El concierto económico vasco mantiene el principio de solidaridad

Hoy se firmará en Madrid el concierto económico entre el Estado y el País Vasco. Las líneas básicas que han presidido la negociación de este concierto, según manifestaron fuentes autorizadas del Ministerio de Hacienda a EL PAIS, se resumen en tres puntos. Conseguir y mantener el principio de solidaridad entre los pueblos que componen el Estado español, evitar que se produjesen distorsiones económicas como consecuencia del concierto y mantener la idea de redistribución de la renta y la riqueza en todo el territorio español.El concierto supone, fundamentalmente, la sustitución de la Hacienda del Estado por la autónoma en el ámbito del País Vasco. Las competencias fundamentales que se han cedido a este efecto han sido las de gestión, inspección y recaudación de todos los tributos, con excepción de los percibidos por aduanas, los gestionados mediante los monopolios y la imposición sobre alcoholes.

Como contrapartida a estas cesiones de recaudar impuestos esta tales se imponen unos cupos a la comunidad autónoma vasca, que se elevarán a 116.979 millones de pesetas por el año 1979, de los que 38.596 habrán de ser ingresados en tres plazos en el Tesoro del Estado mientras que los 78.383 millones restantes serán las compensaciones que son la parte proporcional a los ingresos que ha obtenido el Estado y que no se correspondían con actividades concertadas.

La vigencia del concierto terminará el 31 de diciembre del año 2001, habrá de ser renegociado cada cinco años y su rango es de ley, por lo que habrá de ser aprobado por el Parlamento español.Según medios oficiales, las negociaciones se han desarrollado a espaldas de los condicionamientos políticos.

El empeño de las partes ha sido mantener el principio de territorialidad, y a él se refieren todas las competencias normativas de la Hacienda vasca.

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