Otras memorias: Chile, Uruguay, Argentina

Franco murió en la cama en noviembre de 1975 y tras su muerte nadie habló de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, ni se celebraron juicios contra los supuestos verdugos o responsables de esos actos violentos. En los países del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, las comisiones de la verdad y los informes sobre violaciones de los derechos humanos tuvieron, sin embargo, un carácter fundacional para el proceso de reconstrucción de la democracia y de la memoria colectiva. Hay quienes creen que esa ausencia de verdad oficial ha marcado la democracia española en contraste con las democracias que sucedieron a las dictaduras militares en los países del Cono Sur. Pero las cosas no son tan simples.

Frente al olvido e indiferencia hacia el terror organizado sólo caben políticas públicas de memoria

La dictadura de Franco se levantó sobre las cenizas de una guerra civil que había dejado a la sociedad española rota, dividida y con grandes grietas. Duró casi cuarenta años. Los golpes militares en Uruguay (27 de junio de 1973), Chile (11 de septiembre de 1973) y Argentina (24 de marzo de 1976) no provocaron guerras civiles, y las dictaduras duraron muchísimo menos: doce años en Uruguay, siete en Argentina y casi diecisiete en Chile. Una dictadura de cuarenta años tuvo que condicionar necesariamente mucho más el periodo de transición desde el autoritarismo a la democracia. Y eso puede aplicarse también a las políticas públicas de la memoria para gestionar desde las democracias los pasados de tortura y muerte.

Argentina fue el único país donde hubo un juicio militar a los golpistas, iniciado en abril de 1985, el símbolo de la derrota política de los ex comandantes, de la subordinación a la autoridad civil. En Chile, una democracia bajo la vigilancia y el corsé impuesto por el viejo dictador Pinochet no pudo derogar la amnistía que se habían concedido los propios militares antes de dejar el poder. En Uruguay, un referéndum con alta participación popular ratificó en abril de 1989 con una mayoría significativa la amnistía, la Ley de Caducidad que cubría los actos delictivos cometidos por las fuerzas armadas. Y en España, la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, aprobada ya por un Parlamento salido de unas elecciones democráticas, impedía juzgar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos desde las instituciones del Estado franquista.

Las cuatro sociedades están hoy divididas sobre esos pasados represivos porque a ninguna de esas dictaduras le faltó el apoyo, la adhesión y la conformidad de los poderes financieros y económicos, de la jerarquía de la Iglesia católica y, lo que parece más relevante para el tema que nos ocupa, de amplios sectores de la población.

Frente al olvido e indiferencia hacia ese terror organizado, que dejó en todos los casos un buen saldo de brutalidad y degradación del Estado, sólo caben políticas públicas de memoria basadas en archivos, museos y educación, un asunto en el que Argentina ha marcado también el camino. Los Estados democráticos deben recopilar y preservar los documentos y testimonios de los periodos dictatoriales. Todo eso, por otro lado, tiene que difundirse y ponerse a disposición de investigadores e instituciones interesadas. Y hay que enseñar, además, esa historia reciente y transmitir a los más jóvenes valores de tolerancia y libertad. No se trata sólo de crear tribunales para juzgar la historia, sino de intentar comprender y explicar qué ocurrió. Como dejó escrito el padre Luis Pérez de Aguirre en su Memoria de los detenidos desaparecidos en Uruguay: "No se recuerda, no se juzga el pasado sólo para castigar o condenar, sino para aprender".

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.