"Había una trama para matarme en Guatemala"

Logró sentar en el banquillo a Jesús Gil, el todopoderoso presidente del Atlético de Madrid y luego alcalde de Marbella, en lo que representó la primera batalla jurídica contra la corrupción. Impulsó el proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Intervino decisivamente en el procesamiento del presidente guatemalteco Alfonso Portillo por corrupción. Ha sido el azote de corruptos y narcotraficantes. Y durante los últimos tres años ha sido jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Inició una investigación que hace unos días culminó con la detención en Madrid de Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación, por su presunta implicación en la ejecución extrajudicial de siete presos. Hace un par de meses dejó el cargo y volvió a España, donde ocupa una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La campaña de acoso y derribo desatada contra él, así como el serio riesgo que corría su vida, fueron el desencadenante de su regreso.

"En la opinión pública española hay una excesiva tolerancia con la corrupción, que es el cáncer del sistema democrático"

"Tengo un documento que se incautó a unos grupos clandestinos que decía que yo era incorruptible, lo cual les agradezco"

Carlos Castresana Fernández (Madrid, 1957) cree que Guatemala está muy mal, pero que si se organiza debidamente, tiene salvación y no es un país condenado a convertirse en un Estado fallido. Cuando él llegó allí en 2007 era el flamante comisionado designado por la ONU, pero no tenía personal, ni sede, ni presupuesto, ni infraestructura. Sus primeros meses de mandato los tuvo que dedicar a poner aquello en pie.

Cuando aterrizó de lleno, se dio cuenta de que la situación era peor de lo que él mismo creía: había una corrupción endémica, una situación casi de colapso del sistema de seguridad y justicia, de forma tal que el 98% de los delitos quedaban impunes. No solo las instituciones eran ineficientes, sino que estaban infiltradas y domeñadas por estructuras criminales muy poderosas que las impedían funcionar.

En el año 1996, tras los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala, los grupos que hasta entonces habían estado envueltos en la violación de derechos humanos, en el tráfico de armas o de drogas deciden apoderarse de la policía y la judicatura para garantizarse su impunidad. Esos grupos, explica hoy Castresana, vienen a decir: "Pongamos nosotros a nuestros peones dentro del sistema judicial para asegurarnos de que ninguna acción que pueda dirigirse contra nosotros pueda prosperar". Esa infiltración, diseñada y continuada sin oposición durante una década, afectaba al tejido estatal. Y en esa tesitura aterrizó el paracaidista Castresana, con la misión de poner orden.

-Lo primero que hice fue limpiar la Policía Nacional Civil, la fiscalía general y el organismo judicial. Con la dificultad de que remover a los jueces era más difícil porque la presidencia de la República no podía incidir en ese sistema. En el primer año contribuimos a la destitución del director y subdirector de la policía, que estaban involucrados en la estructura de corrupción. En 2009 metimos en la cárcel a los siguientes directores de la policía por narcotráfico. La policía era la institución que estaba peor. Comprobamos con hechos que toda la cúpula del ministerio fiscal estaba involucrada y el propio fiscal era incapaz de hacer frente a la impunidad. Por eso me fui a ver al presidente de la República y le pedí que lo destituyera. Así, en julio de 2009 fue destituido el fiscal Juan Luis Florido y fue nombrado otro fiscal general, que pidió la renuncia de todos los jefes de las fiscalías más importantes, a la vez que se creaba la fiscalía especial de la CICIG.

-¿Y la judicatura?

-En octubre de 2009 aprovechamos la renovación de la Corte Suprema y conseguimos que tres magistrados fueran removidos después de ser electos y que otros tres no llegaran a ser electos. Eso tuvo unos efectos muy benéficos: fue un mensaje muy claro para el resto de los jueces ordinarios, que pensaron que si la comisión internacional era capaz de remover magistrados de la Corte Suprema, podrían remover a cualquiera. Y hubo un cambio de actitud.

-Su pelea por el nombramiento de jueces y fiscales limpios en Guatemala fue una constante durante su mandato. Otra de estas batalla fue el caso del fiscal general Conrado Reyes, ¿no?

-Lo que sucedió es que el presidente de la República, Álvaro Colom, nombró inopinadamente en 2010 a una persona que claramente era no idónea. En una semana tuvimos las evidencias de que estaba abriendo la puerta a los sectores más corruptos y algunos vinculados al crimen organizado. Ese fue uno de los detonantes de mi renuncia porque yo le había pedido al presidente reiteradamente que no nombrase a esta persona. Después de nombrarla, le pedí con mucha contundencia que le destituyera. El presidente nunca le destituyó. En esas condiciones, yo no podía seguir trabajando porque mi contraparte principal era el fiscal general. Afortunadamente, mi renuncia sirvió como revulsivo y tres días después la Corte de Constitucionalidad destituyó a Reyes.

