¡Vuelven los talibanes!

Esta vez, la alarma no la ha suscitado el avance de la milicia talibán, sino una ley recién aprobada en el Parlamento de Kabul y firmada por Hamid Karzai, el presidente de Afganistán. Si la presión de los activistas dentro y fuera de ese país no lo remedia, la entrada en vigor del nuevo Código de Familia Chií va a condonar la violación dentro del matrimonio y anular los avances legales logrados por las afganas desde el derribo del régimen talibán, hace siete años. El Gobierno de Kabul no se ha atrevido aún a publicar el texto, pero quienes han tenido acceso a ese documento acusan a Karzai de haberse vendido a los integristas.

"Partes de esa ley van en contra de los derechos fundamentales del ser humano". Lo denuncia Fawzia Koofi, diputada por la provincia de Badakhsan. Ella, como el resto de las parlamentarias afganas, se ha sentido estafada por su aprobación. El texto pasó con inusitada rapidez y sin apenas debate, lo que impidió que se introdujeran cambios. "¿Cómo ha sido posible? Pues porque la mayoría de los diputados son fundamentalistas que están en contra de los derechos básicos de las mujeres y no creen en la igualdad de género ni en los derechos humanos", asegura a través del correo electrónico. Algunos de los que levantaron la voz fueron acusados de estar contra el islam y han recibido amenazas.

"Partes de esa ley van contra los derechos fundamentales del ser humano", afirma la diputada Fawzia Koofi

La lectura de la ley que hace Koofi, como la del resto de los activistas, es demoledora. El nuevo código niega la necesidad de consentimiento para las relaciones sexuales dentro del matrimonio, aprueba implícitamente las bodas infantiles y establece que las mujeres necesitan permiso de sus padres o maridos para estudiar, trabajar o acudir al médico. A las afganas, les suena familiar: aún no han olvidado las restricciones que sufrieron durante el régimen talibán (1996-2001), cuando no podían salir a la calle sin la compañía de un hombre de la familia.

"Es un insulto a las mujeres y a los derechos humanos", manifiesta por su parte Aziz Rafiee, director del Foro para la Sociedad Civil Afgana. En su opinión, "todo es política". A nadie se le escapa la precaria situación en la que se encuentra Karzai de cara a las elecciones del próximo mes de agosto en Afganistán. De ahí que el presidente busque votos en todos los rincones del país, incluso entre los más retrógrados de cada comunidad.

Los chiíes representan casi una quinta parte de la población y la Constitución les otorga el derecho a tener un código de familia específico basado en la jurisprudencia de esa rama del islam. No obstante, la ley llevaba olvidada más de un año cuando el Gobierno la presentó en el Parlamento, justo en medio del debate constitucional sobre la legalidad de que el presidente extendiera su mandato -que concluye el 21 de mayo- hasta la fecha de los comicios.

Tanto los clérigos del poderoso Consejo de Ulemas chiíes, como los dirigentes hazaras (el grupo étnico al que pertenecen la mayoría de los chiíes afganos) llevaban tiempo reclamando la ley. Sacarla adelante constituye un guiño a quienes van a orientar el voto de esa comunidad, que suma el mayor número de indecisos ante las elecciones presidenciales.

Con todo, no deja de ser paradójico que la nueva ley haya sido promovida por los líderes políticos y religiosos de los hazaras. Los talibanes, extremistas suníes, consideran herejes a los chiíes y durante su gobierno se ensañaron con esa comunidad. Pero en lo que respecta a los derechos de la mujer, el peso de siglos de patriarcado parece unir a todos los fundamentalistas, sean del signo que sean.

"La mayoría de los hazaras no son conscientes del daño que puede hacerles este código, porque es la primera vez que vamos a contar con uno", se lamenta Sima Samar, presidenta de la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos y ex ministra de Asuntos de la Mujer. Samar, que fue la primera mujer hazara en obtener el título de médico en la Universidad de Kabul, declara a este periódico que la ley debe cambiarse.

Afganistán sigue siendo un país patriarcal y los avances varían mucho en función del nivel socio-económico, la exposición al exterior, la comunidad étnico-cultural de origen y si se vive en núcleos urbanos o rurales.

A pesar de ello, la nueva Constitución, aprobada en 2004, consagró la igualdad de derechos de las mujeres. "Y ahora la nueva ley ni siquiera les permite maquillarse sin permiso del marido", se queja Koofi, la diputada, poniendo de relieve lo peligroso de la situación. Aunque el código sea específico para una de las comunidades religiosas, sienta un precedente a favor de los sectores más conservadores.

Pese al sigilo con el que ha procedido, Karzai no se ha librado de las críticas. Durante la conferencia sobre Afganistán celebrada en La Haya el martes pasado, los ministros de Exteriores escandinavos le preguntaron por el artículo de The Guardian en el que se revelaba su visto bueno a la ley. También la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, dejó claro el malestar de su país. "Es un asunto de gran preocupación para Estados Unidos. Mi mensaje es muy claro. Los derechos de las mujeres son una parte fundamental de la política exterior de la Administración Obama", declaró Clinton.

Resulta difícil calibrar qué peso puedan tener estas presiones. Hace tiempo que Hamid Karzai perdió el apoyo incondicional de Washington, y por extensión, de Occidente en general. Además, cualquier exigencia para modificar una ley sería vista en Afganistán como una injerencia intolerable en un país soberano. -