emir de los Grupos Islamistas Armados (GIA), la rama terrorista más extremista, lo reivindica. Ofrece a Francia liberarlos a cambio de la excarcelación de islamistas. Pero tres semanas más tarde, el 21 de mayo de 1996, el emir anuncia la "ejecución" de sus rehenes. Diez días después, el Ejército argelino confirmará que ha encontrado en Blida las cabezas -nunca localizó los cuerpos- de los monjes.

"Desde el primer momento sospeché de esta versión oficial" que achacaba el asesinato "al odio de la fe cristiana", afirma a este periódico el padre Veilleux, que ostenta la nacionalidad norteamericana y canadiense, y que en aquellos meses de 1996 se desplazaba de Roma a Argel. Veilleux, que ahora ha cumplido los 66 años, era entonces procurador general de la orden cisterciense trapense a la que pertenecían los monjes.

El procurador general se convirtió entonces en una mezcla de detective y agitador, que escribía artículos en la prensa poniendo en duda el relato de las autoridades argelinas y francesas. Primero se hace preguntas sobre cómo el tal Zituni, un vendedor de pollos semianalfabeto, pudo redactar esos comunicados, y recuerda que abundan las denuncias de que este jefe terrorista trabajaba en realidad para la Seguridad Militar (SM). No se explica tampoco Veilleux que, a diferencia de lo sucedido, por ejemplo, a dos agustinas españolas, asesinadas en plena calle en 1994, el GIA tardase casi dos meses en matar a sus rehenes.

Más tarde, ya en esta década surgen tres testimonios que avalan las sospechas del procurador cisterciense. El primero emana de Alí Benhadjar, un ex responsable de los GIA que operaba en la Mitidja y que se escindió, en 1996, con un puñado de hombres con los que abandonó la lucha armada. Su relato avala la implicación de los servicios secretos argelinos y franceses en el secuestro. Después, dos militares disidentes, los capitanes Hacine Ougenoune y Abdelkader Tigha, aportaron más datos sobre el itinerario de los rehenes, que transitaron incluso por un centro de la SM en Blida.

Con éstos y otros elementos, Veilleux ha elaborado una hipótesis. Zituni actuó por cuenta de la SM, que, al cabo de unos días, tenía la intención de liberar sanos y salvos a los monjes y devolverles a Francia o instalarles en la nunciatura en Argel. Pero en aquella Argelia convulsa de mediados de los noventa, otro cacique islamista, Abu Mosaab, que no era un agente infiltrado, le robó su botín humano. Cuando Zituni intentó recuperarles, murió en una emboscada tendida por una tercera facción islamista. El Ejército tampoco logró rescatarles.

¿Qué pretendían las autoridades argelinas organizando el secuestro de los trapenses? Además de desalojar de Tibéhirine a unos testigos incómodos, que brindaban una ayuda esporádica a sus visitantes islamistas, Argelia, azotada por el terrorismo y aislada internacionalmente, buscaba, según Veilleux, estrechar relaciones con una Francia que le regateaba su apoyo.

"Sospecho que Argel pretendía demostrar a París que todos, magrebíes y franceses, podían ser golpeados por la violencia islamista y debían, por tanto, ayudarse mutuamente", sostiene el abad. Tres años antes, ya lo intentó una primera vez con el extraño secuestro de tres empleados del Consulado de Francia en Argel que fueron liberados sanos y salvos.

Veilleux siempre se quejó de que, a diferencia de otros casos similares, el Estado francés nunca abrió una investigación sobre la muerte de sus religiosos. A principios de diciembre puso, junto con la familia del más joven de los monjes de Tibéhirine, una denuncia por asesinato. Frente al arzobispo de Argel, monseñor Tessier, que lamenta la iniciativa, Veilleux repetía: "El respeto de la verdad y de la memoria lo exige".

En febrero, la fiscalía de París ordenaba, por fin, la apertura de una investigación por "secuestro, asesinato y asociación de malhechores", y la encargaba al juez de instrucción de delitos terroristas, Jean-Louis Bruguière. Veilleux y su abogado, Patrick Baudoin, ex presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se confesaron entonces bastante satisfechos. "Lo hubiésemos estado aún más si se le hubiese encomendado a un juez de delitos comunes, y no al especializado en terrorismo", explica el monje cisterciense, porque así se prejuzga de antemano el carácter terrorista e islamista de aquella operación. "Lo importante ahora es que el juez pueda trabajar sin interferencias diplomáticas o políticas", concluye. La investigación y, si llega a celebrarse, el juicio provocarán tensiones entre Argelia y Francia.