La Guardia Civil interroga a otro empresario por el pago del chantaje

La madeja en la que se ha convertido la investigación del pago del denominado impuesto revolucionario a la organización terrorista ETA en la Audiencia Nacional arroja a veces sorpresas y contrasentidos. Por ejemplo ayer, cuando la Guardia Civil detuvo para interrogarle a un histórico empresario vasco, Jesús Guibert Azkue, de 81 años, en relación con supuestos pagos realizados a ETA.

Jainaga y Guibert declararán en los próximos días en la Audiencia Nacional

Es el mismo empresario que en marzo de 1983, cuando era gerente de la empresa siderúrgica guipuzcoana Marcial Ucín, fue secuestrado durante 17 días por el grupo terrorista de ultraizquierda Comandos Autónomos Anticapitalistas, el mismo grupo que asesinó a balazos un año después en su domicilio donostiarra al senador socialista vasco Enrique Casas.

El caso del octogenario Guibert es muy similar al de José Antonio Jainaga, consejero delegado de la acería vasca Sidenor, que la víspera estuvo declarando durante varias horas ante los agentes del instituto armado enviados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado del desmadejar el ovillo del chantaje terrorista. La Guardia Civil investiga el pago de 90.000 euros por parte de Sidenor a ETA. En el caso de Guibert, no ha trascendido a cuánto ascienden los posibles pagos que puede haber efectuado a la organización terrorista. Los agentes buscaban ayer en su domicilio, situado en una zona céntrica de San Sebastián, las posibles cartas de ETA en la que se le exigiría el pago del chantaje terrorista.

En ambos casos, la información que ha servido para la investigación de esos supuestos pagos a ETA fue incautada en Burdeos el pasado 20 de mayo a Francisco Javier López Peña, Thierry, uno de los jefes etarras, según fuentes de la lucha antiterrorista. La orden de registro del domicilio de Guibert había sido librada la víspera, según adelantó ayer este periódico, aunque dada la avanzada edad del histórico empresario del acero vasco, la Guardia Civil evitó prolongar el interrogatorio tanto como en el caso de Jainaga, que pasó prácticamente todo el día en manos de los agentes del instituto armado.

Aunque aún no hay ninguna citación, se espera que tanto, tras la información nueva que pueda aportar la Guardia Civil al juez producto de los registros efectuados estos dos días, tanto Guibert como Jainaga declaren en los próximos días como imputados ante el magistrado que investiga en la Audiencia Nacional los pagos del chantaje etarra. La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas detenciones e interrogatorios.

En este mismo sumario, y gracias a la misma información hallada en el piso de Burdeos donde fue detenida parte de la cúpula etarra, el juez Garzón envió a mediados de junio a prisión a las hermanas Blanca y María Isabel Bruño Azpiroz acusadas de pagar "voluntariamente" a ETA un total de 6.000 euros.

Se da la circunstancia de que la familia Guibert ha sido un objetivo reiterado de los terroristas y de sus chantajes. El industrial navarro José Ignacio Guibert Azpiroz, sobrino del empresario interrogado ayer por la Guardia Civil, fue objeto en marzo de 1986 de un intento de secuestro perpetrado por tres personas en una calle céntrica de Pamplona. José Ignacio Guibert era entonces propietario de la empresa Comercial Gazpi, SA, concesionario oficial para la comunidad de Navarra de los vehículos Mercedes Benz.

Guibert, que ya no tiene capital en Marcial Ucín, pagó supuestamente 150 millones de pesetas para recuperar la libertad tras su secuestro a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. La venta de Marcial Ucín al grupo acerista Aceralia se produjo hace varios años, aunque Guibert mantiene varias empresas relacionadas con la fabricación de válvulas, las bodegas y diversos negocios inmobiliarios.