Otro asunto en el que Castresana intervino decisivamente fue en el arresto de Alfonso Portillo, presidente de Guatemala entre 2000 y 2004. Para ello tuvo que conseguir que la fiscalía federal de Manhattan (Estados Unidos) le acusara de lavado de dinero. "Eso supuso un cambio histórico en la percepción que en Guatemala había sobre la administración de justicia", recuerda el fiscal español con orgullo. "Permitió a los guatemaltecos albergar la esperanza de que el sistema de justicia funcione al demostrar que no hay nadie por encima de la ley. Ese era un mensaje que Guatemala necesitaba. Después, el embajador de Guatemala dijo que la CICIG había enseñado a los guatemaltecos qué hizo ganar las presidenciales a Obama: Yes, we can, sí se puede".

El fiscal pudo comprobar el altísimo índice de criminalidad que padece el país centroamericano. No solo por la delincuencia común tradicional, sino por las maras, que son auténticos ejércitos con miles de miembros, menores de edad, que no tienen ningún respeto por la vida, junto con las bandas de crimen organizado locales y transnacionales.

Lo sabe bien Castresana, que explica: "El fenómeno delictivo es desbordante y la capacidad del Estado ha quedado rebasada. En ese contexto fue cuando Guatemala acudió a la ONU y le pidió ayuda a la vista de que el resultado de sus tribunales era tan escuálido como que el 98% de los delitos quedaban impunes. Después de 36 años de guerra civil, se estima que hay 300.000 armas de fuego en circulación fuera de control. Es una situación explosiva".

Pero ahí no acaban los acuciantes problemas del país, azotado por lo que se conoce como limpieza social: la manera brutal y despiadada de eliminar a prostitutas, toxicómanos, niños de calle, jóvenes miembros de las maras...

"Hubo un repunte entre 2004 y 2005 muy importante. Pero esto se producía y se sigue produciendo. Donde el sistema de justicia no funciona, la tentación es tomarse la justicia por propia mano. Y hay un sector muy importante de la sociedad guatemalteca que todavía hoy bendice esa clase de acciones y dice: como el delincuente va a ser absuelto, mejor matémosle y así nos ahorramos el juicio y nos aseguramos de que no vuelve a hacer daño. Así se elimina a personas consideradas dispensables en ese contexto aberrante".

Esa especie de escuadrones de la muerte han existido durante todos los Gobiernos desde la firma de los acuerdos de paz... y los sigue habiendo con el actual presidente, Colom, según Castresana. Como tampoco se aprecia una disminución en esa terrible tragedia que supone el asesinato de mujeres (un promedio de 700 cada año), víctimas de la violencia de género.

-Esa labor suya de limpieza no sería pacífica... Supongo que usted y sus colaboradores sufrirían amenazas. ¿En algún momento temió por su integridad?

-En algún momento se computaron hasta 60 incidentes de seguridad de relevancia, aunque ninguno fatal. Lo importante es resaltar la acumulación de los adversarios de la CICIG. Cuando nosotros llegamos, creían que nos íbamos a dedicar a hacer estadísticas, informes... Pero vieron que estábamos atacando las estructuras criminales. En el último año hicimos 150 capturas de personajes de primer nivel: un ex presidente de la República, un ministro de Defensa, un ministro de Finanzas, cuatro ministros de Gobernación, dos directores generales de la policía, dos fiscales generales, tres magistrados de la Corte Suprema... El éxito en esas investigaciones nos dio un apoyo popular, pero también una acumulación creciente de enemigos en los partidos y los poderes fácticos. Yo llegué a ser un personaje con demasiada controversia y consideré que mi tarea estaba cumplida y que ayudaba a Naciones Unidas y a Guatemala mejor fuera que dentro. Me granjeé demasiadas animadversiones en los tres poderes del Estado y mi presencia era más un estorbo que una figura útil. No me habría granjeado tantos enemigos si me hubiera dedicado a hacer estadísticas; los malos habrían estado muy contentos.

-¿Se sintió usted en peligro?

-Sí. En mi última etapa, mi jefe de seguridad llegó a pedirme que saliera del país y dirigiera la comisión fuera de Guatemala. Había una incipiente organización de un atentado que habría culminado con un intento de matarme. Había una trama constituida para matarme.

-Durante su mandato hubo quienes le acusaron de cobrar un sueldo de 25.000 dólares al mes, además de mantener unas relaciones adúlteras con una abogada jamaicana que estaba a sus órdenes y a la que había colocado.

