UE-Marruecos, hacia la prosperidad compartida

El lunes 14 de diciembre finalizaron los trabajos técnicos que permitirán, con la aprobación de las Instituciones Europeas, la celebración del acuerdo UE-Marruecos para el comercio bilateral de productos de los sectores agrario y pesquero, renovando con ello el acuerdo suscrito en el año 2003. Esta firma ha suscitado opiniones y comentarios que es necesario poner en su contexto, desligándola de cuestiones ajenas al propio acuerdo y valorando convenientemente sus implicaciones económicas, políticas y sociales.

La historia nos confirma la permanencia de las relaciones entre ambas riberas del Mediterráneo, en las que España ha mantenido siempre un papel destacado, que se conserva en los tiempos modernos. De hecho, España fue el principal impulsor del Proceso de Barcelona de 1995 que dio lugar, entre otros, al acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y el Reino de Marruecos.

Aunque el acuerdo trata sobre comercio bilateral agroalimentario, sus implicaciones son mayores

La UE y España tienen en el acuerdo con Marruecos intereses geoestratégicos, políticos y económicos

Hace casi 15 años de la primera Conferencia Euromediterránea, que inició una nueva forma de entender las relaciones regionales y proponía un cambio decisivo en el marco multilateral de relaciones entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo sur. Parece evidente que los objetivos de entonces, crear un espacio común de paz, estabilidad y desarrollo de los aspectos humanos y la comprensión entre culturas, son plenamente actuales.

Es en el marco de estas relaciones que se modifica el acuerdo anterior, tendente a la liberalización, en ambos sentidos y de forma gradual durante los próximos 10 años, de las relaciones comerciales agroalimentarias, manteniendo los mismos conceptos de control de entradas, contingentes, calendarios y precios. Además, se contemplan disposiciones sobre aspectos sanitarios y fitosanitarios, y el inicio de negociaciones en torno a la protección de las indicaciones de calidad. Asimismo, conserva la protección adicional sobre productos sensibles, siguiendo las solicitudes del Gobierno español.

Si bien este acuerdo trata sobre el comercio bilateral de productos agroalimentarios, sus implicaciones van más allá del sector primario y de su industria. Económicamente, refuerza las ventajas mutuas de la cooperación agroalimentaria entre los países de la cuenca mediterránea. La balanza comercial global bilateral, netamente positiva, aporta a la Unión Europea unos ingresos por un valor casi doble que el de las importaciones.

Además, la UE, y en particular España, con una fuerte implantación sobre el terreno, se encuentra en posición de suministrar elementos de alto valor añadido a las producciones marroquíes, como insumos, logística o gestión de mercados. Igualmente permitirá potenciar la exportación de productos agroalimentarios de calidad e, incluso, aprovechar el potencial acceso preferente a mercados de países terceros, como el de Estados Unidos.

Estamos hablando, y ya entramos en implicaciones sociopolíticas y económicas, de un mercado creciente, potencial importador de bienes de equipo y productos elaborados, con una población joven en aumento y unas instituciones que regulan la emigración, reduciendo los efectos dramáticos de los desplazamientos clandestinos y que mantienen alejada la amenaza del integrismo violento.

En definitiva, en este acuerdo, la Unión Europea y España han tenido intereses directos, tanto de carácter geoestratégico como de alcance político, económico general y del sector agroalimentario.

En cuanto a las ineludibles concesiones, es necesario colocarlas en sus justos términos. Ya se ha hecho referencia a la gradualidad y prudencia de la apertura de mercados, sobre las que hay que garantizar un estricto respeto a las condiciones pactadas, especialmente en cantidades y precios. La Comisión Europea, España y otros países de recepción de los productos marroquíes se han comprometido a un adecuado control y vigilancia.

No se puede dejar de incidir, en este momento, en un aspecto fundamental para las producciones europeas: la reciprocidad. Es fundamental que la libre concurrencia sea acompañada de unas garantías en sanidad animal y vegetal, así como de calidad en su término más amplio. Se trata de definir unas reglas de juego iguales para todos que satisfagan las demandas del ciudadano europeo. El mercado de la Unión Europea es, sin duda, un objetivo a alcanzar, pero al mismo tiempo que sus bondades, tiene sus exigencias. Para entrar en él hay que aceptar sus normas de seguridad alimentaria, pero también sus reglas sociales y ambientales.

En todo caso, es preciso fijar la referencia de competitividad del sector hortícola de producción intensiva, el más dinámico de la exportación española. La referencia no debe ser la producción de nuestros vecinos del sur, sino el sector productivo de Holanda y otros países centroeuropeos. Estos países, que percibían a España como su amenaza del sur en el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea, han hecho un esfuerzo de inversión importante los últimos años, con el resultado de una mejora patente de su competitividad, calidad y eficiencia energética. Por todo ello, hay que continuar con el esfuerzo en presentación, calidad, precio y sostenibilidad de las producciones españolas.

Si el sector está dispuesto a asumir este reto, el Gobierno está dispuesto a apoyarlo, con financiación, formación y apoyo al I+D. En colaboración con las comunidades autónomas, se va a seguir trabajando con el sector agroalimentario para mejorar su competitividad, gracias a una política agraria común fuerte, inversiones públicas eficaces, facilitación del acceso al crédito, programas de promoción y acciones para la vertebración y la transparencia en la cadena alimentaria.

Nos encontramos, por tanto, ante un acuerdo necesario, que forma parte de una liberalización progresiva de las relaciones con Marruecos que tienden, inevitablemente, hacia una zona de prosperidad compartida, que España apoyará bajo las premisas de reciprocidad, solidaridad, colaboración y codesarrollo.

Josep Puxeu es secretario de Estado de Medio Rural y Diego López Garrido es secretario de Estado para las Relaciones con la Unión Europea.