-Eso era parte del guión de una campaña de desprestigio. El problema es que esta campaña de desgaste no tenía casi respuesta por parte de quien debería haber defendido institucionalmente a la CICIG. Nuestra fuerza era sobre todo moral, de manera que si te desgastan la credibilidad, pues prácticamente te desarman. La campaña fue brutal. Yo había padecido cosas parecidas en España, pero aquí eso no incidía de una manera tan significativa en el trabajo ni en los resultados. Allí, en Guatemala, llegó un momento en el que sí afectaba. Era una campaña de dos individuos de extrema derecha, pero atacaba a uno de los talones de Aquiles de la comisión de la ONU, que era su credibilidad en cuanto a la neutralidad política de sus acciones. Eso hacía inconveniente que yo siguiera.

-¿Lo de su supuesta amante tenía alguna base?

-No, ninguna. Ninguna. Pero si era materialmente imposible... Yo vivía rodeado permanentemente, durante 24 horas al día, de 16 escoltas y no tenía vida privada. Eso era tan falso como lo que se decía de que yo había contratado a alguna colega a la que le había duplicado el sueldo. Yo ni contrato ni pongo los sueldos de otros colegas, sino que los pone Naciones Unidas.

-Dice que intentaron desprestigiarle y matarle. ¿No intentaron corromperle?

-No, nunca lo intentaron. Tengo guardado un documento que se incautó a unos grupos clandestinos en el que se decía que yo era incorruptible, lo cual les agradezco. Habían pensado corromperme. Pero el documento decía literalmente: "Descartado; es incorruptible".

-¿Qué piensa de la justicia universal?

-Creo que es posible aplicar la justicia universal. Los progresos que se van haciendo se tienen que consolidar en periodos muy largos de tiempo. Hay que ser paciente y constante. Lo de Pinochet fue posible en 1998 porque estábamos en la luna de miel que discurrió desde el final de la guerra fría hasta los atentados del 11-S. Antes y después de esas fechas habría sido imposible. Desde 2001, las circunstancias han vuelto a ser adversas. Sin embargo, desde la llegada del presidente Obama empieza a revertir. Estamos algo mejor que hace unos años. Creo que la CICIG es un modelo intermedio entre la justicia estrictamente doméstica y la justicia internacional pura. La comunidad internacional, desde Naciones Unidas, puede ayudar a un Estado miembro que se encuentre en graves apuros de seguridad y justicia. Una fiscalía internacional que ayude a la fiscalía local a traer casos ante los tribunales locales está demostrándose como un remedio eficaz y no tan invasivo como la justicia puramente internacional, que implica una cierta lesión a la soberanía, al llevarse a los inculpados a La Haya.

-¿No está habiendo en España un cuestionamiento, un retroceso, en el concepto de justicia internacional?

-La justicia universal ha sido restringida de manera indebida. Una cosa es que la administración de los casos debería haber sido más prudente en ocasiones. Pero la justicia universal es universal por definición, de manera que reducirla a la existencia de víctimas de nacionalidad española significa negar su sustancia. Yo creo que es mucho más valorado desde el exterior que desde España el aporte que España ha hecho a la justicia internacional desde el caso Pinochet en adelante. El precedente es admirado y reconocido, y yo soy mucho más conocido fuera de España que dentro. Espero todavía que, al menos por jurisprudencia, se pueda rectificar esa tendencia y que los casos que están vivos, que algunos son muy importantes, sigan adelante y seamos una referencia de la justicia del siglo XXI.

Castresana fue pionero en la lucha contra la corrupción en España. Ahora que ha vuelto a casa, después de tres años de ausencia, se ha encontrado con asuntos como el caso Malaya, el caso Gürtel y otros que salpican a políticos e instituciones.

-Viniendo desde fuera se percibe en la vida pública una crispación que no está justificada. El país no está tan mal. No hay más que comparar con América Latina, donde hay pobreza extrema, falta de futuro... En España no hay nada de eso. Hay crisis económica y problemas políticos, sí, pero eso no justifica tanta crispación. En la lucha contra la corrupción se ha mejorado. Desde que yo estaba en la fiscalía anticorrupción se han producido avances: todos a los que yo infructuosamente acusé en Marbella, como pionero en este tema, están en la cárcel multiprocesados. Pero en la opinión pública percibo una excesiva tolerancia con la corrupción, que es el cáncer de cualquier sistema democrático. Los ciudadanos deben castigar a sus gobernantes en las urnas, pero no percibo que eso se esté produciendo. Más bien al contrario: mientras los servicios públicos funcionen bien, la conducta de los gobernantes se tolera con un nivel de aceptación que no es el procedente.

-¿Qué se puede hacer?

-Yo creo que hay que hacer pedagogía y decirles a los ciudadanos: ustedes son los dueños, los políticos son solo gestores, y no pueden tolerar esa clase de conducta. ¿Queremos parecernos a una república bananera o a un Estado de derecho donde los bolsillos de los gobernantes son de cristal? Yo creo que tenemos que aspirar a que los bolsillos de los gobernantes sean de cristal.